Los defensores del ex presidente
Carlos Menem, Oscar Salvi y Oscar Roger, presentaron ayer un largo escrito
pidiendo su excarcelación al juez Jorge Urso. Abundando en citas
a la Constitución, a pactos internacionales y a diversos juristas,
los abogados piden al juez que acepte una verdadera novedad jurídica:
La creación por vía jurisprudencial del instituto
de la excarcelación extraordinaria. En la compleja argumentación,
se afirma que si deja en libertad a Menem, Urso estará adecuando
la legislación procesal a los nuevos preceptos de la ley
de fondo, a la espera de que una reforma legislativa consagre tal creación.
Las 700 líneas del escrito de Salvi y Roger recorren una serie
de puntos para intentar convencer al juez de que corresponde
que Menem espere su juicio por el caso de la venta de armas a Croacia
y Ecuador en libertad y no bajo arresto domiciliario en la quinta de Don
Torcuato. La argumentación se abre admitiendo que los delitos que
se le adjudican al ex presidente la jefatura de una asociación
ilícita no permitirían la concesión
de su libertad. De inmediato, los abogados recuerdan al juez que la reforma
constitucional de 1994 incluyó varios pactos internacionales y
les dio rango de ley suprema. Entre ellos está la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.
Según la defensa de Menem, la Convención sostiene la libertad
de los procesados porque defiende el principio por el cual todos somos
inocentes hasta que se demuestre lo contrario, una conquista frente
al oscurantismo medieval que subyace en algunas leyes procesales inspiradas
en un procedimiento inquisitivo. Habiendo calificado así
aunque oblicuamente a los procesos vigentes por los cuales
Menem está detenido, el argumento prosigue destacando que sólo
a través de una sentencia judicial deja una persona de ser inocente:
El imputado goza de la misma situación jurídica que
un inocente.
Entrando en una materia más concreta, los abogados afirman que
la libertad de un procesado podrá estar subordinada a garantías
que aseguren su comparecencia en el acto del juicio o en cualquier otro
momento de las diligencias procesales. Para Salvi y Roger, que Menem
se presente ante el juez puede realizarse por innumerables otros
medios sin llegar a la gravosidad que implica la prisión preventiva.
Varias páginas de fundamentos, citas y argumentos después,
se concluye que por lo tanto, si existe una medida coercitiva de
tipo personal menos lesiva que la prisión preventiva, sólo
esta será legítima.
La conclusión a la que llegan los abogados del ex presidente es
tajante: la única razón para encarcelar preventivamente
a alguien es que exista un peligro real de que se fugue o que pueda entorpecer
la investigación, y que otros medios de coerción
para impedirlo ya hayan fallado. Pero como existe el pequeño detalle
de que el código procesal expresamente indica que un procesado
por encabezar una asociación ilícita debe estar detenido,
Salvi y Roger afirman que es una disposición rígida,
genérica y abstracta que no debería jamás
ser aplicada automáticamente y sin analizar si el procesado
en cuestión puede fugarse.
Previsiblemente, los abogados concluyen que DEBE IMPONERSE UNA ALTERNATIVA
y se lo plantean a Urso en determinadas mayúsculas. Y aquí
viene la creativa solución: Exigimos en el caso la creación
por vía jurisprudencial del instituto de la excarcelación
extraordinaria, basándose en que los tratados internacionales
que Argentina reconoce la impulsan y que es cuestión de tiempo
que la legislación procesal lo acepte. Por si el juez no se deja
seducir por el pedido de cambiar los procedimientos procesales, Salvi
y Roger agregan que si se logra probar que el imputado no entorpecerá
las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia
es procedente adoptar una medida menos gravosa que el encarcelamiento
preventivo. Los defensores proponen cauciones monetarias y recuerdan
que Menem siempre se presentó ante Urso, aun a sabiendas de que
podía quedar detenido.
OPINION
Por Atilio A. Borón
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El �modelo�, un difunto
errante
Ante la muerte anunciada del experimento neoliberal
los representantes intelectuales de la clase dominante alzan sus
voces y redoblan sus esfuerzos para denunciar el carácter
político de la crisis y, de este modo, garantizar
la continuidad del modelo. Actitud esta que ratifica
la irresistible tendencia de la derecha a absolver de sus responsabilidades
a los mercados y al capitalismo, y a culpar a la política
y oblicuamente a la democracia de sus fracasos.
El razonamiento es así: los fundamentos de la
economía están bien y el rumbo por el que transitamos
es el correcto. El problema entonces es político:
la bochornosa combinación de ineptitud y corrupción
que caracteriza a la dirigencia, la discordia en el seno de la alianza,
el papel nefasto de los demagogos y las impaciencias de los opositores.
Todo eso produce ruidos que afectan a los mercados y
ocasionan el actual desorden.
Toda operación ideológica debe tener un componente
mínimo de verdad para ser creíble. Ergo, hay algo
de cierto en la crítica interesada de la derecha. ¿Quién
podría, seriamente, negar tales cargos a la dirigencia política?
Esta se ha ganado en buena ley el rotundo desprecio de la ciudadanía.
Pero la trampa del argumento reside en proponer el desplazamiento
del centro de gravedad de la crisis de la economía a la política.
El problema ya no sería el modelo (un difunto
errante que aún no encuentra a sus piadosos enterradores)
sino el Estado y la política. Según sus voceros, aquél
está rozagante, dando continuas pruebas de su vitalidad y
fecundidad. Lo que anda mal es la política.
Una primera condición para superar la crisis actual es desbaratar
esta maniobra de los charlatanes a sueldo de los dueños del
casino financiero global cuya sabiduría económica
se limita a decir que hay que reducir el gasto público.
En un país sin inversiones de infraestructura, con empleados
del sector público y jubilados que perciben remuneraciones
y pensiones misérrimas, con los sistemas educativos y de
salud destrozados, un país en donde faltan los útiles
de escritorio más elementales en los despachos de los ministros
y tantísimos etcéteras más que hablan de la
destrucción del Estado a manos de los mercados: ¿todavía
quieren reducir el gasto público?
La crisis actual es inherente al modelo, marca sus límites
y certifica su defunción. Los 6500 millones de pesos que
anhela ahorrar el Ministro Cavallo con su déficit fiscal
cero (una fórmula que evoca la represiva tolerancia
cero de Ruckauf, Patti, Rico y otros demócratas por
el estilo) los podría obtener muy fácilmente si siguiera
las recomendaciones de un personaje tan insospechado de simpatías
izquierdistas o populistas como Vito Tanzi, ex director del Departamento
de Asuntos Fiscales del FMI, cuando observara que en la Argentina
el impuesto a las ganancias equivale a la quinta parte (si, leyó
bien: ¡la quinta parte!) de lo que se recauda en los Estados
Unidos y la mitad del promedio internacional de Africa, Asia y América
latina.
Dicho con números: en la Argentina ese impuesto absorbe aproximadamente
un 3 por ciento del PBI, en el resto del Tercer Mundo un 6 por ciento.
Si el Gobierno se propusiera una meta tan modesta como la de equipararnos
al promedio de Africa, Asia y América latina cosa que
al Ministro Cavallo seguramente se le olvidó hacer cuando
de la mano de Menem nos llevaba al Primer Mundo las arcas
del tesoro recibirían unos 9000 millones de pesos adicionales
y genuinos y se solucionaría esta absurda crisis fiscal
del Estado.
Pero, ¿no será demasiado pedir que los mercados
léase: los especuladores y parásitos económicos
que medran con una población cautiva e indefensa, que el
gobierno democrático ofrenda maniatada en el
altar de los mercados aporten su cuota de sacrificio
al igual que empleados públicos y jubilados, y paguen impuestos
como en el resto del Tercer Mundo? De ninguna manera: esos sectores,
que fueron los beneficiarios exclusivos y excluyentes de esta siniestra
década neoliberal, han acumulado ganancias exorbitantes con
las cuales hacer frente a tan modesta y razonabilísima reforma
tributaria.
Pero, se nos dirá: siendo tan sencillo, ¿por qué
el Gobierno no procede de esa forma? Por dos razones principales:
(a) porque es incompatible con la lógica del modelo,
que es por naturaleza predatorio y parasitario: no crea riqueza
sino que vive de succionar los ingresos del resto de la sociedad
vía superexplotación de la masa asalariada, pillaje
neocolonial (véase el caso Aerolíneas, o los precios
de las privatizadas, etc.) y las fabulosas rentas financieras que
percibe el establishment gracias a las facilidades que le otorga
el Gobierno; (b) porque la dirigencia política ha capitulado
por completo y no representa sino al gran capital: su carrera política
ha sido financiada por los amos del mercado y son éstos quienes
le otorgan, mediante un régimen tributario aberrante, los
recursos financieros necesarios para gobernar.
En resumen: el modelo ha fracasado en toda la línea.
No sirvió para resolver la crisis de la deuda, ni para crecer,
ni para exportar, ni para solucionar el déficit fiscal, ni
para atraer inversiones extranjeras; eso sí, destruyó
el Estado y dejó una deuda social que tardaremos décadas
en saldar. Por eso, cuando se pierde tiempo en denostar a la política
me recuerdo de lo que el candidato Bill Clinton le decía
al por entonces presidente George Bush, en 1992: Es la economía,
estúpido. ¿Se entiende?
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