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 A pesar de la reticencia de
algunas de las principales privatizadas, Telefónica y Telecom tomaron
la posta de Repsol YPF y sumarán otros 150 millones de dólares
al “fondo solidario” que se destinará a financiar las
urgencias financieras de los estados provinciales. Fue la primera respuesta
sensible al pedido realizado a las principales firmas ibéricas
por la plana mayor del Gobierno a través de una videoconferencia.
Los recursos que aportarán las empresas, que se integrarán
como adelanto de Ganancias, se agregarán a los 500 millones prometidos
por los principales bancos, que esta misma semana adelantarán el
40 por ciento de esta cifra. Sobre 1000 millones que se proyectaron recaudar
inicialmente, ya se consiguieron 800.
Ayer por la mañana Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo y
Chrystian Colombo mantuvieron una videoconferencia, cuyo contenido fue
rigurosamente vedado a la prensa, con los representantes de las principales
firmas españolas con inversiones en el país, los presidentes
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González, de Telefónica,
César Alierta, de Endesa, Rodolfo Villa, y el de Repsol-YPF, Alfonso
Cortina, así como también el consejero delegado del Banco
Santander Central Hispano, Angel Corcostegui.
Según manifestó el vocero presidencial Juan Pablo Baylac,
el objetivo de la comunicación fue llevar tranquilidad a los españoles
sobre la continuidad de la convertibilidad y, a la vez, solicitar el aporte
para el fondo solidario que se destinará al fondo fiduciario para
el financiamiento de las provincias.
No quedó muy claro si el Gobierno logró transmitir tranquilidad
a las empresarios españoles que suman inversiones en el país
por 45.000 millones y emplean a 200 mil personas. Lo que sí resultó
evidente es que ya no se rinde examen solamente ante los organismos financieros
internacionales y los inversores de Wall Street. La comunicación
mantenida ayer podrá ser recordada como la incorporación
formal de los empresarios españoles a la mesa de los examinadores
extranjeros de los planes económicos. Y si de tranquilidad se trató,
el reclamo para aportar al fondo patriótico parece no haber caída
en saco roto. En especial por su destino. Los empresarios temen que el
desfinanciamiento de las provincias de lugar a un número creciente,
sino explosivo, de reclamos sociales y que, en un escenario semejante,
haya sectores políticos díscolos que recuerden, por ejemplo,
las ganancias extraordinarias de las privatizadas o las exenciones de
aportes patronales que todavía gozan. Además, el aporte
empresario consiste en dineros que serán recuperados, pues el fondo
se integrará con adelantos de Ganancias.
Fuentes empresarias destacaron que, tras la videoconferencia, los presidentes
de las firmas españolas dispusieron que los titulares de las filiales
argentinas de esas empresas inicien una ronda de negociaciones con el
Gobierno para acordar los aportes. La respuesta no se hizo esperar.
Los presidentes locales de Telefónica, Carlos Fernández
Prida, y de Telecom, Juan Carlos Masjoan, se reunieran con Cavallo y su
viceministro Daniel Marx y anunciaron luego el adelanto de 150 millones
de pesos, la misma cifra que ya comprometió Repsol YPF. Ese aporte
se hará a modo de anticipo del Impuesto a las Ganancias de los
años 2003 y 2004, y a tasa cero, de los cuales el 40 por ciento
se debía hacer efectivo esta semana, un 30 por ciento a 30 días
y el 30 por ciento restante a 60 días.
Cavallo, consideró que no habrá problemas para completar
los 200 millones que restan. Además de las empresas concesionarias
de servicios, “otras grandes empresas están poniéndose
de acuerdo para completar los 1000 millones de pesos que se destinarán
al Fondo Fiduciario”, destacó. Por su parte, Marx confirmó
los desembolsos, pero no precisó cuando ingresarán a las
arcas públicas. No obstante considero que ello ocurrirá
“en los próximos días”. También aclaró
que “ese dinero ingresará al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, de allí se atienden los gastossociales y se le deducen
los adelantos ya girados a las provincias y las renovaciones que se van
a hacer luego”.
PROTESTA
DE MUTUALISTAS POR LA EXTENSION DEL ITF
“El daño que nos hace es inmenso”
La extensión del Impuesto
a las Transacciones Financieras a mutuales y cooperativas generó
la previsible reacción del sector, indignado con Domingo Cavallo.
Una de las condiciones que impuso el Gobierno para elevar a 500 pesos
el piso de los haberes jubilatorios que serán recortados fue que
el Congreso sancione una ley que disponga la eliminación de exenciones
al ITF. Al reclamar a los legisladores la aprobación de esa ley,
Cavallo les apuntó directamente a las mutuales y cooperativas.
Dijo que muchas de ellas realizan operaciones financieras por encargo
de empresas que buscan eludir el pago del impuesto. “Lo que quiere
hacer el Gobierno es aberrante”, protestó Gabriel Rey, tesorero
del Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM), en diálogo
con Página/12.
El dirigente hizo varias aclaraciones en respuesta a los argumentos del
ministro de Economía. Recordó que cuando se creó
el ITF, el Poder Ejecutivo excluyó de su alcance a mutuales y cooperativas,
dada la función social que prestan. “Ahora Cavallo dice que
el ITF podrá ser tomado a cuenta de IVA y Ganancias, pero él
debe saber que nosotros estamos exentos de ambos impuestos y que por lo
tanto no tendremos forma de descargar la nueva imposición”,
apuntó Rey.
El dirigente hizo hincapié en que “nuestras entidades cumplen
un rol de contención social que no puede ser ignorado”. “Las
mutuales son asociaciones sin fines de lucro, por lo cual no se distribuyen
ganancias entre los socios, sino que se deben reinvertir para dar nuevos
servicios. Y si alguna quiebra, los bienes pasan al Estado”, añadió
Rey. Finalmente, dijo que si el Gobierno detectó que hay entidades
por las cuales se elude el pago de impuestos, lo que debe hacer “es
caer con todo el peso de la ley”. “Las mutuales somos agentes
de retención del ITF, así que la DGI puede fiscalizar si
liquidamos lo que se cobra o no”, aseguró Rey, para concluir
que “el daño que se nos hace es inmenso, mientras que la recaudación
no sería mayor a 50 millones de pesos, lo que para el Estado no
es nada”.
BASTOS
DISUELVE DOS TRIBUNALES
Ahorro en transparencia
Bajo la piqueta de Domingo Cavallo
(Economía) y su comediterráneo Carlos Bastos (Infraestructura)
desaparecerán, si nadie los salva, dos organismos que intervienen
en las relaciones entre el Estado nacional y los particulares. Uno es
el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que establece los valores
de mercado en las expropiaciones, y adicionalmente cotiza inmuebles que
el Estado compra, alquila o vende. Actualmente, y por encargo de la Contaduría
General de la Nación, estaba tasando para fines de registro todos
los inmuebles fiscales. El otro organismo en la mira es el Tribunal Arbitral
de Obras Públicas, que existe para resolver prejudicialmente, como
foro de mediación, los conflictos que surjan entre el Estado como
comitente y sus contratistas. Para los críticos, la supresión
de estos tribunales quitará transparencia a las transacciones públicas
y facilitará manejos oscuros por parte del Poder Ejecutivo.
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