Por Sergio Moreno

El día venía complicado pero los negociadores radicales y frepasistas se esforzaban para conciliar sus propuestas alternativas al ajuste impulsado por el Gobierno para llegar al ansiado déficit cero. Cuando una tímida esperanza despuntaba en la Cámara de Diputados, un fax que según los legisladores provenía de la Jefatura de Gabinete desató nuevamente la tormenta. Era un nuevo plan que subía a 500 pesos el piso del recorte a los jubilados a cambio de otro impuestazo, a saber: incrementar el IVA para el transporte, imponerlo para artículos de primera necesidad, aumentar el precio del gasoil, gravar las operaciones en cajas de ahorro, además de cobrar el valor agregado sobre los montos percibidos y no devengados. Con todo esto, el recorte a los empleados públicos no se modificaba un ápice en relación al viejo proyecto oficial. Tras conocer el texto, los radicales montaron en cólera al punto de negar la existencia del nuevo proyecto, pero un funcionario de la Jefatura de Gabinete dijo a este diario que la propuesta existía. Al cierre de esta edición, el presidente Fernando de la Rúa encabezaba una reunión en la Casa Rosada, con sus principales ministros y las autoridades de la Cámara y del bloque radical para calmar los ánimos y tratar de concertar una posición común. Y poco después de la medianoche, en “Hora Clave”, Patricia Bullrich negó que el proyecto fuera del Gobierno.
El contundente paro general que concretaron ayer las tres centrales sindicales no calmaron la frenética actividad de las distintas bancadas de Diputados en el Congreso nacional y en la Casa Rosada. Ya por la mañana, De la Rúa se reunió con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y mantuvo conversaciones telefónicas con el titular de la Cámara baja, Rafael Pascual, para monitorear las negociaciones en el Parlamento.
Allí, el bloque radical discutía a dos bandas: con el peronismo la concreción de una sesión para hoy donde se aprobase el proyecto generado en el la bancada oficialista; y con el Frepaso, cuyos integrantes estaban empeñados en atenuar aun más el recorte a los jubilados que el que era impulsado por sus socios radicales.
La propuesta radical, que anoche se mantenía inamovible, intenta elevar el recorte de haberes a los jubilados y empleados públicos que cobren más de 1000 pesos y, para mantener el axioma del déficit cero, adoptar cuatro medidas:
suspender hasta el 1º de enero la rebaja de 10 centavos en el precio de la nafta,
aumentar cuatro por ciento los aportes patronales de las empresas privatizadas,
crear un gravamen a las comisiones de las AFJP y
postergar hasta el 2002 la restitución del impuesto a las ganancias.
Los frepasistas acordaban en general con esta propuesta, pero disentían en los montos del recorte. Para los frentistas, el recorte a los jubilados debería efectuarse desde haberes superiores a 2000 pesos –aunque podrían negociar un piso de 1500– y no tocar los salarios de los empleados públicos.
La discusión con el peronismo pasaba por la concreción de la sesión de hoy para aprobar el proyecto y así calmar (si ello es posible) los ánimos de los voraces mercados. El PJ estaba dispuesto a dar quórum siempre y cuando radicales y frepasistas acordasen un mismo proyecto. Por supuesto que el PJ votaría en contra, pero facilitaría la realización de la sesión.
Realización que también esta atada de lo que ocurriese al otro lado de la General Paz. Con un ojo puesto en la Legislatura bonaerense, peronistas y radicales especulaban con los quórums necesarios en la Cámara provincial y la nacional: si los legisladores provinciales de la Alianza votaban las leyes de bonos y recorte que necesita Carlos Ruckauf, los legisladores nacionales del PJ representantes de la provincia apoyarían el recorte nacional.
Todo se complicó a partir de las 18.30, cuando el fax llegó a manos de los diputados nacionales. Era una nueva propuesta de ajuste con el aditamento de un flamante impuestazo. Alguna versión adjudicó la factura de la iniciativa al vicejefe deGabinete, el cavallista Armando Caro Figueroa. Al diputado radical Raúl Baglini –uno de los negociadores de la bancada– le llegó por boca del operador del ministro de Economía Horacio Tomás Liendo (h).
La propuesta, que ratifica el decreto 896 de déficit cero, consistía en:
Subir el piso del recorte a los jubilados que cobran más de 500 pesos a cambio de,
recortar el salario a todos los empleados públicos,
imponer el IVA del 21 por ciento a los trasportes públicos,
a los alimentos frescos (carnes y verduras),
aumentar a 80 centavos el precio del gasoil,
imponer el gravamen del seis por mil a los movimientos de caja de ahorro y
cobrar el IVA sobre los montos percibidos y no los devengados tal como ya lo había anunciado Domingo Cavallo.
Los diputados peronistas –que calcularon entre 2.500 y 4000 millones los ingresos por el impuestazo diseñado en el fax– leían el texto atónitos. Reacción bastante diferente a la que tuvieron los radicales.
–Che, ¿qué significa este nuevo proyecto? –le preguntó el peronista Oscar Lamberto a Baglini.
–Ni siquiera lo leas –respondió el radical.
“Vamos a convocar a sesión para mañana (por hoy) con un proyecto que reconoce la existencia de la crisis, pero a diferencia del oficial cierra los agujeros normativos y contiene equidad”, dijo a Página/12 Jesús Rodríguez, tomando como referencia el decreto 896 de déficit cero y, por contraposición, negando cualquier posibilidad de siquiera considerar la sorpresiva iniciativa. Otro importante diputado del oficialismo fue más duro que Jesús: “Estamos contra la torpeza y la impericia de los que creen posible una política sin soporte legislativo y sin legitimidad social”, dijo a este diario, pidiendo reserva de su identidad.
El radicalismo atesoraba la intención de sesionar hoy. De hecho convocaron al plenario. Pero las dudas sobre el debate crecieron con el nuevo proyecto. El peronismo tenía ánimo de bajar al recinto, siempre y cuando se convoque para la tarde y la bancada de la Alianza acordase una posición común. El PJ aportaría al quórum y votaría en contra del recorte.
En Gobierno entendieron que nada sería posible en este clima. Anoche, el presidente De la Rúa convocó a una reunión en su despacho de la Rosada. Al cierre de esta edición, en la sala de reuniones estaban discutiendo acaloradamente el recorte, además del Presidente, Colombo, Cavallo, el ministro del Interior Ramón Mestre –que a la tarde había estado negociando telefónicamente con Ruckauf y el senador Leopoldo Moreau el apoyo aliancista al recorte bonaerense–, el secretario general Nicolás Gallo y los diputados Pascual, Baglini, Jesús Rodríguez, Eduardo Santín y el titular del bloque Horacio Pernasetti.

PIDIO SILENCIO HASTA NAVIDAD
Gallo, desafinado

Esta vez no fue el vocero presidencial Juan Pablo Baylac, sino el usualmente parco Nicolás Gallo quien generó una lluvia de críticas para el Gobierno. Gallo sugirió, en declaraciones periodísticas, que los políticos deberían hacer una “tregua nacional de silencio de 200 días”. Esto es, hasta las fiestas navideñas. Los primeros enfadados fueron sus correligionarios radicales. El más furioso, el ex presidente Raúl Alfonsín, respondió que la dirigencia “debe discutir como corresponde” en un país democrático.
Según declaró el secretario general de la Presidencia a La Nación, sólo a salvo de “la política y la politiquería” el país saldría adelante en este contexto de crisis. “Nos encontramos en Navidad y vemos cómo cambió todo.” Las respuestas no se hicieron esperar. El diputado radical Jesús Rodríguez lo trató de poco serio: “No es posible imaginar un presidente democrático como De la Rúa y que su secretario general tenga una posición aristocrática, donde parece que sólo los patricios pueden hablar y los plebeyos deben guardar silencio”. Rodríguez sostuvo, además, que la democracia son instituciones funcionando, equilibrio de poderes y seriedad de los dirigentes.
Alfonsín, cansado de que lo acusen de ser un obstáculo para la mejora de la economía, dijo estar sufriendo una campaña de prensa que hace que se lo considere “un cuco izquierdista peligroso”. Por ello ironizó: “Tengo un poder extraordinario, puedo hacer lo que quiero. Soy el culpable de que haya un 40 por ciento de trabajo en negro, de que se haya liquidado la pequeña y mediana empresa, de que no haya economías regionales en condiciones de seguir adelante, y de toda la desocupación”.

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