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Por Laura Vales
 En un clima de mucha presión,
con protestas de los estatales dentro y fuera del edificio del Congreso
y más de doscientos policías con armas y chalecos antibala
repartidos en los pasillos, los legisladores bonaerenses se preparaban
a votar esta madrugada el proyecto de ley que autoriza la emisión
de bonos y la rebaja en los sueldos de la provincia. Los avances y retrocesos
en las negociaciones realizadas en La Plata estuvieron durante todo el
día fuertemente atados a lo que ocurría en el Congreso Nacional.
Anoche, desde los tres bloques mayoritarios se afirmaba que el acuerdo
“es firme” y sólo restaba “terminar de ajustar pequeños
números entre el PJ y la UCR”.
Tanto la UCR como el Frepaso respaldan la emisión de los patacones
(con los que se pagará parte de los sueldos) y la de los bonos
destinados a los proveedores. A ese núcleo básico, al cierre
de esta edición en la Alianza agregaban los siguientes puntos:
 Elevar el piso de los sueldos
por encima del cual se pagará con bonos, llevándolo de los
700 pesos que propone la gobernación a 900 pesos.
Aumentar a 1200 pesos el mínimo
para recortar los salarios estatales y jubilaciones, a diferencia de los
1000 que establece el proyecto de Ruckauf.
Limitar la vigencia del tijeretazo
sobre los sueldos hasta el 31 de diciembre. Y rediscutir si las rebajas
se mantienen cuando se sancione el prespuesto del año entrante.
Fijar un sueldo máximo
en toda la provincia, para todos los funcionarios y en todo concepto.
La suma propuesta es de 6500 pesos netos como tope.
La UCR, que tiene más de 60 intendencias en el territorio bonaerense,
también pulseaba por eliminar el artículo 42 del proyecto
de Ruckauf, que sujetaba los fondos coparticipables a los municipios a
la recaudación tributaria. En su lugar, quiere garantías
de que las comunas recibirán este año un mínimo de
1050 millones de pesos, tal como estaba previsto.
El proyecto de ley de la Gobernación ingresó a la Cámara
de Diputados poco después de las tres de la tarde, pero el radicalismo
y el Frepaso calificaron al texto como “prácticamente idéntico”
al del decreto de ajuste original, y anticiparon que redactarían
proyectos propios para bajar al recinto. A partir de allí y durante
todo el día hubo idas y vueltas en la redacción de un texto
de consenso.
Desde el ámbito nacional, las negociaciones fueron marcadas de
cerca por el jefe de Gabinete Chrystian Colombo –que se comunicó
varias veces con Eduardo Duhalde– y Federico Storani. En la provincia,
el PJ no despegó la mirada de los pasos de sus pares nacionales.
“Si acá en La Plata la Alianza no cumple con su parte y baja
a sesionar, el acuerdo de Nación se cae”, fue la amenaza más
repetida.
El subsecretario de Finanzas de la provincia, Gerardo Otero, se reunió
con legisladores de los tres bloques y los presidentes de ambas cámaras
para defender el proyecto oficial y acercar posiciones.
El PJ tiene minoría en las dos Cámaras de la Legislatura
bonaerense. En Diputados, sumando la banca de la UCedé cuenta sólo
con 40 votos, cinco por debajo de lo necesario para alcanzar la minoría
simple. Apoyándose en esa diferencia, los legisladores de la Alianza
intentaban incluir en el paquete del ajuste un aumento del 30 por ciento
a los tributos por ingresos brutos superiores a los 100 mil pesos, y la
elevación del impuesto inmobiliario urbano a las propiedades valuadas
en más de 250 mil dólares.
Desde el Frepaso se planteó dividir el proyecto de ley para aprobar
la emisión de bonos y diferir el visto bueno al ajuste. Pero el
bloque quedó debilitado después de sucesivos desgajamientos
y no sus votos no son imprescindibles para llegar a la mayoría.
Argentinos por una República de Iguales y el Frente por el Cambio
anticiparon desde muy temprano su oposición a todo: al ajuste y
al pago en bonos.
Dentro de la Legislatura los trabajadores organizaron protestas, pegatinas
de carteles en los pasillos y advirtieron que tomarían el recinto
si se intentaba sesionar. Mientras más de un centenar de empleados
legislativos recorrían los pasillos, la policía se apostó
en las puertas del edificio para impedir el ingreso de los que se agolpaban
afuera. Anoche más de 200 agentes custodiaban el interior del Palacio,
con la orden de impedir el ingreso a los palcos y bandejas. Un número
similar de efectivos de infantería rodeaban la manzana, haciendo
de valla al ingreso de los estatales de la calle. Con dificultades para
entrar o salir del lugar, también dentro del Senado hubo muchos
que decidieron esperar en sus despachos que los diputados dieran media
sanción al proyecto para tomar su turno de convertirlo en ley.
LOS
PROVEEDORES BONAERENSES TAMBIEN PROTESTAN
Los bonos no tienen consenso
Los proveedores de la provincia
de Buenos Aires se sumaron ayer a los actos de protesta frente a la Legislatura
bonaerense, compartiendo cartel con empleados públicos y otros
afectados por las medidas de Carlos Ruckauf. En el caso de los proveedores,
fueron a reclamar que el gobierno salde al menos el 30 por ciento de la
deuda que mantiene con ellos –por unos 200 millones de pesos–
en efectivo, y no la totalidad en bonos. En tanto, las empresas de servicios
públicos privatizadas esperarán a la aprobación de
una ley que disponga la creación de los bonos, antes de firmar
la aceptación de esos títulos como forma de pago de la administración
y de los empleados públicos bonaerenses.
Según el proyecto que el Ejecutivo provincial envió a la
legislatura, además del recorte salarial se dispone la emisión
de los patacones, para el pago de haberes a empleados públicos
de los tres poderes y a jubilados a partir de 700 pesos. Los bonos devengarán
una tasa de interés anual del 7 por ciento, mientras que su plazo
de rescate es de un año, prorrogable a dos. También habrá
otra emisión de títulos públicos para cubrir las
deudas con los proveedores, que serán en dólares y sus servicios
se cobrarán en forma semestral. El gobierno aceptará ambas
clases de bonos –los patacones y los creados para los proveedores–
a su valor nominal para el pago de impuestos, tasas y contribuciones,
a la vez que el Ministerio de Economía provincial podrá
“poner nuevamente en circulación los bonos que reciba”
de parte de los contribuyentes.
Frente a la propuesta del Ejecutivo, los empresarios nucleados en la Federación
de Mayoristas y Proveedores del Estado de Buenos Aires (Femape) se movilizaron
ayer para expresar su rechazo al pago con bonos. El titular de la entidad,
Daniel Amato, afirmó que “provocarán el desabastecimiento
y la quiebra de todas nuestras pequeñas y medianas empresas”.
“Pagarnos la deuda con títulos públicos es una propuesta
extorsiva, además de inconstitucional como lo declaró la
Corte de Justicia provincial”, agregó el dirigente. La provincia
adeuda unos 200 millones de pesos a 4 mil pymes proveedoras. El reclamo
de los empresarios fue que “al menos el 30 por ciento se salde en
efectivo”. “De lo contrario –completó Amato–
es inviable la continuidad de nuestras empresas, ya que este bono no cubre
pagos a la DGI y tampoco se podrán pagar servicios públicos
por más que el gobierno diga lo contrario”.
Respecto de este punto, por ahora el gobierno no consiguió que
las empresas de servicios privatizadas se comprometieran a aceptar los
bonos como forma de pago de los usuarios. Ruckauf y su ministro de Economía,
Jorge Sarghini, mantuvieron una reunión con representantes de Gas
Natural BAN, Edesur, Edenor, Metrogás, Camuzzi, Aguas Argentinas
y EDEA para solicitar su apoyo, pero los empresarios dijeron que esperarán
a que la Legislatura sancione una ley creando los bonos para aceptarlos.
Desde Edenor dijeron que “no vamos a tomar ninguna decisión
hasta que el tema no tenga sustento legal”.
Mientras las privatizadas le daban la espalda al gobierno y en la legislatura
se demoraba la sanción de la ley del ajuste, la agencia calificadora
de riesgo Moody’s redujo la nota de riesgo de la provincia, de “B3”
a “Caa1”. La calificación es para la deuda a largo plazo
en dólares, y refleja que Buenos Aires está en serio riesgo
de caer en cesación de pagos.
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