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 Según fuentes de alta
confiabilidad, la provincia de Buenos Aires analiza decretar el estado
de emergencia sanitaria, que incluye severas determinaciones tomadas en
el marco de la crisis económica. Así se debatió el
sábado, durante la reunión a la que el titular de la cartera
de Salud, Juan José Mussi, convocó a los directores de hospitales
bonaerenses. Hoy se daría a conocer el paquete de medidas, tras
un segundo encuentro en el que se analizará su alcance, implementación
y consecuencias.
Este diario pudo saber que, para atenuar su dureza, las restricciones
que se impondrían al esquema sanitario serán presentadas
como la oportunidad de iniciar una profunda reestructuración del
sistema. Los impulsores de estas resoluciones prevén que, desde
el momento mismo de su anuncio, deberán enfrentarse a un amplio
frente de tormenta. Y no es para menos: las decisiones serán difíciles
de digerir aun bajo la promesa de una modernización y racionalización
de las prestaciones. Es que, en ciertos casos, el del SAMO es uno de ellos,
implican un segundo recorte a los sueldos del personal.
Entre las disposiciones adoptadas se encuentra el pago con bonos a los
proveedores, desde aquellos que suministran el catering a los centros
asistenciales hasta los fabricantes y distribuidores de insumos, quienes
ya se han declarado en rebeldía y principio y han avisado de la
suspensión de las provisiones. Se teme incluso que si, para los
proveedores de servicios asistenciales de alta complejidad (de los que
en algunos casos la provincia carece: diagnóstico por imágenes
o alta complejidad neonatal) comienza regir la misma modalidad de pago
con patacones, éstos se sumen al corte provocando un verdadero
colapso.
Pero el pago con bonos no es ni con mucho lo que generará la mayor
y más rápida reacción: en carpeta y con las mismas
chances de aprobación se encuentran la supresión del SAMO,
el plus que se distribuye a los agentes sanitarios de acuerdo con lo que
los hospitales públicos ingresan por facturación mensual
a las obras sociales. En previsión de que la quita pueda derivar
en renuncias, el personal sanitario ha sido colocado en disponibilidad.
La tercera medida consiste en el virtual cierre de los hospitales públicos
a afiliados de PAMI y obras sociales. De ahora en adelante y de acuerdo
al firme trascendido, los hospitales darán prioridad a la atención
de indigentes o excluidos de cualquier otra expresión del sistema
sanitario.
La discriminación de quiénes sí y quiénes
no recibirán atención médica quedará a cargo
de un Comité de Admisión a formarse en cada unidad bajo
la presidencia del director del hospital. Se asegura que el proyecto cuenta
con el desacuerdo de Mussi, que sabe de antemano que será él
el primer encargado de pagar los platos rotos. Los defensores de la iniciativa
argumentan, en cambio, que el desagrado del ministro de Salud tiene como
verdadero fundamento el de que las cuentas quedarán bajo el control
del Comité de Emergencia creado por el gobernador Carlos Ruckauf
y cuya jefatura fue encomendada a José Octavio Bordón. Este
“comité de comités” tiene facultades para revisar
contratos a lo ancho y lo largo de la administración pública
provincial, con excepción de las empresas privatizadas. Si bien
el grueso de las medidas fue informado el sábado en el transcurso
de una reunión convocada por Mussi y a la que asistió buena
parte de los directores de establecimientos bonaerenses, su oficialización
se habría dilatado hasta hoy por dos razones: una, la realización
de un nuevo encuentro para limar asperezas y ajustar detalles; otra, la
esperanza de que el anuncio formulado ayer por el gobernador respecto
de que los recortes de salarios, jubilaciones y pensiones se harán
a partir de un piso de 1000 pesos logre atenuar el impacto de las novedades
que afectan a las diferentes áreas del estado provincial.
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