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Por Nora Veiras
 La reacción al ajustazo
educativo en la provincia de Buenos Aires no se hizo esperar: los tres
gremios docentes realizarán hoy un paro, se sumarán mañana
a la huelga general, advirtieron que el viernes tampoco dictarán
clases si el gobierno de Carlos Ruckauf no paga el medio aguinaldo y,
además, no volverán al aula tras las vacaciones –que
empiezan el lunes– si no se da marcha atrás con la poda. El
gobernador anunció ayer que no hará recortes en los salarios
menores a 1000 pesos y que los bonos se usarán para los haberes
superiores a los 700 pesos (ver aparte). Sin embargo, el tijeretazo impactará
de lleno en el sistema educativo porque el decreto 1960/01 establece que
se unificarán para la reducción prevista las remuneraciones
de distintos cargos. En buen romance: se sumarán los distintos
cargos que desempeñe un mismo maestro y se aplicará el recorte
si suma más de 1000 pesos.
Desde el jueves de la semana pasada, las clases en las escuelas bonaerenses
fueron más simbólicas que reales. Los maestros realizaron
“retención de servicios” ante el no pago del incentivo
docente. El propio director de Escuelas, José Octavio Bordón,
reconoció que la Nación le había girado la partida
de 18 millones de pesos para abonar los 60 pesos por cargo del plus salarial
pero que no sabía a qué se destinaron. La confesión
motivó una denuncia penal por “malversación de fondos”
de los legisladores del ARI, Horacio Piemonte y Susana Moledo. Finalmente
ayer pagaron el incentivo. Los maestros levantaron la medida y suspendieron
la protesta frente a la Casa de la Provincia en Callao al 200.
El peso del sistema educativo bonaerense en las cuentas provinciales justifica
el temor de los gremios por la magnitud del ajuste. El propio informe
realizado hace poco más de un mes por Bordón ante la Legislatura
precisó que:
u En el 2000, el presupuesto ejecutado fue de 3738 millones de pesos (35
por ciento de los recursos totales de la provincia).
u En sueldos docentes se liquidan 2884 millones de pesos.
u Hay 4,5 millones de estudiantes en los distintos niveles (1 millón
más que antes de la puesta en práctica de la reforma educativa
iniciada durante la gestión de Eduardo Duhalde).
u Se incorporan anualmente 125 mil nuevos alumnos.
u Se destinan 467 millones de pesos a subvencionar la educación
privada, es decir a pagar los salarios de los docentes de esos establecimientos.
Bordón fue designado por Ruckauf coordinador de la Reforma del
Estado Provincial. Un trabajo que lo obligará a aplicar la guadaña
sobre el área que controla en forma directa: la educación.
El decreto 1960 que el gobernador envió ayer a la Legislatura establece
“el Estado de Emergencia con vigencia de un año, prorrogable
por igual término”, lo cual implica en el caso de los maestros
y profesores el congelamiento de la antigüedad, la reducción
de todo tipo de retribuciones, exceptuando las asignaciones familiares,
a partir de un monto de 1000 pesos, aplicando progresivamente porcentajes
que van de 1,9 al 32,5 por ciento a partir de julio del 2001.
“El torniquete apretará a los docentes porque el decreto establece
que se unificarán para la reducción prevista las remuneraciones
por liquidaciones separadas dentro de un mismo régimen estatutario
y sólo exceptúan a los jueces y a los miembros del Ministerio
público”, explicó a Página/12 el secretario
general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación
(Suteba), Hugo Yasky. El dirigente recordó que “entendemos
que hay nidos de corrupción en la Dirección de Escuelas
sobre los que sí habría que poner la lupa. Hay una denuncia
que se verificó sobre el cobro de cheques mellizos de docentes,
por más de 130 mil pesos, que se cobraron en una sucursal del Banco
Provincia de City Bell. Ese hecho provocó el despido del director
de Infraestructura, Jorge Dewey, por presunto corresponsable de un equipo
que orquestó la maniobra. Este ex funcionario publicó una
solicitada en la que imputa a Bordón su pasividad frente alhecho
de que existen erogaciones en concepto de horas cátedra que no
se pagan a docentes por un monto de 200 millones anuales”.
El congelamiento de la antigüedad tiene una alta incidencia sobre
el salario docente puesto que la escala llega al 120 por ciento a los
25 años de servicio. En rigor, este ítem forma parte del
“blindaje” que firmó durante el verano Ruckauf con el
ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, como
condición para poder tener respaldo a los créditos que necesita
la provincia. Ese acuerdo supone también meter mano sobre el régimen
de bonificaciones por zonas desfavorables –donde se producen excesos,
por ejemplo, por escuelas que en sus orígenes quedaban en zonas
alejadas y ahora son urbanas– pero que impactarían de hecho
como recorte salariales, el de licencias y los controles sobre ausentismo.
Sobre este último punto, los gremios destacaron que Bordón
en su informe ante la Legislatura precisó que “el ausentismo
en 1998 fue del 6,29 por ciento; en 1999 de 5,76 y en el 2000 del 5,73
por ciento, muy por debajo del 20 por ciento que ahora empezaron a difundir
ante distintos medios”.
El Suteba junto con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB)
y los privados del Sadop declararon “su total oposición al
recorte presupuestario”, exigieron el “respeto del Estatuto
Docente: escalafón, licencias y desfavorabilidad”, rechazaron
“la reducción de cargos docentes que precaricen el proceso
de enseñanza-aprendizaje, el pago de sueldos en bonos” y demandaron
“el pago en tiempo y forma de todo tipo de haberes”.
El gobernador prometió ayer que el viernes se pagará el
medio aguinaldo. Los maestros no creen en la promesa oficial y anticiparon
que si no cuentan con esa plata en el bolsillo no dictarán clase.
En otros términos, el receso escolar en el principal distrito educativo
del país empezaría, de hecho, hoy.
“El sistema educativo ha crecido: el número de alumnos asciende
por el ascensor mientras que la infraestructura lo hace por la escalera”,
describe el informe de gestión de Bordón. Una expansión
que es evidentemente incompatible con el ajustazo. A menos que la calidad
educativa siga siendo el riesgo país que no cotiza en los mercados.
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La plataforma de ajuste
de Carlos Ruckauf
“No hemos aceptado ninguna disminución salarial menor
a 1000 pesos; hasta 700 pesos y su equivalente en el aguinaldo se
va a pagar en efectivo y el resto en patacones hasta que pasemos
la crisis financiera, y cuando se supere volveremos a pagar todo
en pesos”, dijo el precandidato a presidencial del peronismo,
Carlos Ruckauf en su rol de gobernador bonaerense hasta el 2003.
Diputados provinciales del Frente para el Cambio presentarán
hoy ante el juez penal César Melazo una acción de
amparo para que se deje sin efecto el decreto 1960/01 y se pague
en pesos.
Ruckauf aseguró que con el dinero que le enviará la
Nación estaría en condiciones de pagar el medio aguinaldo”
a partir del viernes”. Sobre la deuda que mantiene con los
proveedores de la provincia, dijo que “vamos a hacer una negociación
por área, para ver cuál es el comportamiento de los
proveedores con la provincia y en consecuencia responderemos. Es
decir, el que comprenda la crisis tendrá mejor respuesta”.
Desafiante, a pesar de la evidente violación de los contratos,
el gobernador amenazó con que “aquellos que entiendan
que del otro lado de un insumo básico hay gente que sufre
tendrán una actitud solidaria, aquellos que crean que nos
van a apretar sobre el dolor de la gente, que sepan que hay otros
proveedores aquí y en otras provincias”. No aclaró
si propondrá como mecanismo de pago el trueque.
El cálculo de “ahorro forzoso” realizado por el
equipo de Ruckauf es de 560 millones de dólares al año.
Del total de empleados estatales bonaerense, que suman 447.200,
sólo 90 mil cobran más de 1000 pesos y apenas 20 mil
percibe salarios superiores a los 2000 pesos. Por eso la relevancia
del recorte que recaerá sobre el grueso de los 240 mil docentes
que acumulen salarios por distintos cargos y alcancen así
el piso de 1000 pesos.
La denuncia que realizarán las diputadas Susana Amaro, Graciela
Banzan y Fátima Nader plantea la “inconstitucionalidad”
del decreto por violación de la Ley de Convertibilidad al
aplicar una devaluación encubierta a través de los
bonos, por violación del principio de igualdad ante la carga
pública “porque recae sobre trabajadores y no sobre
los grupos financieros” y porque “la Constitución
provincial no habilita al Ejecutivo a dictar decretos de necesidad
y urgencia”.
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