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Por Adriana Meyer
 El cuñado de Graciela
Fernández Meijide, el primer funcionario aliancista denunciado
por corrupción, podría ser también el primero en
sentarse en el banquillo de un juicio oral y público. La sala I
de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento
del ex interventor del PAMI Angel Tonietto por los supuestos delitos de
negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa
de fraude al Estado. Tonietto está acusado de favorecer a un geriátrico
que tiene su esposa y que prestó servicios al PAMI, cuando él
dirigió, junto a un triunvirato, la obra social de los jubilados
y pensionados. “Las probanzas recolectadas en la causa son más
que suficientes en este estadio procesal como para afirmar que los encausados
(Tonietto y el ex subgerente de Prestaciones del PAMI José Amorín)
se interesaron en la recategorización del Hogar Terapéutico
Florida II”, dijo la Cámara. Ese establecimiento pertenece
a la hermana de la ex ministra frepasista.
Los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani describieron que
Tonietto se interesó “en beneficio propio y/o de su esposa”,
en la recategorización del hogar. “Tonietto hizo saber ese
interés a José Amorín, que era el encargado del sector
en donde tramitaba el expediente relativo a este hecho, y omitió
frenar la desacertada recategorización”, indicaron los jueces.
A su vez, “Amorín llevó adelante sin que correspondiera
una recategorización que había sido solicitada por Tonietto”.
También destacaron los testimonios brindados por Patricia Halfon,
Viviana Slatopolsky y María del Carmen Grillo, las profesionales
que coincidieron en sostener las presiones que habría ejercido
Amorín para lograr su cometido. Y finalmente fueron desplazadas.
Este cuadro configura el presunto delito de negociaciones incompatibles
con la función pública.
Tonietto también fue procesado por “omitir en forma maliciosa
declarar que su esposa Juana Castagnola tenía una participación
societaria en el hogar en cuestión”. Los camaristas cuestionaron
la versión del ex funcionario, a la que calificaron de inverosímil,
“cuando alega que su esposa era ‘... muy autónoma...
poco me cuenta de su actividad’”. Además, tampoco resultó
creíble para los funcionarios judiciales la responsabilidad que
Tonietto endilga a uno de los empleados del sector de Recursos Humanos
por no haberle hecho saber que había omitido declarar la circunstancia
de la participación societaria. “El imputado incurre en una
contradicción” por pretender que le recuerden algo que, “según
sus propios dichos, ni él mismo sabía”, apuntaron.
La sala I ratificó el procesamiento de Tonietto y Amorín
por el delito de tentativa de defraudación a la administración
pública porque “una irregular recategorización del
hogar habría perjudicado las arcas del Estado en tanto éste
debería haberle pagado una suma superior a la que le correspondía
por la categoría que realmente revestía, situación
que finalmente no aconteció por el devenir de los hechos”.
Ese devenir fue la denuncia periodística y la posterior investigación
de la Justicia.
La denuncia judicial había sido presentada por la Oficina Anticorrupción
(OA) en marzo de 2000. El cuñado de la ex ministra de Desarrollo
Social renunció un mes después y a los dos días se
presentó a la Justicia para ser investigado y para, dijo, “salvar
su prestigio”. Aunque Tonietto se defendió tratando de desmentir
haber privilegiado la empresa de su esposa, Amorín admitió
la posibilidad de que se hubieran cometido “errores” en el trámite
cuestionado, y aseguró que se sintió “presionado”
para proceder a la recategorización. Como tenían mala relación,
aseguró que no quería que Tonietto supusiera que intentaba
perjudicarlo. En agosto, el juez Gabriel Cavallo procesó a Tonietto
por negociaciones incompatibles con la función pública,
omisión maliciosa de insertar datos en la declaración jurada
y tentativa de fraude al Estado. Y lo sigue investigando por otro geriátrico,
el Santa Germana, que Tonietto dice que ya vendió. Tonietto encabezó
junto a la radical Cecilia Felgueras y el justicialista Horacio Rodríguez
Larreta el equipo que el presidente Fernando de la Rúa puso al
frente del PAMI para hacer más transparente la obra social de los
jubilados y pensionados. Al estallar el escándalo Meijide había
dicho que “los medios exageraron”, mientras que el ex ministro
de Trabajo Alberto Flamarique sentenció que “no hay anomalías
éticas”. Hasta ahora, parece que la Justicia piensa distinto.
Científicos
desaparecidos
Con un homenaje a los científicos
y tecnólogos desaparecidos durante la última dictadura,
la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación
Productiva (Setcip) inauguró ayer el Centro de Documentación
y Memoria Institucional “Familia Tarnopolsky”.
El nombre del nuevo instituto recuerda al matrimonio de científicos
Hugo Tarnopolsky y Blanca Edelberg de Tarnopolsky. El físico y
ella pedagoga, fueron desaparecidos junto a dos de sus tres hijos el 16
de julio de 1976 en uno de los más crueles operativos de la dictadura
militar.
Además de Adriana Puiggrós, titular de la Setcip, y de Ignacio
Vélez, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos,
del acto participó también Daniel Tarnopolsky, el único
sobreviviente de la familia. Daniel vive desde entonces fuera de la Argentina.
Es quien demandó al represor Emilio Massera, le embargó
sus bienes y consiguió que le declararan la quiebra.
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