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Por Eduardo Videla
 El servicio de remises, en la
ciudad de Buenos Aires, es una actividad virtualmente fuera de control:
sobre más de 25.000 autos en circulación, sólo están
habilitados 2200, menos del 10 por ciento. Con el objeto de regularizar
la actividad, los legisladores de la Alianza acaban de consensuar un proyecto
que establece límites a los modelos de vehículos que trabajan
en el sector y que, según fuentes legislativas, dejaría
afuera al 20 por ciento de los autos que componen hoy el parque de remises.
Con todo, la iniciativa es mucho menos rígida que la presentada
por el Poder Ejecutivo, que sólo habilitaba a vehículos
de alta cilindrada y gran confort, por lo dejaba en la ilegalidad al 80
por ciento de los autos en circulación.
De acuerdo con el proyecto consensuado por la Alianza, serán aptos
para trabajar como remises los autos con un peso superior a los 1000 kilos
y los que tengan hasta cinco años de antigüedad. De aprobarse
la norma, no serían habilitados los modelos anteriores a 1996,
ni vehículos como los Fiat Duna y Palio, el Corsa y el VW Gol,
entre otros.
“El objetivo del proyecto es ordenar la actividad sin dejar afuera
a una gran cantidad de gente, que tiene en el remís su fuente de
ingreso, y a la vez, evitar la competencia desleal que sufren los taxis,
además de asegurarle al pasajero ciertas normas de calidad”,
dijo a Página/12 el diputado Marcelo Vensentini, uno de los impulsores
del acuerdo.
El florecimiento de las remiserías es un subproducto de la década
menemista: el achique del estado dejó sin empleo a miles de trabajadores
que invirtieron su indemnización, según los casos, en un
kiosco, un taxi o un remís. A la vez, el servicio vino a suplir
las falencias del transporte público de pasajeros –especialmente
en el Gran Buenos Aires– y los problemas de seguridad originados
en algunos taxis: mucha gente prefirió confiar en la remisería
del barrio que, además, le ofrecía una tarifa fija y más
baja. El auge del remís contribuyó a sobredimensionar el
transporte en la ciudad: los 25.000 remises –muchos de los cuales
provienen del Gran Buenos aires– se suman a los 38.000 taxis en circulación.
“La diferencia tarifaria obedece a que los remises no tienen las
mismas exigencias que los taxistas, lo que los convierte en una competencia
desleal”, dijo a Página/12 Néstor Bilancieri, director
de Educación Vial y Registros, el organismo porteño que
se encarga de la habilitación y control de taxis y remises. Por
ejemplo: taxis y remises deben tener habilitación técnica
otorgada por SACTA, algo que cumple la mayoría de los taxis y muy
pocos remises.
La actividad, hasta ahora, se regula por la ordenanza 47.561, donde se
establece el requisito para las agencias de tener al menos cinco vehículos.
La aplicación de esa norma y el otorgamiento de habilitaciones
estuvieron suspendidos hasta marzo último, cuando las autoridades
debieron volver a ponerla en vigencia tras la presentación de un
recurso de amparo. En la actualidad, confirmó Bilancieri, hay 640
agencias habilitadas, y apenas 2200 autos en regla. Los demás están
fuera de control.
El proyecto enviado por el Ejecutivo proponía reconocer únicamente
a los autos con motor superior a los 1800 centímetros cúbicos
de cilindrada y 1200 kilos de peso, lo que dejaba afuera a los autos medianos.
También exigía una antigüedad no mayor a un año,
con lo que excluía todos los modelos anteriores al 2000. Y que
los autos contaran con sistema de frenos antibloqueo, un mecanismo electrónico
que solo tienen los autos más costosos.
Según el diputado Julio Vitobello, del Frente Justicialista, esa
iniciativa estaba “armada a medida de los taxistas: apuntaba a que
los remises fueran un servicio exclusivo para empresas o grandes hoteles”,
agregó. El legislador, presidente de la Comisión de Transporte
de la Legislatura, se pronunció por “buscar una solución
intermedia, que noperjudique ni a taxistas ni a remiseros, que prestan
un servicio en determinadas zonas de la ciudad adonde los taxis no llegan”.
La iniciativa del Ejecutivo fue rechazada por los propios diputados oficialistas,
quienes consensuaron un proyecto mucho más amplio, aunque más
estricto que el sistema actual. Las agencias, para ser habilitadas, deben
tener por lo menos ocho vehículos habilitados. Los autos pueden
ser de 4 ó 5 puertas, con una antigüedad no mayor a los cinco
años y un peso superior a los 1000 kilos. Ese límite es
resistido por los remiseros, que ven alguna desigualdad en el criterio
del peso: habilita a autos como el Peugeot 206 o el Fiesta, y deja afuera
a modelos similares como el Chevrolet Corsa o el Fiat Palio.
Los autos deben tener aire acondicionado, pero los frenos antibloqueo
se exigirán recién a partir del 2003. “Con esto le
damos un tiempo al dueño del auto para que adecue se unidad, y
no lo dejamos de un plumazo afuera del sistema”, argumentó
Vensentini.
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También los
radiotaxis
Las diferencias de criterio entre el gobierno porteño y
los legisladores de la Alianza no se reducen a la cuestión
de los remises: también afectan a la regulación del
servicio de radiotaxis. Dos legisladores presentaron un pedido de
informes al Ejecutivo para saber si el requisito que se les pide
a las empresas del sector para seguir funcionando está de
acuerdo con los medios técnicos disponibles. Desde el 30
de junio, el gobierno no reconoce a aquellas empresas que no tienen
frecuencia de radio propia, lo que deja en la ilegalidad a la mayoría
de los radiotaxis. El requisito es de imposible cumplimiento ya
que Comisión Nacional de Comunicaciones mantiene congelada
la asignación de nuevas frecuencias.
La autorización precaria para el funcionamiento de los radiotaxis
sin frecuencia propia caducó el 30 de junio último.
El sector abarca a 13.800 vehículos (sobre un total de 38.600),
agrupados en 46 empresas reconocidas, de las cuales, las que cuentan
con frecuencia de radio propia –un requisito que exige la ordenanza
que regula la actividad– no superan la decena. Las demás,
la alquilan a terceros.
La suspensión de las autorizaciones precarias, dispuesta
por la Dirección de Educación Vial y Registros, afectó
a unos 9500 vehículos, según fuentes del sector, que
protagonizó una masiva movilización el 6 de julio
último.
El pedido de informes, que firman los diputados marcelo Vensentini
y Fernando Caeiro, apunta a saber si la CNC está en condiciones
de otorgar nuevas frecuencias y si existen sistemas de comunicación
alternativos al actual. “Lo que se quiere es que cualquier
regulación no termine beneficiando a algunas empresas del
sector y perjudicando a otros”, argumentó una fuente
de la Legislatura.
Mientras tanto, el director de Educación Vial, Néstor
Bilancieri, se mostró inflexible. “De las 29 empresas
que tienen prórroga, 16 están funcionando porque presentaron
recursos de amparo. Las que quieran seguir trabajando deberán
recurrir a la justicia”, afirmó el funcionario.
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Para los remiseros
hay �discriminación�
El proyecto de ley para regular la gran cantidad de remises que
circulan por la ciudad fue tomado con diferente humor entre los
choferes y en la cámara que reúne a las agencias:
Antonio Gigante, secretario adjunto de la Unión de Conductores
de Autos al Instante y Remises, comentó a Página/12
que, más allá de algunas diferencias, “tenemos
buen diálogo con el Gobierno de la Ciudad y con los legisladores,
encontramos predisposición y buena voluntad”. En cambio,
desde la otra vereda, María Daniela Llanos, apoderada de
la Cámara Argentina de Agencias de Remises, aseguró
que “no nos invitaron a participar del proyecto, que además
estaría violando una sentencia judicial. Creo que los legisladores
no entienden cabalmente la realidad del sector”, argumentó
la abogada. Más allá de las diferentes sensaciones,
los dos organismos consultados por este diario pusieron el acento
en algunos puntos que, creen, perjudicaría al sector. Ambos
coincidieron en manifestar su desacuerdo con la exigencia de que
los autos que quieran ser habilitados como remise no pueden tener
una antigüedad mayor a cinco años. Gigante puso el acento
en que “hubo tres años de suspensión en la habilitación,
por lo que hay coches del ‘94 y ‘95 que podían
haber sido habilitados en su momento y ahora quedarían afuera”.
Para Llanos, ese requisito implica una “discriminación”,
y se preguntó por qué “los taxis pueden tener
hasta diez años de uso y los remises no”. Otro punto
que genera disenso es el que impone que los vehículos afectados
como remise deben pesar más de 1000 kilogramos. “Muchos
autos quedarían afuera”, explicó Gigante: “Nosotros
creemos que el piso debería bajar a 900 kilos, para que entren
en la regulación muchos autos que hoy están trabajando,
como los Renault 12 y 9 y el VW Senda, entre otros”. Llanos,
desde la Cámara, sostiene que es “una locura limitar
a mil kilos el peso de un auto, ya que la sentencia judicial que
regula la actividad determinó que debe pesar más de
900”. El acuerdo con el proyecto pasa por la cuestión
tarifaria: todos coinciden en que, al tratarse de un “servicio
privado”, la tarifa debe ser fijada por cada agencia en particular,
y tanto los choferes como los dueños de las agencias aseguran
que “la competencia no es cobrar más barato, sino mejorar
el servicio”.
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