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Por Felipe Yapur
 La Cámara de Diputados
se aprestaba, al cierre de esta edición y con quórum estricto,
a aprobar en general la ley que pretende garantizar el déficit
cero y que incluye, además, algunos ítems que buscan atenuar
el séptimo ajuste anunciado por Fernando de la Rúa. La carta
del radicalismo para conseguir los votos positivos de sus propios integrantes
y hasta de algunos legisladores de la oposición –a contrapelo
de lo que pretende el Ejecutivo– es la garantía de que el
recorte de salarios y jubilaciones tendrá un piso de mil pesos.
La decisión de los diputados radicales de dejar explícitamente
establecido el piso de los recortes en mil pesos surgió como consecuencia
de las declaraciones de miembros del Ejecutivo. La principal: la ministra
de Trabajo, Patricia Bullrich, quien dijo que con todas las alternativas
para elevar la recaudación sólo se podría recortar
a partir de los 500 pesos. Sin embargo, integrantes de la conducción
de la bancada de la UCR buscaron morigerar esta determinación.
Aseguraron a Página/12 que tal decisión se concretó
durante la cena que mantuvieron el jueves en la Casa Rosada con De la
Rúa, el ministro Domingo Cavallo y el jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo. “Los miembros del gabinete que hablan en contra de nuestro
proyecto lo hacen porque no estuvieron hasta la tres de la mañana
con el presidente y Cavallo”, aseguró un legislador radical.
El mismo aseguró que logró convencer a De la Rúa
y al últimamente nervioso Superministro de la posibilidad de subir
el piso de los recortes proponiendo tres medidas para mejorar los ingresos
fiscales:
 Suspender la rebaja de 10 centavos
a las naftas,
Posponer para el 2002 de la
devolución del aumento al Impuesto a las Ganancias para los sueldos
medios y altos, y
La restitución de los
aportes patronales a empresas de servicios. Según la fuente, “se
recaudan 700 millones, 400 millones más de lo que significa subir
el piso del recorte de 500 a 1000 pesos”.
El tratamiento que le dará fuerza de ley al impopular ajuste, convirtió
en atípica a la sesión. El salón de los Pasos Perdidos,
contiguo al recinto, por donde suelen pasearse legisladores y asesores,
estaba ayer colmado de los empleados afiliados a la Asociación
del Personal Legislativo (APL), quienes con banderas, bombos y redoblantes
hacían escuchar su fuerte repudio a los recortes salariales. Allí
se produjo el único incidente antes de que comenzara la sesión
y que tuvo como protagonista al titular del bloque de la Alianza, el frepasista
Darío Alessandro y varios de los manifestantes (ver nota aparte).
Poco más tarde, ya en el recinto, los diputados debatían
sin taquígrafos que registrasen sus discursos. Para evitar que
el debate fuera cuestionado legalmente, el titular del cuerpo, Rafael
Pascual, recurrió a grabadores controlados por escribanos públicos.
La espinosa característica del tema a discutir produjo una notoria
escasez de discursos a favor del proyecto oficial. Desde el radicalismo,
el único que habló a favor fue el jefe de los diputados
radicales, Horacio Pernasetti, quien tuvo la responsabilidad de presentar
el proyecto. Tras detallar las medidas a implementar, cerró su
discurso con una frase de compromiso: “A ningún gobierno,
y menos a ningún Congreso, les gusta votar una baja salarial de
quienes menos tienen, pero era el mal menor”. El legislador catamarqueño
terminó su discurso y no recibió el acostumbrado aplauso,
ni siquiera de sus propios colegas de bancada.
Pero hubo un solo bloque que no dudó en darle el apoyo al ajuste
y, como era de esperar, provino de los seguidores del ministro. El jefe
del bloque de Acción por la República, Marcelo Dragan, anunció
el apoyo al proyecto y salió en defensa del ajuste: “Es duro,
pero es el único camino posible”, dijo, para luego anunciar
que realizarían algunas observaciones al proyecto cuando se debata
artículo por artículo. Fuentes oficialistas sostuvieron
que los seguidores de Cavallo intentarán eliminar aquelartículo
que pretende elevar el ajuste para todos aquellos jubilados y empleados
que cobren más de mil pesos.
Las declaraciones en contra no se hicieron esperar. La titular del ARI,
Elisa Carrió, fue tal vez la más dura y punzante de todas.
La chaqueña inició su discurso recordando algunas declaraciones
realizadas por Cavallo como la que emitió el 13 de abril pasado
al afirmar que “la reactivación ya comenzó” o
la del 25 de marzo: “En las próximas semanas van a venir a
buscarnos para prestarnos plata”. A renglón seguido, criticó
el falso capitalismo que pregona el ministro y para demostrarlo sostuvo
que “no puede haber recaudación impositiva ante la incertidumbre
que profundizan estas medidas que pretenden imponer”.
La aprobación de este proyecto no será gratuito para la
integridad de la representación parlamentaria de la Alianza. El
costo más visible está en el proyecto presentado por 19
integrantes del bloque del Frepaso y que se diferencia del consensuado
entre la UCR y el gobierno. El encargado de presentarlo fue José
Vitar, quien comenzó anunciando su voto contrario al proyecto oficial
para luego afirmar que era necesario comenzar a discutir la renegociación
de la deuda externa para poder comenzar a “vivir de lo nuestro y
no que algunos vivan con lo nuestro”.
Con este anuncio, de los cinco miembros restantes del Frepaso, tres apoyarían
el proyecto oficial –Humberto Volando, Alberto Briozzo y Cristina
Zuccardi–, en tanto que de Darío Alessandro y Rodolfo Rodil
se especula que podrían abstenerse. Sea como fuera, lo que muchos
integrantes del Frepaso sostienen que se está frente a un virtual
quiebre del bloque de la Alianza.
Si bien en el bloque del PJ ya habían anunciado que votarán
en contra del proyecto, para la mayoría de los legisladores bonaerenses
la preocupación era otra. Estos estaban más pendientes de
lo que ocurría en la legislatura de su provincia. Se mantendrían
en sus bancas siempre y cuando la Alianza bonaerense diera quórum
para la sesión donde se debatiría el ajuste del gobernador
Carlos Ruckauf. En caso de que todo fuera bien, el mayor bloque de la
oposición estaría dispuesto a retirar algunos de sus integrantes
como para garantizar que la Alianza pueda aprobar el ajuste.
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Alessandro, golpeado
Por F.Y.
Ingresar al recinto para debatir el ajuste no era tarea fácil.
Más de un centenar de empleados legislativos había
copado el Salón de los Pasos Perdidos para repudiar el nuevo
recorte a los salarios de los empleados estatales. El presidente
del bloque del Frepaso, Darío Alessandro, estaba al tanto
de la bronca que había en la gente, pero tal vez nunca esperó
que ésta se descargara en su rostro, sobre todo el día
en que el sub-bloque del gran bloque de la Alianza votaría
mayoritariamente contra el Gobierno. Mientras intentaba ingresar
al recinto junto a sus compañeros Rodolfo Rodil y Carlos
Raimundi, varios de los manifestantes comenzaron a acusarlos –aparte
de otros insultos– de “traidores” y “vendepatrias”.
Alessandro se abría paso como podía hasta que algo
se estrelló en su quijada. El frepasista no sabe qué
fue lo que lo golpeó. Primero pensó que se trató
de una piedra, luego habló de un palo. La última versión
indicó que fue una trompada. Alessandro, con su boca sangrando,
y sus dos acompañantes debieron correr para escapar de nuevos
golpes. Encontraron un puerta abierta que los introdujo en la Cámara
de Senadores y terminaron hallando refugio en el despacho del senador
radical Néstor Rostán. Poco después, el frepasista
necesitó de una pequeña custodia que lo acompañó
para poder ingresar al recinto.
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SEGUN
ECONOMIA, CAVALLO NO CEDIO EN NADA
“Hablan de cortinas de humo”
Desde el “bunker”
del Palacio de Hacienda no dejaron pasar gratuitamente la versión
sobre lo resuelto en la reunión de antenoche, que habría
terminado con Cavallo cediendo al reclamo de los legisladores de la Alianza.
“Hablan sobre cortinas de humo o deseos de un político que
puede tener ignorancia en orden a lo que es la cuestión fiscal”,
señaló sin ningún esfuerzo por resultar diplomático
Jorge Baldrich, secretario de Hacienda, ayer por la tarde. Se refería
al supuesto piso de 1000 pesos en los haberes jubilatorios y de los trabajadores
estatales que dejaría a salvo, a los que se encontraran por debajo,
del recorte del 13 por ciento. Esto es al proyecto que el bloque de diputados
de la UCR se disponía a aprobar al cierre de esta edición
(ver nota central)
“Creo que algunos diputados han tenido una interpretación
distinta de lo acordado”, señaló, antes de precisar
que el objetivo de llevar el piso de jubilaciones sujetas a recorte a
1000 pesos “es una posibilidad bastante difícil en la práctica”,
en tanto que aseguró que “no hablamos de la hipótesis”
de fijar un piso también para los salarios de los agentes públicos.
Baldrich supeditó la elevación del piso de jubilaciones
sujetas a descuentos a la evolución de la recaudación, pero
advirtió que “las tres medidas propuestas por los diputados
no son suficientes para compensar” un aumento del piso a 1000 pesos.
“Todo el sector público debe redoblar esfuerzos en la lucha
contra la evasión y el gasto político, para que el piso
sea sobre bases efectivas y no sobre cortinas de humo o los deseos de
un político, que puede tener ignorancia en orden a la cuestión
fiscal”, agregó luego con inusual dureza para su estilo.
Las medidas a las que se refería Baldrich eran el aumento de los
aportes patronales, la eliminación de la rebaja en el impuesto
a las naftas y la no devolución de retenciones del Impuesto a las
Ganancias a los empleados en relación de dependencia. El reclamo
del Ministerio de Economía, en cambio, se limitaba a pedir la eliminación
de exenciones en el impuesto a las transacciones bancarias –alcanzando
los pagos por débito automático en cajas de ahorro–
y la extensión del recorte a los poderes Legislativo y Judicial.
Con ambos, se aseguraba llevar a 500 pesos el nivel mínimo de jubilaciones
sujetas a recortes.
En cambio, los cavallistas no ven con igual entusiasmo las otras propuestas
de los legisladores aliancistas, que cargan el peso del ajuste sobre los
asalariados de nivel medio y alto, sobre los empleadores y los consumidores
de nafta. De allí que Baldrich haya salido a hacer una expresión
pública que cuestiona el criterio de los políticos y descalifica
su interpretación. Aunque pudiera parecer impolítico, la
intervención de Baldrich fue previamente meditada y se direccionó
hacia los sectores empresarios que se verían afectados.
Según Economía –y así se reflejó en el
proyecto que anoche discutía la Cámara de Diputados–,
sólo si las modificaciones introducidas por los diputados se reflejan
en la recaudación, se moverá el piso de las jubilaciones
a recortar. Ello supone que, ya para este mes, no habrá posibilidad
de que los recortes no afecten a las jubilaciones por encima de los 300
pesos y a las remuneraciones de todo agente estatal.
El
Gobierno esperaba (mucho) otra
respuesta de los diputados propios
En la Rosada estaban de acuerdo con que el ajuste se ratificara
por ley. Pensaban que se ganaba en calidad democrática y en imagen
ante los mercados. Pero esperaban que por ahora el recorte sólo
llegara a 300 pesos y sólo subiera el piso cuando aumentara la
recaudación.
La
ministra Patricia Bullrich fue,
según los diputados radicales, la
que lanzó la primera piedra.
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Por José
Natanson
La decisión de los diputados
radicales, que anoche se aprestaban a introducir un artículo que
garantizaba explícitamente un piso de mil pesos al recorte a los
jubilados, implica un desafío claro al Gobierno. Un rato antes,
la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el secretario de Hacienda,
Jorge Baldrich, habían coincidido en que las modificaciones impositivas
que el Congreso se preparaba para votar no alcanzarían para elevar
el piso del recorte a esa cifra.
A las ocho de la noche los diputados ya habían comenzado a sesionar.
Se encontraban en sus bancas cuando recibieron los cables con las declaraciones
de Bullrich. Saliendo de la Casa de Gobierno, la funcionaria había
asegurado que las modificaciones que se introducirían en el plan
–como la suba del impuesto a las naftas o la restitución de
la baja de ganancias– no alcanzarían para estirar el piso
del recorte a los jubilados a los mil pesos, como querían los diputados
radicales. “Sería 500”, calculó Bullrich.
Antes, Baldrich también había puesto en duda la posibilidad
de elevar el piso. “Hablan sobre cortinas de humo o deseos de un
político que puede tener ignorancia en orden a lo que es la cuestión
fiscal”, había dicho el funcionario cavallista (ver asimismo
nota aparte).
Indignados, los diputados radicales decidieron introducir una modificación
de último momento al proyecto, que al cierre de esta edición
se preparaban para votar: sencillamente, decía que el Ejecutivo
“garantizaría” que las jubilaciones se podarían
recién a partir de los mil pesos.
Sería un cambio radical de criterio: el plan consensuado entre
el Ejecutivo y el bloque radical en la madrugada del jueves especificaba
que las modificaciones impositivas permitirían elevar el piso del
recorte, pero siempre respetando la meta del déficit cero.
Con este nuevo artículo, el objetivo quedaría en duda. Es
más: tal como dijo Baldrich, los cálculos de la Rosada ponían
en duda la certeza de los diputados radicales de que las modificaciones
impositivas alcanzarían para subir el piso. Si efectivamente es
así, la lógica del déficit cero quedaría en
duda.
“Nosotros no rompimos el pacto con el Ejecutivo. Fueron los funcionarios
talibanes, que salieron a decir que no se iba a elevar el piso”,
explicaba ayer, cerca de la medianoche, un indignado diputado radical.
Otros, sin embargo, intentaban bajarle el tono al asunto diciendo que
los cambios impositivos alcanzarían para llevar a mil el recorte
y que los números cerraban.
Todos coincidían en criticar al sector del Gabinete que defendió
con más énfasis el recorte, y que recomendó no ceder
en la negociación: además de Bullrich y Domingo Cavallo,
integran este grupo algunos miembros del entorno más cercano a
De la Rúa, como su hijo Antonio o su amigo Fernando de Santibañes.
La decisión de los diputados radicales de introducir el artículo
que fija un piso explícito al recorte implicaría un desafío
claro a De la Rúa.
Hasta el momento, en la Rosada sólo habían sacado conclusiones
positivas de la decisión del Congreso de darle fuerza de ley al
ajuste.
Según decían, esto permitiría darle una base jurídica
más sólida al impopular recorte. Por otro lado, el juego
de espejos entre la Nación (la Alianza gobierna y el PJ tiene la
decisión de acompañar legislativamente el ajuste) y la provincia
de Buenos Aires (el PJ gobierna y es la Alianza la que controla la Legislatura)
ata irremediablemente un ajuste al otro. “Obliga a los dos partidos
a colaborar y nos da la certeza de que el ajuste nacional va a salir junto
al del principal distrito del país”, explicaban en el Gobierno.
Sería, también, una clara señal a los mercados, que
a pesar de la dureza del recorte no estaban del todo convencidos ante
la posibilidad de que el Congreso lo frenara. Ayer, con el panorama más
despejado, el riesgo país bajó hasta ubicarse en 1493 puntos
y la Bolsa subió un 4,5 por ciento.
Finalmente, la sanción de la ley implicaría una forma diferente
de introducir las medidas. “Le da una presentación más
democrática”, era la explicación de un ministro.
El Gobierno había seguido con preocupación la sesión
del Diputados. Una escena ilustra la inquietud: a las nueve de la noche,
Ramón Mestre esperaba en la antesala del despacho de Chrystian
Colombo en la Rosada. Mientras aguardaba que el jefe de Gabinete lo recibiera,
el ministro del Interior miraba atentamente un televisor que transmitía
desde el Congreso: José Vitar, vicepresidente del bloque del Frepaso,
criticaba duramente el proyecto oficial.
La decisión del bloque radical, que anoche se preparaba para votar
en general el proyecto, introduciendo el nuevo y polémico artículo,
puede leerse como un desafío al Gobierno. Habrá que ver
cómo reacciona De la Rúa, que hasta el momento siguió
una estrategia sinuosa: el domingo pasado, a pesar de las críticas
aliancistas, ratificó el recorte con un durísimo discurso.
Lo tildó de “innegociable”. Luego se dispuso a negociar.
En cualquier caso, lo que parece seguro es que la noticia modificará
el espíritu optimista que ayer a la tarde campeaba en la Casa Rosada.
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Militares sin oxígeno
Los altos mandos de las tres Fuerzas Armadas se reunieron ayer
con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para tratar de definir
cómo seguir subsistiendo tras el recorte anunciado. “Estamos
con el agua al cuello, peleando para seguir respirando”, dramatizó
un alto oficial. El recorte que más preocupa a los uniformados
no es el salarial sino el planificado en las partidas de gastos
operativos: en el Edificio Libertador calculan que la guadaña
se llevará el 55 por ciento de esos fondos.
“De los 60 millones de pesos presupuestados, darán sólo
26, es decir que tendremos que vivir tres meses con lo pautado para
uno”, precisan los uniformados. Se está pensando en
licenciar a la gente para disminuir los costos, es decir pagarles
sólo el sueldo, y en dejar sin efecto todos los ejercicios
previstos.
La excepción está dada por el ejercicio conjunto que
se realizará en Salta con las fuerzas de Estados Unidos.
La razón no es sólo estratégica –habilitar
la complementariedad con la potencia de las relaciones carnales–
sino económica: el gobierno de George W. Bush financia el
operativo de simulacro de combate y, como si fuera poco, deja en
el país parte del equipamiento que se utilizará.
El total del personal militar y civil de las tres fuerzas asciende
a 80 mil efectivos. La hipótesis de máxima de mandar
a todos a sus casas suena inviable para los altos mandos. “No
se puede abandonar a los aviones, a los barcos, todo el equipamiento
porque cuando volvamos el costo de ponerlos en funcionamiento será
mucho más alto”, explican.
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