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UN NOVEDOSO ARGUMENTO DE LA DEFENSA DE MENEM PARA LIBERARLO
“Excarcelación extraordinaria”

En un largo escrito repleto
de citas, los abogados del ex presidente le piden a Urso
que �cree� un recurso todavía inexistente.

Oscar Roger, junto a Oscar Salvi el autor del creativo escrito que entregaron ayer a Urso.

Los defensores del ex presidente Carlos Menem, Oscar Salvi y Oscar Roger, presentaron ayer un largo escrito pidiendo su excarcelación al juez Jorge Urso. Abundando en citas a la Constitución, a pactos internacionales y a diversos juristas, los abogados piden al juez que acepte una verdadera novedad jurídica: “La creación por vía jurisprudencial del instituto de la excarcelación extraordinaria”. En la compleja argumentación, se afirma que si deja en libertad a Menem, Urso estará adecuando “la legislación procesal a los nuevos preceptos de la ley de fondo, a la espera de que una reforma legislativa consagre tal creación”.
Las 700 líneas del escrito de Salvi y Roger recorren una serie de puntos para intentar convencer al juez de que “corresponde” que Menem espere su juicio por el caso de la venta de armas a Croacia y Ecuador en libertad y no bajo arresto domiciliario en la quinta de Don Torcuato. La argumentación se abre admitiendo que los delitos que se le adjudican al ex presidente –la jefatura de una asociación ilícita– “no permitirían la concesión” de su libertad. De inmediato, los abogados recuerdan al juez que la reforma constitucional de 1994 incluyó varios pactos internacionales y les dio rango de ley suprema. Entre ellos está la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Según la defensa de Menem, la Convención sostiene la libertad de los procesados porque defiende el principio por el cual todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, “una conquista frente al oscurantismo medieval que subyace en algunas leyes procesales inspiradas en un procedimiento inquisitivo”. Habiendo calificado así –aunque oblicuamente– a los procesos vigentes por los cuales Menem está detenido, el argumento prosigue destacando que sólo a través de una sentencia judicial deja una persona de ser inocente: “El imputado goza de la misma situación jurídica que un inocente”.
Entrando en una materia más concreta, los abogados afirman que la libertad de un procesado “podrá estar subordinada a garantías que aseguren su comparecencia en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales.” Para Salvi y Roger, que Menem se presente ante el juez “puede realizarse por innumerables otros medios sin llegar a la gravosidad que implica la prisión preventiva”. Varias páginas de fundamentos, citas y argumentos después, se concluye que “por lo tanto, si existe una medida coercitiva de tipo personal menos lesiva que la prisión preventiva, sólo esta será legítima”.
La conclusión a la que llegan los abogados del ex presidente es tajante: la única razón para encarcelar preventivamente a alguien es que exista un peligro real de que se fugue o que pueda entorpecer la investigación, y que “otros medios de coerción” para impedirlo ya hayan fallado. Pero como existe el pequeño detalle de que el código procesal expresamente indica que un procesado por encabezar una asociación ilícita debe estar detenido, Salvi y Roger afirman que es “una disposición rígida, genérica y abstracta” que no debería “jamás ser aplicada automáticamente” y sin analizar si el procesado en cuestión puede fugarse.
Previsiblemente, los abogados concluyen que “DEBE IMPONERSE UNA ALTERNATIVA” y se lo plantean a Urso en determinadas mayúsculas. Y aquí viene la creativa solución: “Exigimos en el caso la creación por vía jurisprudencial del instituto de la excarcelación extraordinaria”, basándose en que los tratados internacionales que Argentina reconoce la impulsan y que es cuestión de tiempo que la legislación procesal lo acepte. Por si el juez no se deja seducir por el pedido de cambiar los procedimientos procesales, Salvi y Roger agregan que “si se logra probar que el imputado no entorpecerá las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia” es procedente adoptar “una medida menos gravosa que el encarcelamiento preventivo”. Los defensores proponen cauciones monetarias y recuerdan que Menem siempre se presentó ante Urso, aun a sabiendas de que podía quedar detenido.

 

OPINION
Por Atilio A. Borón

El �modelo�, un difunto errante

Ante la “muerte anunciada” del experimento neoliberal los representantes intelectuales de la clase dominante alzan sus voces y redoblan sus esfuerzos para denunciar el carácter “político” de la crisis y, de este modo, garantizar la continuidad del “modelo”. Actitud esta que ratifica la irresistible tendencia de la derecha a absolver de sus responsabilidades a los mercados y al capitalismo, y a culpar a la política –y oblicuamente a la democracia– de sus fracasos.
El razonamiento es así: los “fundamentos” de la economía están bien y el rumbo por el que transitamos es el correcto. El problema entonces es “político”: la bochornosa combinación de ineptitud y corrupción que caracteriza a la dirigencia, la discordia en el seno de la alianza, el papel nefasto de los demagogos y las impaciencias de los opositores. Todo eso produce “ruidos” que afectan a los mercados y ocasionan el actual desorden.
Toda operación ideológica debe tener un componente mínimo de verdad para ser creíble. Ergo, hay algo de cierto en la crítica interesada de la derecha. ¿Quién podría, seriamente, negar tales cargos a la dirigencia política? Esta se ha ganado en buena ley el rotundo desprecio de la ciudadanía. Pero la trampa del argumento reside en proponer el desplazamiento del centro de gravedad de la crisis de la economía a la política. El problema ya no sería “el modelo” (un difunto errante que aún no encuentra a sus piadosos enterradores) sino el Estado y la política. Según sus voceros, aquél está rozagante, dando continuas pruebas de su vitalidad y fecundidad. Lo que anda mal es la política.
Una primera condición para superar la crisis actual es desbaratar esta maniobra de los charlatanes a sueldo de los dueños del casino financiero global cuya sabiduría económica se limita a decir que “hay que reducir el gasto público”. En un país sin inversiones de infraestructura, con empleados del sector público y jubilados que perciben remuneraciones y pensiones misérrimas, con los sistemas educativos y de salud destrozados, un país en donde faltan los útiles de escritorio más elementales en los despachos de los ministros y tantísimos etcéteras más que hablan de la destrucción del Estado a manos de los mercados: ¿todavía quieren reducir el gasto público?
La crisis actual es inherente al “modelo”, marca sus límites y certifica su defunción. Los 6500 millones de pesos que anhela ahorrar el Ministro Cavallo con su “déficit fiscal cero” (una fórmula que evoca la represiva “tolerancia cero” de Ruckauf, Patti, Rico y otros demócratas por el estilo) los podría obtener muy fácilmente si siguiera las recomendaciones de un personaje tan insospechado de simpatías izquierdistas o populistas como Vito Tanzi, ex director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, cuando observara que en la Argentina el impuesto a las ganancias equivale a la quinta parte (si, leyó bien: ¡la quinta parte!) de lo que se recauda en los Estados Unidos y la mitad del promedio internacional de Africa, Asia y América latina.
Dicho con números: en la Argentina ese impuesto absorbe aproximadamente un 3 por ciento del PBI, en el resto del Tercer Mundo un 6 por ciento. Si el Gobierno se propusiera una meta tan modesta como la de equipararnos al promedio de Africa, Asia y América latina –cosa que al Ministro Cavallo seguramente se le olvidó hacer cuando de la mano de Menem nos llevaba al Primer Mundo– las arcas del tesoro recibirían unos 9000 millones de pesos adicionales y genuinos y se solucionaría esta absurda “crisis fiscal” del Estado.
Pero, ¿no será demasiado pedir que “los mercados” –léase: los especuladores y parásitos económicos que medran con una población cautiva e indefensa, que el gobierno “democrático” ofrenda maniatada en el altar de los mercados– aporten su “cuota de sacrificio” al igual que empleados públicos y jubilados, y paguen impuestos como en el resto del Tercer Mundo? De ninguna manera: esos sectores, que fueron los beneficiarios exclusivos y excluyentes de esta siniestra década neoliberal, han acumulado ganancias exorbitantes con las cuales hacer frente a tan modesta y razonabilísima reforma tributaria.
Pero, se nos dirá: siendo tan sencillo, ¿por qué el Gobierno no procede de esa forma? Por dos razones principales: (a) porque es incompatible con la lógica del “modelo”, que es por naturaleza predatorio y parasitario: no crea riqueza sino que vive de succionar los ingresos del resto de la sociedad vía superexplotación de la masa asalariada, pillaje neocolonial (véase el caso Aerolíneas, o los precios de las privatizadas, etc.) y las fabulosas rentas financieras que percibe el establishment gracias a las facilidades que le otorga el Gobierno; (b) porque la dirigencia política ha capitulado por completo y no representa sino al gran capital: su carrera política ha sido financiada por los amos del mercado y son éstos quienes le otorgan, mediante un régimen tributario aberrante, los recursos financieros necesarios para gobernar.
En resumen: el “modelo” ha fracasado en toda la línea. No sirvió para resolver la crisis de la deuda, ni para crecer, ni para exportar, ni para solucionar el déficit fiscal, ni para atraer inversiones extranjeras; eso sí, destruyó el Estado y dejó una deuda social que tardaremos décadas en saldar. Por eso, cuando se pierde tiempo en denostar a la política me recuerdo de lo que el candidato Bill Clinton le decía al por entonces presidente George Bush, en 1992: “Es la economía, estúpido”. ¿Se entiende?

 

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