El 24 de setiembre a las dos de la tarde comenzará el juicio oral y público en el que se intentará esclarecer las responsabilidades del armador de autos truchos Carlos Telleldín y un grupo de policías bonaerenses y civiles en el atentado a la AMIA. El gobernador Carlos Ruckauf, la camarista Luisa Riva Aramayo, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el diputado Marcelo Stubrin y el secretario de Justicia Melchor Cruchaga serán parte de los cerca de 1500 testigos que deberán presentarse en el proceso, según la lista que los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Pons y Guillermo Gordo dieron a conocer ayer, a horas de que se cumpliera el séptimo aniversario del estallido de la mutual judía. Hoy, la AMIA, la DAIA y la asociación Familiares y Amigos de las Víctimas de la Masacre se concentrarán en Pasteur 633. Allí asistirán funcionarios del Gobierno, pero no el presidente Fernando de la Rúa, quien concurrió ayer por la tarde para dejar una ofrenda floral.
Según estiman los jueces del Tribunal Oral Federal Número 3 el juicio durará diez meses, con audiencias de cuatro y tres veces por semana alternadamente. Los magistrados dispusieron que en ese mismo período se lleve adelante el proceso para esclarecer el intento de extorsión que habría sufrido el juez federal Juan José Galeano, que instruyó la causa, luego de que un video en el que hablaba con uno de los imputados –el ex comisario Juan José Ribelli– fuese robado de su despacho.
Ribelli y los ex policías Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro, irán a juicio como supuestos cómplices de la organización terrorista internacional que ejecutó la masacre en la que murieron 85 personas. Telleldín será enjuiciado como partícipe del atentado por proporcionar la camioneta que fue usada para volar la sede de la mutual judía en la mañana del 18 de julio de 1994. Otros quince ex policías y civiles están acusados de delitos graves, sin vinculación directa con el ataque, aunque sospechados de haber colaborado con los otros imputados.
Muchos de los testigos que las partes querellantes y los fiscales habían reclamado fueron rechazados por el Tribunal Oral. El ex presidente Carlos Menem –ahora preso en Don Torcuato–, su hermano Munir, su ex esposa Zulema Yoma, el ministro Domingo Cavallo y el ex embajador de Israel Itzak Avirán, no tendrán que dar su testimonio. Tampoco la actriz Catherine Fulop, que había sido pedida por la defensa de Ribelli, deberá sentarse en el banco de los testigos. El policía argumentaba que Fulop lo vio en las Cataratas del Iguazú el día en que los fiscales sostienen recibió en Buenos Aires la Trafic. Quienes sí tendrán que declarar serán, entre muchos otros, Anzorreguy, Ruckauf, los ex jefes de la Policía Federal Jorge Luis Passero y Adrián Pelacchi, el ex secretario de Seguridad bonaerense Alberto Piotti, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, los periodistas Raúl Kollman –de Página/12– y Román Lejtman y el ex prosecretario de Galeano, Claudio Lifchzitz, quien tras dejar su puesto denunció irregularidades en la investigación. También se presentará una serie de testigos de identidad reservada y las mujeres de Ribelli y Telleldín. Las citaciones del ex ministro de Interior Carlos Corach y del ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, quedaron supeditadas a que la Agrupación “Memoria Activa”, que las había solicitado, fundamente en tres días las causas de este pedido. En ese plazo las partes también podrán insistir en los testigos y en las medidas impugnadas que consideren importantes.
Hugo Ostrower, titular de la AMIA; José Hercman, presidente de DAIA; y Luis Czyzewski, de Familiares de las Víctimas de la Masacre a la AMIA serán los oradores del acto que se realizará hoy por la mañana en Pasteur 633. Unos minutos antes de las 9.53, momento en que hace siete años estalló la bomba, se difundirá por cadena nacional un mensaje de la mamá de uno de los muertos de la AMIA. De la Rúa no asistirá a la ceremonia, ayer depositó una ofrenda floral al pie del monumento a las víctimas y exhortó a aquellos que puedan aportar datos para el juicio oral, que lo hagan dentro de la ley del arrepentido. A diferencia de los miembros de la agrupación Memoria Activa, los miembros de Familiares de las Víctimas tienen “esperanzas” en lo que pueda surgir en el curso del juicio. Aún así Sofía Gutterman, de ese organismo, admitió que “si a siete años recién tenemos el juicio por la primera parte de la investigación, de justicia no podemos hablar”.

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