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Por Eduardo Videla
 Las inundaciones de febrero
tuvieron una derivación insospechada para el secretario de Obras
Públicas porteño, Abel Fatala. La denuncia de una vecina
afectada por la crecida desembocó en una investigación judicial
de supuestas irregularidades en la contratación de una obra para
remodelar el despacho del funcionario y otras oficinas de la secretaría.
Esa misma dependencia fue allanada ayer por orden del juez en lo Correccional
Fernando Pigni, a pedido del fiscal Marcelo Martínez Burgos, quien
imputa al propio Fatala y a su subsecretario José Luis Calvo de
los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento
de los deberes de funcionario.
La obra de remodelación del despacho de Fatala, el de su secretaria
privada, una sala de espera y otra de reuniones, costó 148.000
pesos. El problema no es el monto, sino la forma en que se contrató
el trabajo: según fuentes de la fiscalía, la factura que
presentó la empresa para cobrar la obra “es apócrifa”,
la firma que la realizó no está en los registros de proveedores
del gobierno porteño, como exige la ley, y las tres empresas que
se presentaron al concurso previo de precios “están vinculadas
entre sí, lo que indicaría que la operación fue armada”.
Desde la secretaría, el que dio explicaciones fue el subsecretario
administrativo, José Luis Calvo. “La obra se hizo de acuerdo
con el decreto 116/99, firmado por el presidente Fernando de la Rúa,
que establece una modalidad de contratación que no requiere de
licitación ni publicación previa, cuando se trate de compras
u obras que deben hacerse con urgencia”, dijo el funcionario a Página/12.
–¿La remodelación de un despacho puede considerarse
como una obra urgente?–, preguntó este diario.
–En este caso sí, porque el despacho estaba deteriorado y
había que hacer un tendido de cables para Internet. La obra debía
realizarse en verano, cuando la mayoría de la gente estaba de vacaciones.
Según Calvo, la remodelación abarcó 210 metros cuadrados.
La empresa que realizó el trabajo es Urbano SA, cuyo presidente
es Néstor Hernáez. El fiscal Martínez Burgos descubrió
que la factura emitida por la firma para cobrar el trabajo no fue hecha
en la imprenta citada en la boleta, dato que fue corroborado en la AFIP.
Y que sus directivos también cumplían funciones en otra
de las empresas que se presentó al concurso. El fiscal sostiene
además que la obra fue pagada el 16 de enero, antes de su finalización.
Como ejemplo, de la investigación surge que por una puerta se presupuestaron
4000, 4100 y 4200 pesos. “En las tres ofertas hasta se repetían
los mismos errores de ortografía –graficó una fuente
cercana a la causa–. Y el directivo de una de las empresas es un
director de Contrataciones del Congreso nacional”.
La denuncia que originó la causa fue formulada por Alicia Schmoller,
una vecina de Belgrano damnificada por las inundaciones de febrero. La
mujer, junto a otros vecinos, hizo declaraciones públicas sobre
presuntas irregularidades en la remodelación del despacho de Fatala,
y tiempo después denunció ante la policía que había
recibido amenazas por parte del subsecretario Calvo. A partir de entonces,
el fiscal comenzó a investigar al funcionario por la presunta intimidación,
y agregó a la causa la denuncia de la contratación.
El fiscal estudia ahora si amplía la imputación contra los
funcionarios y los empresarios a los delitos de defraudación a
la administración pública y ocultamiento de pruebas. “Se
pidió en reiteradas oportunidades documentación a la secretaria,
y nos enviaron lo que ellos quisieron. Por eso hubo que ordenar allanamientos”,
dijo el fiscal a Página/12.
Tres
policías baleados
Tres suboficiales de la Policía
Federal, uno de ellos en situación de retiro, fueron heridos durante
otros tantos enfrentamientos con delincuentes, dos de ellos ocurridos
en Berazategui
y el otro en Morón. Voceros de la fuerza informaron anoche que
los policías se encuentran internados en el Hospital Churruca y
el estado de los tres es grave.
Al suboficial auxiliar retirado José Bogarín, de 54 años,
sereno de la papelera Massuh, de Berazategui, lo hirieron en un enfrentamiento
con tres hombres que intentaron robar en el lugar. El suboficial Alejandro
Dáquila, de la comisaría 13ª, se tiroteó con
dos jóvenes en un locutorio de Berazategui propiedad de su esposa,
Patricia Di Chiano.
El tercer episodio ocurrió en una ferretería de Castelar.
El suboficial José Velázquez, de la comisaría 36ª,
estaba de civil, pero igual intervino para evitar un robo.
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