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Por Carlos Rodríguez
 Varios creyeron escuchar ruidos
de cadenas y de pasos fantasmales en retirada cuando María José
Lubertino, del Instituto Social y Político de la Mujer, dijo que
tal vez haya que “exorcizar el recinto” de la Cámara
de Senadores para que, antes de la primera sesión del año
próximo, pueda ser tratado allí –y ser eventualmente
aprobado– el proyecto de ley nacional de Salud Reproductiva que el
18 de abril pasado obtuvo la media sanción en Diputados. La apelación
al exorcismo tiene motivos suficientes, ya que la norma arrastra un antecedente
diabólico: un proyecto sancionado por Diputados en 1995 caducó
porque nunca fue analizado por el Senado. En una reunión que se
hizo en el Salón de Lectura, en la antesala del recinto, fue presentada
la encuesta publicada el domingo por este diario que indica que el 91
por ciento de los argentinos está a favor de la entrega de anticonceptivos
en los hospitales, una de las medidas que propicia la ley. “¿Los
senadores no deben escuchar la opinión popular?”, fue la pregunta
que quedó flotando.
Al encuentro, una charla debate sobre salud reproductiva y las dramáticas
consecuencias de los abortos clandestinos –una realidad que podría
ser revertida a partir de la aplicación de la nueva ley–,
fueron invitados todos los senadores. Ninguno se hizo presente, unos pocos
por razones plenamente justificadas, entre ellos las senadoras Silvia
Sapag y Beatriz Raijer, que enviaron su adhesión, al igual que
Jorge Villaverde. El resto hizo silencio. Lubertino prometió que
cada uno de los senadores recibirá una copia de la encuesta y a
cada uno se le pedirá una opinión sobre el futuro de la
ley.
De no haber respuesta, se lanzará una campaña pública
dirigida a los legisladores que incluirá una pegatina de afiches
alusivos. Para impulsar la sanción de la ley hablaron la diputada
nacional Marta Milesi y la legisladora porteña Juliana Marino.
Las dos coincidieron con Lubertino en la importancia del altísimo
porcentaje de encuestados a favor de la instrumentación de políticas
de salud reproductiva. Marino cuestionó los “golpes bajos”
de los grupos católicos que cuestionan la ley de Salud Reproductiva.
Luego de presentarse como “creyente”, estimó que “tal
vez la Iglesia, dentro de 25 años, tenga que pedir perdón
por los chicos que mueren por los abortos clandestinos”, aludiendo
a la campaña eclesiástica en contra de la ley, como ya se
vio en Diputados.
Milesi, que había cuestionado los planteos economicistas en torno
de la aplicación de programas de salud preventivos, apeló
a los números para impulsar la sanción de la ley. “En
el país hay cerca de 500 mil abortos clandestinos por año
y puede llegar a suponerse que esas 500 mil mujeres tuvieron que pasar
en algún momento por la sala de terapia intensiva de un hospital
público”. Tomando como base que un anticonceptivo puede costar
“80 centavos la caja” y un antibiótico “más
de 60 pesos por caja”, las cifras indicarían que con una buena
política de salud reproductiva se gastarían a los sumo,
por año, “32 millones de pesos, mientras que los gastos de
la terapia intensiva ascenderían a 52 millones”.
Estadísticas que surgen de los “registros vitales” del
Ministerio de Salud y de organizaciones no gubernamentales, 1,4 mujeres
mueren por día por abortos clandestinos. De ser así, se
dijo, “desde el día de la sanción en Diputados ya fallecieron
190 mujeres”.
EL
COMFER Y LAS CUMBIAS VILLERAS
Castigo a la letra
Desde el 1º de enero al
12 de julio “se han labrado 33 sumarios contra los programas de televisión
que pasaron esas letras dentro del horario de protección al menor
o por violar el artículo 18 de la ley”. El comunicado del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) salió así
al cruce de algunas críticas por la propagación de las cumbias
villeras en los medios. El COMFER aclaró que “dentro de sus
funciones de fiscalización y evaluación” está
la de “analizar y controlar cualquier tipo de contenidos, incluyendo
las letras de la cumbia villera”, pero que no puede ejercer censura
sobre ellas.
“La cumbia villera, como cualquier obra musical (sin entrar a considerar
sus cualidades artísticas), no es pasible de censura pero sí
de control”, sostuvo el COMFER a través de un comunicado.
El debate en torno a esta música no es casual: los temas de la
denominada cumbia villera critican ferozmente a la policía y apoyan
a los ladrones. Los ejemplos sobran:
“¿Por qué a mí?/ Si los que roban de verdad/
Tienen la libertad/Ellos son la mayoría/ de políticos y
policías/ No me pidas que deje de robar/ Si los que roban tienen
la libertad”.
“También la policía/ no para de coimear/Te paran en
la ruta/te dejan sin morfar/ Si estás en una esquina/ Te quieren
levantar”.
Ante algunas voces que se levantaron para reclamar contra la difusión
de esas letras, el COMFER indicó que “sus letras no pueden
ser censuradas pero sí controladas y sancionado aquel emisor que
viole la Ley de Radiodifusión”.
Tras aclarar que se han labrado 33 sumarios desde el 1º de enero
al 12 de julio, el comunicado aclara: “No es el COMFER el que determina
la posibilidad de la comisión de delito, sino que es la Justicia”.
“Tanto los fiscales como cualquier particular tienen la posibilidad
de denunciar esa posible comisión de delito.”
“Si el COMFER –agregó– se presentara a la Justicia
denunciando supuestos delitos, se inhibiría automáticamente
como juez administrativo en las resoluciones que hacen a la Ley de Radiodifusión.”
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