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Por Horacio Verbitsky
 Los documentos de la Comisión
del Senado de los Estados Unidos presidida por el senador Carl Levin prueban
que el ministro de la Corte Suprema de Justicia Enrique Petracchi no cobró
la transferencia por 580.000 dólares realizada a su nombre el 14
de julio de 1998, en la cuenta del Federal Bank en el Citibank de Nueva
York. La transferencia fue devuelta desde Nueva York por razones aún
no especificadas. En el primer caso figura como débito del Federal
Bank y en el segundo como crédito a favor del banco del escribano
Raúl Juan Pedro Moneta. Así se desprende de la documentación
remitida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge de la Rúa
al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el caso. Al día
siguiente volvió a girarse la misma suma, esta vez a nombre de
Alberto Federico Petracchi, primo del juez y hombre de confianza de Moneta,
el principal accionista del Federal Bank. Alberto Petracchi ya había
declarado ante Canicoba que él cobró ese dinero que “se
relaciona con mi actividad profesional y mis negocios”.
El ministro de la Corte Suprema dijo ayer a este diario que estaba agradecido
a los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez por no
haber manoseado su nombre, pese a que figuraba en las cajas con los papeles
del Federal Bank. También anunció que ahora que ha quedado
establecido que no cobró ese dinero querellará penalmente
al contador mendocino Luis Balaguer, quien hace cuatro meses dijo que
esa transferencia era el pago a Petracchi por su voto en favor del aumento
de las tarifas telefónicas. De la Rúa envió la información
a la justicia anteayer. Según su nota a Canicoba los resúmenes
de la cuenta 3601-7146, del Federal Bank ante el Citibank NA de Nueva
York corresponden a las fotocopias en poder de la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Enrique Petracchi también
dijo que iniciará una acción civil para que su primo revele
quién y por qué involucró al juez en una operación
a la que era ajeno. Dada la amistad de su primo con Moneta, “él
es la persona indicada para explicar tan curioso error”, dijo. Añadió
que con la información oficial difundida ahora también estaría
en condiciones de obtener resarcimiento en juicios civiles contra los
periodistas que dieron por buenas las acusaciones de Balaguer sin verificarlas
ni escuchar sus desmentidas o al menos analizar su conducta en el caso
del rebalanceo telefónico. Pero agregó que no lo hará
“por respeto a la libertad de prensa que he defendido en todos mis
votos en la Corte Suprema. Sólo les pido que reflexionen sobre
el daño que causan con una conducta tan liviana a la propia investigación
sobre lavado de dinero que desean apoyar”.
En sus declaraciones al diario español El Mundo Balaguer identificó
como el pagador a Telefónica. En su testimonio ante Canicoba señaló
en cambio a Telecom. La inconsistencia de su acusación contra Petracchi
también surgía del análisis de los casos en que se
discutió el rebalanceo telefónico dispuesto por el decreto
92/97. La mayoría automática (Julio Nazareno, Eduardo Moliné,
Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano) confirmó
el aumento tarifario. En cambio Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio
y Gustavo Bossert dejaron abierto el camino a su impugnación en
un juicio ordinario. Petracchi también rechazó la solicitud
de Telefónica de que se acumularan en el mismo expediente otros
64 pleitos similares de distintos tribunales del país, que le eran
desfavorables. En otra causa por el mismo decreto 92/97 jueces de La Plata
obligaron a las compañías del interior a seguir pagando
por el uso de la red de Telefónica y Telecom pese a que estaban
en condiciones de transmitir por vía satelital a menor costo. Cuando
el caso llegó a la Corte Suprema, un proyecto de los jueces López,
Belluscio y Boggiano propuso confirmar el fallo en favor de Telefónica.
Petracchi, por el contrario, firmó un proyecto que revocaba aquella
sentencia y también en este caso obligaba a Telefónica a
iniciar un juicio ordinario. Belluscio cambió su voto yadhirió
al de Petracchi. A los pocos días denunció que un emisario
del ex ministro y asesor de Telefónica, Roberto Dromi, le reprochó
el cambio de posición. Es decir, Telefónica apoyaba el voto
suscripto por Belluscio con López y Boggiano, no el de Petracchi.
Luego de que un nuevo decreto presidencial zanjara el litigio al gusto
de todas las empresas involucradas, Telefónica y el Estado Nacional
pidieron el archivo de la causa y la Corte lo dispuso. En un voto propio,
Petracchi fue el único de los nueve miembros de la Corte que, pese
a ello, insistió en revocar el fallo de Cámara favorable
a Telefónica, que en el futuro podría generar derechos en
su favor. En este momento, la Corte tiene a consideración un recurso
de Impsat contra el Estado Nacional, que autorizó a Telefónica
y Telecom a arrendar sus enlaces fijos a su subsidiaria Startel para que
preste servicios de transmisión de datos en régimen de competencia.
Petracchi firmó un proyecto sobre el caso, el 11 de marzo de 1998.
Tres años después sus colegas aún no han tomado una
decisión. Mientras tanto, Telefónica continúa con
la rentable actividad impugnada.
Balaguer también denunció que Petracchi votó en la
Corte Suprema para que la causa por el vaciamiento del Banco de Mendoza
pasara a la justicia federal de la Capital, donde el ex juez Gustavo Literas
revocó la orden de captura contra el entonces prófugo escribano
Moneta. La falsedad de este otro cargo también es comprobable:
En el expediente consta que Petracchi se abstuvo de votar, precisamente
por su parentesco con el abogado de Moneta. Que las acusaciones se hayan
difundido sin ser sometidas al más elemental análisis de
razonabilidad, testimonia el descrédito en que ha caído
todo servicio público. Reaccionar contra ese deslizamiento cínico
también es defender la República. La prensa no está
al margen de esa tarea indispensable.
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