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 Tras un proceso que dejó
abiertos demasiados interrogantes, la Justicia porteña absolvió
ayer a un preso que estaba acusado de matar a uno de sus compañeros
en el penal de Devoto, y que había señalado como responsables
del crimen a los penitenciarios a cargo de la unidad en aquel momento,
a quienes también acusó de manejar una red de provisión
de drogas puertas adentro de la cárcel. Sin ir más lejos,
el fiscal de la causa tuvo que pedir la absolución del imputado,
cuando tres de los cuatro presos que habían declarado en la instrucción
no se presentaron a declarar durante el juicio oral y el cuarto modificó
su testimonio, sin reparos en reconocer que tenía miedo, y que
lo hacía para protegerse.
El hecho por el que se estaba juzgando a José Zangari Peralta ocurrió
el 30 de enero de 1999, en un sector de la planta baja de Devoto destinado
al alojamiento de reclusos sancionados y aislados. La noche del 29, Zangari
y otro preso, Sergio Montini, tuvieron una fuerte discusión: “El
Hormiga” -como le decían al acusado– le habría
reclamado a Montini el pago de varias dosis de cocaína “con
las que no se tendría que haber quedado”. Durante el proceso,
Zangari acusó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) de manejar
una red de distribución de drogas dentro del penal de Devoto, conocida
con el nombre de “tejas blancas”. Su versión indicaba
que los guardiacárceles hacían circular la cocaína
entre los reclusos, y que la cabeza de la pirámide era el entonces
jefe de requisas de Devoto, Héctor Oscar Orueta. Este último
habría “ordenado” el crimen de Montini, por las dosis
que se había robado.
Pero lo que en principio podía parecer un caso de fácil
resolución acabó por convertirse en un manojo de testimonios
desencontrados y de evidencias evaporadas. Tres de los presos que habían
declarado como testigos de cargo no se presentaron a declarar, y el tribunal
decidió no incorporar los testimonios que habían prestado
durante la instrucción. El cuarto testigo, un recluso que habría
presenciado el crimen, se presentó atemorizado ante el tribunal:
“me da miedo, me estoy defendiendo”, señaló. Luego
dijo que en su declaración no había dicho “puntazo”,
sino “puñetazo”, y que nunca hubo sangre. La faca asesina
desapareció. Y una mano misteriosa, pocos minutos después
de la puñalada fatal, se encargó de lavar el piso y las
paredes de la celda donde murió Montini.
“Lamentablemente, el fallo es una muestra más de que en las
cárceles argentinas se manejan códigos pétreos, alentados
por los miembros del SPF”, señaló a Página/12
el abogado Daniel Stragá, representante de los familiares de Montini.
Stragá había pedido 22 años para Zagari, pero dijo
comprender “la postura del tribunal y del fiscal: sin pruebas fehacientes,
es imposible dictar una condena”.
No es la primera vez que los directivos del SPF son involucrados en casos
de “crímenes por encargo”. El juez Alberto Baños
fue amenazado en 1998, por investigar si personal del SPF permitía
salir de los penales a algunos reclusos que cometían robos para
ellos. A la magistrada Susana Vilma López, que investigó
esas amenazas, también la intimidaron. Y un preso le contó
a María Dolores Gómez, defensora oficial de San Isidro,
que el SPF la quería “violar y matar”, por sus denuncias
de malos tratos y hacinamiento en las cárceles de la provincia
de Buenos Aires.
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