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LA CORTE ORDENO “MEDIDAS DE AHORRO” AL PODER JUDICIAL
La tijerita de los supremos

En una acordada de siete ministros, el máximo tribunal dispuso que el administrador general y el Consejo de la Magistratura estudien los ahorros que se puedan hacer en la Justicia.

Julio Nazareno, presidente del Tribunal, fue uno de los siete ministros que firmó la acordada.

La Corte Suprema decidió disponer en el ámbito del Poder Judicial de la Nación “la adopción inmediata de medidas de ahorro”, ante la invitación del Poder Ejecutivo nacional tendiente a un recorte salarial. A través de una acordada, la Corte requirió al administrador general del Tribunal, Nicolás Reyes, y al Consejo de la Magistratura “la ejecución de lo ordenado”, que consistirá en el análisis de las partidas presupuestarias que pueden ser reducidas. El ministro Adolfo Vázquez afirmó en su voto que “si el universo de agentes públicos sufre sin discriminación un descuento de carácter absolutamente general, también debe ser aplicado al Poder Judicial, sin exclusión sectorial alguna”. Los supremos no fijaron monto de recorte ni porcentaje.
La acordada 16/2001 consignó que “esta Corte no puede permanecer ajena ante la situación de crisis y ante el esfuerzo de los integrantes del Estado y de la sociedad toda, por lo cual resulta ineludible contribuir en el proceso de recuperación del equilibrio presupuestario”. La decisión plasmada en la acordada fue tomada ayer por la mañana durante un acuerdo extraordinario celebrado por siete de los nueve ministros del alto tribunal. Estuvieron presentes el presidente Julio Nazareno y los ministros Eduardo Moliné O’Connor, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert y Adolfo Vázquez.
Los jueces supremos mencionaron también la “marcada insuficiencia de recursos presupuestarios” con una diferencia de 285.649.559 pesos entre el monto estimado por el sector y la suma que dispone aprobada por ley. Reyes deberá proponer en qué rubros y por qué montos o porcentajes se pueden efectuar ahorros en el Poder Judicial, pero le está vedado expedirse sobre las remuneraciones, porque “para eso se necesita un acuerdo especial” y en el acuerdo celebrado ayer “faltaban dos ministros”, según fuentes consultadas por la agencia Télam.
Hace un año, seis de los ministros de la Corte dispusieron en forma voluntaria reducir sus sueldos en un 15 por ciento y exhortar a los demás jueces de la Nación, a los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento a adoptar una medida “solidaria” de igual tenor. Entonces, sólo Petracchi, Boggiano y Augusto Belluscio se opusieron al descuento en sus haberes, al opinar que tenía carácter simbólico precisamente por ser voluntario.
En su voto Vázquez destacó la necesidad de escuchar la posición del Consejo de la Magistratura en cuanto al recorte. Sin embargo, en otro párrafo criticó a ese organismo y al Jurado de Enjuiciamiento. “Resulta imperativo destacar los excesos presupuestarios que se vienen produciendo en determinados organismos dependientes de este Poder Judicial, en particular aquellos de más reciente creación burocrática, tales como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, cuyos gastos representan una cifra varias veces millonaria que no tienen contrapartida en una efectiva actividad”, sostuvo el ministro.
Además de Vázquez, ya se había pronunciado Antonio Boggiano a favor de que todos los jueces hagan el esfuerzo de bajar sus sueldos, aunque en forma “provisoria”. Vázquez se mostró favorable con esa actitud pero “siempre que no se demuestre que ello encubra un ataque a la independencia de los magistrados”.
El sorpresivo pronunciamiento de la Corte, que ante los anuncios oficiales de recortes había dado señales de postergar una definición para después de la feria invernal, se produjo tras un encuentro que mantuvieron el martes por la tarde el ministro de Justicia Jorge de la Rúa y el presidente del alto tribunal Julio Nazareno.

 


 

NO EXPENDEN MEDICAMENTOS A AFILIADOS AL PAMI
Los abuelos no tienen remedio

Los jubilados no tienen remedio. Por si fuera poco, al recorte que sufren quienes perciben haberes mayores a 300 pesos, desde ayer la clase pasiva sumó un nuevo golpe. Las farmacias adheridas al PAMI suspendieron las prestaciones a los afiliados a la obra social. La Confederación Farmacéutica Argentina fundamentó la medida en el hecho de encontrarse impagos tres meses de prestaciones. La deuda reclamada asciende a unos 22 millones por cada mes. Las autoridades de la obra social sostienen que parte de la deuda ha sido cancelada y difundieron un comunicado de prensa adjuntando una boleta de depósito en el Banco Nación sucursal Plaza de Mayo.
La medida sólo será suspendida si se efectiviza el cobro del importe correspondiente a marzo y se formaliza un cronograma de pagos para abril y mayo, anunciaron hoy las cámaras empresarias farmacéuticas. Ante esta medida, el PAMI anunció que ya efectuó el pago de la mitad del mes de marzo y que está previsto el depósito de la otra mitad para las próximas horas. Aunque se efectivicen los depósitos prometidos, las negociaciones seguirían estancadas por la falta de un cronograma de pagos para los meses vencidos de abril y mayo.
El vicepresidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Hugo Robatta, señaló que a partir de la cero hora de ayer “se suspendieron los servicios y la medida continuará hasta que la obra social pague las prestaciones que adeudan de marzo y se establezca un cronograma a futuro”. El dirigente farmacéutico precisó que “la deuda que se mantiene con todas las farmacias del país es de 21.500.000 pesos mensuales, y al tener tres meses vencidos, el monto ronda los 65 millones de pesos”.
Mediante un comunicado de prensa, el PAMI informó que ayer efectuó “un depósito en la sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina por 11.500.000 pesos”. La información fue puesta en duda por los dirigentes del sector farmacéutico. En este punto, Robatta admitió que tuvieron “un llamado telefónico por parte de la obra social para informarnos que habían empezado a depositar a la industria farmacéutica una parte de la deuda de marzo, pero a nosotros no nos consta”. Además de relativizar los dichos oficiales, los dirigentes empresarios afirmaron que “las farmacias no han recibido ningún depósito del dinero del PAMI y, de todas maneras, necesitan cobrar todo el mes de marzo, o sea, no sólo 11.500.000 pesos sino 21.500.000 pesos”.
A través de un comunicado oficial, las autoridades del PAMI anunciaron que “hoy se efectivizará el depósito de otros 11 millones de pesos, con lo que se completaría el pago del mes de marzo”. Más allá de las promesas oficiales y del lógico reclamo de los farmacéuticos, los jubilados aparecen como uno de los sectores más perjudicados por el crack de las cuentas públicas.

 

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