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 El Ministerio de Economía
salió a aclarar ayer cuál será el alcance de la extensión
a las cajas de ahorro del impuesto a las Transacciones Financieras. “Sólo
se gravarán aquellas transacciones que se detecten como mecanismos
de evasión de movimientos que antes se hacían en cuentas
corrientes”, se dijo mediante un comunicado. Y el subsecretario de
Ingresos Públicos, José María Farré, se encargó
en conferencia de prensa de comentar, caso por caso, qué operaciones
en caja de ahorro deberán pagar y cuáles no. Sin embargo,
más allá de la “predisposición” que muestra
Economía de no gravar a las familias con el nuevo impuesto, existen
dudas sobre que ello no vaya a suceder en la práctica.
De acuerdo con el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso,
el impuesto con una tasa máxima de 6 por mil (0,6 por ciento) se
aplicará sobre “los créditos y débitos efectuados
en cuentas –cualquiera sea su naturaleza– abierta en las entidades
regidas por la Ley de Entidades Financieras”. Esto significa que
se busca extender el impuesto que hasta ahora regía para las cuentas
corrientes –con una tasa del 0,4 por ciento que Cavallo anunció
se llevará al 0,6 por ciento– a las cajas de ahorro.
La norma también plantea que, además, también serían
base imponible “todas las operatorias que efectúan las entidades
mencionadas... incluso a través de movimiento en efectivo”.
Según el proyecto, sólo estarán exentos del gravamen
“los créditos en cajas de ahorro o cuentas corrientes bancarias
hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación
de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en
dichas cuentas hasta el mismo importe.
Farré explicó los diversos casos que también estarían
exentos o que, por lo menos, Economía se compromete expresamente
no gravar cuando se reglamente la ley para no perjudicar a las familias
que utilizan las cajas de ahorro como reserva, precisamente, de sus ahorros.
Son los siguientes:
 El salario, para el caso de
los trabajadores en relación de dependencia, como ya se dijo, cuando
sea depositado en la caja de ahorro. Y el trabajador podrá extraer
hasta dicho monto de la caja sin pagar el impuesto. Farré aclaró
ayer que si el sueldo no se gasta a la largo del mes, entonces se irá
acumulando a la largo del año y por lo tanto también se
elevará, por el mismo monto, el límite de débitos
sin gravamen.
Si una persona tenía
acumulados fondos en su caja de ahorro hasta se entrar en vigencia el
nuevo impuesto, entonces podrá realizar en el futuro todos los
débitos necesarios hasta agotar ese stock de ahorro sin gravamen
alguno. Según Farré, los bancos tendrán la capacidad
de identificar el saldo acumulado y luego excluir de la base imponible
todos los retiros hasta dicho saldo.
Cualquier traspaso de fondos
de plazos fijos a caja de ahorro, y viceversa, no estará gravado
siempre que se realicen dentro del mismo banco. Tampoco se gravará
con el impuesto ninguna acreditación por interés o capital
de bonos o títulos en cajas de ahorro.
Según el comunicado
que emitió Economía por la tarde, también estarán
exentas “las extracciones habituales que las personas hagan en efectivo
de sus cajas de ahorro”. Sin embargo, tal como aclaró Farré
después, esto será así hasta el monto del salario.
En cambio, en el caso de los
monotributistas deberán pagar por dichas extracciones –así
como también por todos los débitos automáticos de
servicios públicos, tarjeta de crédito, etc.– una tasa
del 0,25 por ciento. En el caso de los trabajadores autónomos,
en tanto, deberán pagar la tasa será del 0,6 por ciento,
pero, supuestamente, en el futuro podría descontarlo como un pago
a cuenta de IVA o Ganancias.
Si un trabajador autónomo
o un monotributista cobrara por sus servicios en efectivo, y luego decidiera
pagar cash su tarjeta de crédito –según prometió
Farré– no estará alcanzado por el impuesto.
PANORAMA
NEGRO PARA EL FUTURO
Desocupación eterna
De acuerdo a un relevamiento
efectuado por la UCES (Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales),
apenas el 7,8 por ciento de las empresas del área metropolitana
(Capital y Gran Buenos Aires) prevé crear puestos de trabajo en
la segunda mitad del año, contra el 22,7 por ciento que planea
un recorte de personal y el 69,5 por ciento que no espera cambios en su
dotación.
Cavallo anunció ayer que hoy serían dados a conocer los
nuevos índices de desocupación, correspondientes a la encuesta
de mayo pasado. Sin embargo, el cronograma del Indec prevé tal
difusión para mañana. Sea como fuere, como adelantó
Página/12, la tasa de desempleo de todo el país se ubicaría
entre el 16,5 y 16,7 por ciento, sensiblemente por encima de octubre,
cuando fue del 14,7 por ciento. En tanto, en el Gran Buenos Aires, las
desocupación superaría el 17 por ciento.
De acuerdo al informe de la UCES, “el pesimismo de las empresas para
lo que resta del año se refleja también en que sólo
el 18,4 por ciento estima que la situación económica será
mejor en los próximos seis meses, mientras que el 31,2 por ciento
prevé que las condiciones económicas serán peores”.
Consultados por cuándo empezaría la tan ansiada reactivación,
apenas el 16,3 por ciento de los empresarios estima que comenzará
antes de fines de este año, como aseguró el ministro Domingo
Cavallo, mientras que el 31,2 por ciento apuesta a que se iniciará
en el primer semestre del 2002 y un nada despreciable 19,8 por ciento
asegura que no habrá recuperación hasta la segunda mitad
del año próximo.
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