Por Adriana Meyer

La causa sobre la venta ilegal de armas, que encerró al ex presidente Carlos Menem, está muy cerca de llegar a la Corte Suprema. La Cámara Federal resolverá entre hoy y mañana el recurso extraordinario presentado por la defensa del detenido Emir Yoma para que la Corte Suprema revoque el procesamiento y la prisión preventiva que le dictó el juez Jorge Urso como “organizador” de una banda que habría exportado armas en forma clandestina a Ecuador y Croacia. Y decidiría rechazar la presentación. En tal caso, Yoma irá al Supremo Tribunal en queja. El fiscal de Cámara le había dado la razón al ex cuñado de Menem y el servicio jurídico del Ministerio de Justicia, que también opinó porque es querellante en el caso, lo hizo a medias. Si los jueces supremos aceptan analizar el expediente se pronunciarán sobre la polémica figura de la asociación ilícita que Menem habría encabezado.
El 13 de junio los abogados Zenón Alejandro Ceballos y Mariano Cúneo Libarona cuestionaron las pruebas que sustentaron el procesamiento de su cliente Yoma, detenido desde hace más de tres meses en Campo de Mayo. En un extenso escrito, y con numerosas citas de jurisprudencia de la Corte Suprema, sostuvieron que la decisión de Urso “violentó, por su arbitrariedad, garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional”. Los defensores coincidieron en que el “veredicto” de Urso equivale a una “sentencia definitiva” porque la prisión preventiva y la denegatoria de excarcelación, por limitar la libertad ambulatoria, significan la “restricción” de esa garantía constitucional. Y criticaron la versión del ex interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, que recuperó la libertad tras dos años y medio de cárcel, luego de acusar al empresario riojano.
El criterio tradicional de la Corte fue, durante mucho tiempo, el de excluir del ámbito de su conocimiento los recursos extraordinarios interpuestos en materia de prisión preventiva porque tales resoluciones no eran sentencias definitivas y porque la excarcelación es materia ajena a la jurisdicción extraordinaria de la Corte. Cuando le tocó opinar el fiscal de Cámara Germán Moldes coincidió con la visión de la defensa de Emir Yoma, en el sentido de equiparar la decisión de Urso con una sentencia definitiva. Si bien Moldes no se expidió sobre la cuestión de fondo, dictaminó en favor del recurso extraordinario presentado por Ceballos y Cúneo Libarona. El funcionario admitió que su postura hasta el momento había sido otra pero recalcó que “se hace imposible continuar sustentando el antiguo criterio” ante lo resuelto en el “caso Alderete”. La Corte ordenó recientemente que se dictara un nuevo fallo sobre la situación del ex funcionario menemista. Y la Sala II revocó la prisión preventiva de Alderete, aunque el ex presidente del PAMI continúa detenido porque también se le había impuesto esa medida como presunto jefe de una asociación ilícita.
El fiscal de Cámara mencionó también las “especiales circunstancias” que presentan los hechos, “en los que se investiga la actuación de las otrora máximas autoridades de la República” que, “sumadas a su naturaleza y gravedad, justifican satisfacer de la manera más amplia el derecho de defensa en juicio”. Moldes concluyó que si el expediente llega a la Corte se podrían aclarar algunas “críticas” a la instrucción del sumario que “podrían traducirse en litigios de carácter internacional para el Estado Argentino”.
Esta causa tiene como querellantes al abogado de los vendedores de armas ecuatorianos, Miguel Botello, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y al Servicio Jurídico del Ministerio de Justicia. Esa dependencia reemplazó a la Procuración del Tesoro como representante del Poder Ejecutivo en la causa, que intervino como querellante a partir de un decreto firmado por Menem en 1996. Su titular Mario Resnik estuvo de acuerdo con el planteo de Yoma desde el punto de vista procesal, en elsentido de que corresponde que la Corte trate el asunto. Pero mantuvo los argumentos a favor de la prisión preventiva del riojano.
Ahora la Sala II de la Cámara Federal porteña deberá pronunciarse y rechazaría la pretensión con un razonamiento técnico, sin entrar en la cuestión de fondo. Eso lo hará cuando Urso le envíe el expediente, que aún debe recibir la ratificación de las apelaciones de cinco imputados. Mientras tanto, el caso llegará a la Corte de todos modos. En el ambiente tribunalicio opinan que los ministros se tomarán su tiempo para estudiarlo y que no es seguro que, cuando terminen, se pronuncien en favor del ex presidente.

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