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 El paro convocado por las dos
CGT y la CTA se efectuó ayer con alto nivel de acatamiento en todo
el país. En la Capital Federal, Gran Buenos Aires, Mendoza y Mar
del Plata se produjeron atentados contra colectivos, trenes y taxis, pero
no hubo víctimas, al tiempo que piquetes de desocupados cortaron
rutas de acceso y los partidos de izquierda realizaron escraches y actos.
La habitual polémica por la evaluación del paro entre sindicalistas
y Gobierno pasó a un segundo plano, esta vez a raíz del
buscapié que lanzó la ministra de Trabajo Patricia Bullrich
sobre los sueldos de los dirigentes gremiales, así como por una
fuerte campaña oficial contra los paros como herramienta de lucha
de los trabajadores. Pero también, en medio de la paralización
de actividades, se difundió ayer que el índice de desempleo
trepó al 16,4 y seguía el suspenso por la discusión
del ajuste en el Parlamento nacional y en la provincia de Buenos Aires,
cuyo gobernador advirtió que estaba al borde de la cesación
de pagos.
Tanto Rodolfo Daer, titular de la llamada CGT oficial, como Hugo Moyano,
de la CGT rebelde, y Víctor de Gennaro, de la CTA coincidieron
en estimar que el paro tuvo un acatamiento de alrededor del 95 por ciento
en todo el país, y que este respaldo a la protesta debe entenderse
como un rechazo al ajuste y a la política económica del
gobierno nacional. “Es un cachetazo a la política del Gobierno,
que está cada vez más autista”, aseguró De Gennaro.
Las cifras policiales arrojaban de la misma manera un alto acatamiento,
aunque destacaban que los mayores índices de ausentismo se daban
en el sector público y en el de los transportes y que bajaba en
la industria y más en los sectores bancario y de comercio que en
muchas provincias se desarrollaron con cierta normalidad. Según
esas cifras, en algunas ciudades el ausentismo en el sector público
fue casi total, alrededor del 89 por ciento entre los maestros y el transporte
público de pasajeros, y menos del 60 por ciento en el sector industrial.
En las provincias patagónicas fue imposible estimar el impacto
de la convocatoria gremial por las fuertes nevadas y el frío. Y
en el caso de los docentes, el paro se cumplió en la Capital Federal
y la provincia de Buenos Aires, porque en los demás distritos ya
entraron en el período de vacaciones de invierno.
En la Capital, los subtes funcionaron con diagramas de emergencia, al
igual que el servicio ferroviario, que en el caso del Gran Buenos Aires
llegó a circular con un tren cada hora y media. El escenario en
el centro de Buenos Aires fue de un intenso tránsito de automóviles
particulares y de taxis y prácticamente ningún colectivo.
El transporte aéreo, según la información policial,
funcionó al 50 por ciento ya que algunos vuelos de cabotaje debieron
ser anulados. En el caso de Aerolíneas Argentinas, debió
suspender todos sus vuelos a raíz del alto acatamiento al paro
por parte de los técnicos aeronáuticos.
Un colectivo, dos vagones de un tren y un taxi fueron incendiados entre
la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Buenos Aires.
El colectivo se incendió cuando estaba estacionado en la localidad
de Tapiales, en La Matanza, en tanto que dos de los cinco vagones de un
tren se incendiaron a la medianoche en la estación Malaver cuando
se dirigía de Retiro a José León Suárez. El
tercer caso sucedió en la madrugada de ayer cuando tres hombres
arrojaron una bomba incendiaria a un taxi que circulaba por Palermo. En
Mar del Plata, rompieron con piedras y bulones los parabrisas de seis
colectivos y en Mendoza se atentó también contra un colectivo
y se efectuaron dos atentados prácticamente sin consecuencias contra
la empresa de energía eléctrica.
Por su parte, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad en las
vías de acceso a la capital para impedir que fueran cortadas por
piqueteros, pero de todas maneras se produjeron cortes de rutas en diversos
puntos del país. Los accesos a la ciudad de Mar del Plata fueron
cortados desde la mañana hasta la tarde por grupos de la Corriente
Clasista y Combativa, elMovimiento Teresa Rodríguez y de la CTA.
Estos mismos grupos efectuaron cortes en la ciudad de La Plata, La Matanza,
Puente La Noria y en Florencio Varela, aunque en algunos casos, el granizo
obligó a levantarlos. A su vez hubo piquetes de desocupados en
Rosario, Catamarca y Chaco, y en Mar del Plata, Córdoba y Mendoza
se efectuaron marchas por las zonas céntricas. En tanto, el MST
y el PTS realizaron escraches frente a la Quinta residencial de Olivos,
frente al domicilio del ministro de Economía, Domingo Cavallo y
la Bolsa de Comercio en el centro de la ciudad.
Con este panorama, Daer, Moyano y De Gennaro, coincidieron en evaluar
como un éxito la medida de fuerza, en tanto que el gobierno prefirió
no discutir las cifras de acatamiento, para subrayar en cambio”la
ineficacia de los paros como medidas de protesta”. Al promediar la
mañana, el ministro del Interior, Ramón Mestre y el secretario
de Seguridad, Enrique Mathov realizaron un reconocimiento en helicóptero
de la ciudad.
Posteriormente, el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac,
aseguró que el paro se desarrollaba con “tranquilidad y sin
incidentes”. “El país tendría que tener por lo
menos una tregua –aseguró el funcionario, que no quiso evaluar
la efectividad del paro– porque la sociedad está harta de
dirigentes gremiales, de dirigentes piqueteros, que extorsionan su diario
convivir”.
A todo esto, la ministra de Trabajo había hecho circular información
sobre los salarios de dirigentes sindicales como Daer, Armando Cavalieri
y Moyano. En el caso de los dos primeros, las sumas eran mayores que lo
que perciben los ministros y en el de Moyano se apuntaba la propiedad
de campos y casas. “Da lo mismo que gane diez o 20 mil pesos por
mes, porque ese no es el problema” fue la respuesta de Cavalieri
a los periodistas, en tanto que Moyano dijo que quienes quisieran podían
ir a esos supuestos campos y llevarse lo que encontraran.
El secretario de prensa de la CGT rebelde, Julio Piumatto, mostró
a su vez los altos sueldos de un hermano y del esposo de la ministro Bullrich,
quienes están contratados por ese Ministerio. Y cuando la ministra
ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el paro se
vio en apuros para responder la acusación de los gremialistas (ver
aparte). La ministra afirmó “no daremos cifras (de acatamiento
al paro), mientras la voluntad de los trabajadores no sea absolutamente
libre, hasta que un trabajador pueda decidir democráticamente si
quiere ir a un paro y tenga los medios necesarios para llegar a su trabajo”.
Bullrich aseguró que el paro “fue decidido teniendo en cuenta
las necesidades de los dirigentes gremiales y no las necesidades de la
gente”.
Pese a la fuerza del paro, ese no fue el tema de preocupación principal
del presidente Fernando de la Rúa quien se reunió por la
mañana en la Casa de Gobierno con el ministro de Economía,
Domingo Cavallo y con el vicejefe de gabinete, Armando Caro Figueroa para
evaluar “la tarea de articulación de consenso en el Parlamento
que requiere la sanción de las leyes” enviadas por el Poder
Ejecutivo en el marco del plan de ajuste destinado a lograr el déficit
cero. Según la información oficial sólo unos momentos
de la reunión fueron destinados para analizar el paro de actividades.
De la misma manera, la mayoría de los políticos y legisladores
apenas le prestó atención a la medida de fuerza, ya que
se encontraban de lleno en las negociaciones con respecto al ajuste, en
especial con el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, quien amenazó
con la cesación de pagos si la Alianza no destraba la situación
en la legislatura provincial.
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Los parientes de Bullrich
El vocero de la CGT rebelde, Julio Piumato, fue el encargado de
tirarle un duro misil a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.
“La Piba”, como le dicen los sindicalistas a la ministra,
había afirmado esta semana que “el costo sindical”
argentino llegaba a 1200 millones de pesos anuales sólo en
salarios. En respuesta, Piumato denunció ayer que el marido
de Bullrich, Guillermo Yanco, gana como jefe de gabinete de su esposa
6600 pesos y que su hermano, Martín Bullrich, cobra 4752
ocupando el mismo cargo en una subsecretaría del ministerio.
Flanqueada, Bullrich dio explicaciones confusas, afirmando que ambos
fueron nombrados “por su calidad profesional”, pero que
los nombramientos fueron realizados “por aquellos funcionarios
que están en el lugar”, frase que no aclaró.
En lo que sí fue precisa la ministra fue en afirmar que su
marido gana en realidad 5207 pesos y su hermano 3892, corrigiendo
para abajo las cifras de Piumato. Bullrich recordó además
que esos salarios eran más altos pero que ella ya aplicó
un “contundente” recorte en su cartera.
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“Se podría
haber evitado”
“Se podrían haber evitado hasta todas estas huelgas.
Estábamos conversando con la dirigencia sindical, empresaria,
y todos en el país se dan cuenta de que hay que tomar medidas,
que no puede seguir así.” Mientras la mayoría
de los políticas pasaban el día de ayer pendientes
de las negociaciones por el ajuste en el Congreso, Raúl Alfonsín
ensayó una defensa de los dirigentes sindicales. “Estaban
dispuestos a colaborar y ayudar,” dijo el dirigente radical,
“pero de pronto se les cerró todo camino de la discusión”.
Para el ex presidente, el problema es el ajuste que “así
como a mí no me gustó, a diputados de la Alianza,
a sindicalistas, a muchos dirigentes políticos no les gustó”.
Alfonsín aclaró que considera “histórica”
la iniciativa de lograr el déficit cero, pero que falta “discutir
la implementación”. “Lástima que por una
actitud que se tomó, que no me corresponde juzgar porque
no es mía pero deploro, no se haya iniciado el diálogo
el domingo mismo con el propósito de poder decirle con gran
orgullo que todo el país esta de acuerdo en iniciar una nueva
etapa.”
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OPINION
Por J. M. Pasquini Durán
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DESOBEDIENCIAS
Las encuestas previas repitieron el dato: las cúpulas sindicales
no tienen la confianza
de dos tercios o más de la población. Sin embargo,
cuando convocan a la huelga, como sucedió ayer, la adhesión
masiva es superior al porcentaje del descrédito. Esa contradicción
aturde a más de uno, sobre todo a los gobiernos, cada vez
que intentan explicaciones automáticas de relación
causa/efecto o diseñan estrategias publicitarias para contrarrestarlas.
Las confusiones en el gobierno, sobreactuadas por lo general, son
consecuencias de la propia lógica de autojustificación.
Si reconocieran los verdaderos motivos del descontento popular tendrían
que modificar las decisiones que lo provocaron hasta desalentarlo,
en lugar de excitarlo con descargas de injusticia como las que contiene
la flamante rebaja de salarios estatales y de jubilaciones mayores
a trescientos pesos mensuales. Además, en lugar de abrir
cauces flexibles para la expresión popular, que renovaría
la legitimidad de los mandatos, pretenden que el resultado de las
urnas que los depositó en las sedes gubernamentales, en nombre
de programas prometidos pero incumplidos, tengan valor plenipotenciario
absoluto, no importa cuál sea su conducta. De ese modo, aunque
sus dirigentes estén desprestigiados, los sindicatos quedan
como la vía posible para la protesta pacífica de los
perjudicados y disconformes.
Las huelgas episódicas, por cierto, tienen menos influencia
que la presión cotidiana de los llamados “mercados”,
pero sin el ejercicio de este derecho constitucional todo sería
peor. Esa opinión, fundada en numerosas experiencias, sabe
que la inconsecuencia en la lucha de algunas cumbres sindicales
en ocasiones resultó funcional a los gobiernos impopulares,
razón, entre otras, para que ninguno, militar o civil, haya
facilitado la renovación democrática de esos dirigentes,
amparándolos cada vez que están en peligro de ser
desbordados. Han sobrevivido inclusive a la feroz represión
del terrorismo de Estado contra luchadores sociales y delegados
de fábricas, y fueron invitados para la foto oficial también
por este gobierno, y lo serán de nuevo cada vez que los necesiten.
En contrapartida, ese sindicalismo gerencial necesita actuar como
válvula de desahogo de sus bases a fin de retener el control
de las instituciones que los justifican. Aun a sabiendas de esa
relación incómoda, los que luchan de verdad por la
justicia social, en tanto construyen influencias y fuerzas orgánicas
propias, tienen que sumarse a la protesta generalizada al tiempo
que tratan de darle continuidad a la actividad de resistencia. Esa
trama, tejida por innumerables hilos argumentales y de práctica
social, no puede reducirse a blanco y negro, como pretende el bullanguero
discurso de la ministra Patricia Bullrich, devenida en fiel escudero
de las políticas de ajuste, ni al forzado optimismo de esos
resistentes que desean ver en jornadas como la de la víspera
ciertas inflexiones decisivas en la dirección de los asuntos
públicos.
El liderazgo sindical de facto también es consecuencia de
las vacantes que dejaron los partidos políticos como los
cauces superiores para la representación de intereses, sustituidos
por nuevas formas de corporativismo que resultan de la lógica
predominante de acumulación del capital. Como parte de la
cesión de espacios, también hay que computar el traslado
de influencias a los mayores medios masivos de difusión en
la elaboración de las agendas públicas y en la captación
de los reclamos sociales, a punto tal que los partidos, más
que creadores de opinión, son consumidores de mensajes. En
el prestigio dañado de las representaciones político–institucionales
repercuten las prácticas mismas de las actividades partidarias,
que están desconectadas de la sociedad hasta volverse redundantes
para la confrontación de intereses diferentes o, como se
decía antes, para la lucha de clases, tal como se da en la
actualidad de economías transnacionalizadas y de hegemonía
del capital financiero que ha relegado al capital productivo. Hoy
en día son los bancos, los fondos de inversión y las
empresas monopólicas de servicios los que cortan el bacalao.
Desde esas posiciones, el modelo de sociedad que desean es aquella
donde la rentabilidad alcance la máxima cota posible, con
la uniformidad del salario en niveles inferiores a los cuatrocientos
pesos mensuales, con una masa de desocupados que actúe como
disciplinador social porque la sola presencia de esa amenaza paraliza
a los que conservan el trabajo por miedo a perderlo, así
sea precario o en negro, y con una minoría de beneficiarios
que prescinda de conceptos como el bien común o la solidaridad.
Para este pensamiento, la anterior sociedad argentina de extendidas
capas medias, es “inviable” y debería ser sustituida
por otra dual, polarizada al extremo.
Es obvio que la formación de una sociedad de esas características
sería más confortable sin la democracia, aun tan imperfecta
como la actual. El autoritarismo político le acomoda mejor,
porque evita las deliberaciones legislativas y restringe la protesta
social aunque tenga que apelar a la represión directa. Los
derechos humanos son indivisibles de los económicos y sociales.
Nicolás Gallo, colaborador directo del presidente Fernando
de la Rúa, lo ha dicho sin vueltas: “Sería bueno
que cerraran la boca las disidencias políticas por doscientos
días”, al menos hasta la próxima Navidad. Carlos
Menem, desde su celda–country, lo propuso de otro modo: “Hay
que suspender las elecciones de octubre próximo y unificarlas
en el 2003”. En ese cuadro, no debe ser casual que después
de las conquistas de los piquetes en La Matanza y en otros lugares,
la violencia represiva se haya cebado en General Mosconi para evitar
que el método se extienda sin control. En esa misma línea
de control social, Ricardo López M., durante su paso por
la cartera de Defensa, señaló a la pobreza como una
de las modernas hipótesis de conflicto para las fuerzas armadas.
A estas alturas, es obvio que el prestigio y la autoridad de Domingo
Cavallo sobre “los mercados” andan por los suelos, porque
a pesar de su iniciativa, las demandas de quienes controlan los
resortes principales de la economía, sobre todo de los acreedores
de la insoportable deuda pública, sólo podrán
satisfacerse cuando los sacrificios sociales sean impuestos sin
contemplaciones electorales o de circunstancias y además
que sean consentidos, así sea a la fuerza, por los sacrificados.
El problema es que ningún partido puede sostener la democracia
si accede a la demanda de “los mercados”, excepto que
se implante un régimen similar al que predominó en
México durante décadas, cuya definición más
certera la dio el conservador Mario Vargas Llosa: “Se trata
de una dictadura, cuyo fascismo sólo es atenuado por la corrupción”.
Otro tanto puede aplicarse al gobierno de Fujimori en el Perú
que clausuró el Congreso y los tribunales, entre aplausos
de buena parte de la población, harta de la ineptitud y corrupción
de jueces y legisladores.
Los partidos políticos, los sindicatos y el frente productivo
de empresarios industriales y rurales tendrán que elegir
las chances de sostener y ampliar la democracia, como punto de partida
para el debate acerca de los caminos futuros de la economía,
en lugar de hacerlo al revés. En tanto persistan en debatir
variantes del mismo modelo, están condenados sin remedio
al fracaso, y encima tendrá que aceptar los riesgos, para
ellos y para la mayoría de la población, que supone
la implantación de la sociedad que sueñan los extremistas
conservadores del programa y del partido únicos. Esa es la
verdadera encrucijada de este tiempo y por eso resulta tan difícil
pronosticar aun el futuro más inmediato. Para un lado o para
el otro, la decisión es tan importante que parece superar
la capacidad de cuantos tienen alguna influencia en la toma de decisiones
de las políticas públicas. No son momentos para que
los ciudadanos deleguen asuntos de semejante trascendencia sin tratar,
por lo menos, de incidir en las determinaciones de fondo, antes
de ser condenados a la soledad de por vida. En determinadas circunstancias,
la desobedienciacivil resulta una virtud, si se aplica a la defensa
de la libertad, la justicia y la convivencia en paz. La contundencia
de la huelga probó que hay disposición en el ánimo
popular para hacer algo para cambiar el rumbo dañino, aunque
todavía tengan que aceptar líderes provisionales a
falta de referencias mejores.
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