Por Irina Hauser

Fiel al derrotero de su líder Carlos Menem, la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray lo sigue hasta en su suerte en los Tribunales. La sala I de la Cámara Federal confirmó ayer su procesamiento por enriquecimiento ilícito y falsificación de documento y también ratificó un embargo de sus bienes por 3 millones de pesos. Además de que no podrá vender ni un alfiler, tampoco está autorizada a ser funcionaria pública mientras continúe procesada porque los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani rechazaron el recurso con que pidió permiso para seguir contando con esa alternativa.
Alsogaray está acusada de haber aumentado su patrimonio en 2,5 millones de pesos aprovechándose de los cargos que ocupó entre 1988 y 1998 y de haber falsificado documentos para aparentar que el origen de su riqueza era legítimo. Eso fue lo que determinaron los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, cuya investigación fue la base del procesamiento que dictó contra la ex interventora de ENTel el juez Juan José Galeano el 24 de agosto de 2000. Una decisión que ella apeló y por la que ayer recibió otro revés de la Cámara, avalado incluso por una jueza menemista confesa.
Mientras tanto, María Julia sigue obligada a pedirle permiso al juez para salir del país y ve incubarse el juicio oral en su contra, donde si el tribunal la encuentra culpable incluso podría determinar que vaya presa aunque esté acusada de delitos excarcelables. Todavía Alsogaray hija puede, no obstante, acudir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario y estirar los tiempos judiciales mientras avanzan otras causas en las que también corre peligro de ser procesada (ver aparte).
Ya sufre, de todos modos, una amenaza directa sobre su petit hotel de 650 metros lleno de mármoles y carísimos tapizados, su coqueto departamento de Nueva York ubicado frente al Central Park, su 4x4 y hasta sus tapados de piel y demás adquisiciones de su época de funcionaria mimada de Menem. Con la confirmación de la Cámara, el embargo queda firme y ella deberá ofrecer bienes como garantía por el monto exigido o bien el juez determinará qué debe poner a disposición. En realidad las pertenencias que ella declara no cubren los 3 millones, pero la estipulación de esa cifra apunta a la posibilidad de que en un proceso oral se la obligue a indemnizar al Estado por el perjuicio causado a sus arcas. Riva Aramayo y Vigliani confirmaron en la misma resolución el procesamiento como partícipe de Arnaldo Martinenghi, un empresario vinculado a Menem que dio asilo en su haras al ex general golpista paraguayo Lino Oviedo. También le trabaron un embargo de 300 mil pesos. En rigor, el fallo de los camaristas está íntegramente basado en el del juez Galeano. “El señor Magistrado ha analizado correctamente y a la luz de las sana crítica las constancias obrantes en la instrucción”, dice. Y a coro con él detalla en base a los “informes contables” maniobras urdidas por María Julia para justificar su incremento patrimonial, que terminaron confirmando su carácter ilícito:
A Martinenghi lo procesan por presentar a la Justicia un convenio falso entre su quebrada empresa Astilleros Alianza S.A y Alsogaray, supuestamente contratada como ingeniera asesora. Con ese documento, ella intentó explicar la obtención de 500 mil pesos por un trabajo inexistente. Esos honorarios aparecían concedidos por un crédito de la empresa fantasma panañema Zeal International, que nunca ni un peso.
efutan que su padre, el dirigente ucedeísta Alvaro Alsogaray, le haya donado algo más de 800 mil pesos. “El reflejo de la situación económica de su padre no permite sostener que contara con ese dinero pues el patrimonio neto final de sus declaraciones juradas de los años 1993 y 1994 dio negativo y el endeudamiento continuó hasta 1998”. Añade que es llamativo que los otros hermanos no hayan recibido adelantos de herencia.
Detallan que María Julia no podía disponer de 650 mil pesos de fondos reservados del Gobierno –como pretendió argumentar– en la Secretaría de Recursos Naturales. A ese organismo no le correspondían gastos secretos, según informaron la propia repartición de medio ambiente, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la Contaduría General de la Nación y el área de Asuntos jurídicos del Ministerio de Economía.
ecuerdan que en su declaración de bienes de 1993 ante la Escribanía General de la Nación la ex funcionaria dijo que recibió 100 mil pesos de su actividad privada por servicios prestados a Estibajes Norte SRL, pero desconoció la existencia de ese pago al declarar ante el juez asegurando que fue un “dibujo” de su contador Ernesto Furlone, a quien también acusó de robarle 350 mil pesos destinados a pagar su deuda impositiva. La pesquisa determinó que ella no trabajó par esa compañía.
Tampoco es posible, sostienen, que la firma Pincar S.A le haya dado cerca de 500 mil pesos de supuestas ganancias, ante todo porque al momento del otorgamiento la empresa tenía un patrimonio menor a 70 mil pesos. La ex funcionaria no ha revelado el verdadero origen del dinero, amparándose en la ley 24.073 –sancionada en 1992 a medida de evasores– que permite blanquear dinero en el exterior sin precisar su origen.
Aunque la causa sea elevada a juicio oral, la investigación continúa. De hecho los fiscales sospechan que María Julia cosechó mucho más de lo que hasta ahora se pudo probar. Entre otras cosas, aún están pendientes informes de Estados Unidos sobre posibles cuentas clandestinas e inversiones en el exterior.

MARIJUAN TENDRIA LISTO SU DICTAMEN ESTA SEMANA
Doscientas jubilaciones a la riojana

El fiscal federal Guillermo Marijuán podría emitir esta semana un dictamen respecto de unas 200 jubilaciones supuestamente irregulares otorgadas bajo normas especiales del ex Banco de La Rioja.
Marijuán tomó ayer testimonio a un ex gerente general de la entidad financiera, Francisco Valdez –una persona mayor convaleciente–, cuya firma habría sido falsificada en numerosos expedientes de jubilaciones irregulares. Se trató de un testimonio que la fiscalía “valoró muchísimo”, según dijo el funcionario. El fiscal comentó también que al ex gerente le hizo “mucho mal” ver contratos “que dicen que firmó él y se vivió una situación de tensión al ver una persona mayor, noble, trabajadora, en una situación tan angustiante de verse en papeles que decían ser firmados por él y que no habían sido firmados por él”.
Marijuán sostuvo que a medida que se avanza en la investigación, se confirma la ruta de la falsificación de firmas en los contratos a través de los cuales muchas personas acreditaban su supuesta relación laboral con el banco.
“Hay una serie de documentos contundentes que demuestran la falsedad de estos documentos”, señaló el fiscal en una rueda de prensa que ofreció anoche en uno de los patios de la sede local de la Policía Federal.
En la causa que lleva adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral, se han denunciado unos 750 casos. “La fiscalía tiene cerca de 200 de esos expedientes”, explicó Marijuán, sobre los cuales se expedirá “en los próximos días y antes que empiece la feria judicial”. El funcionario no quiso arriesgar el monto al que ascendería la presunta defraudación al Estado a partir de jubilaciones irregulares, pero adelantó que “es elevadísimo”.

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