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Un refugio de papel
para mirar la crisis
Vienen en contenedores pequeños o cofres grandes, acomodados
en una bodega especial, y siempre como equipaje acompañado.
Sus acompañantes son dos o más custodios que viajan
en clase económica y deben turnarse para dormir. Del transporte
se encargan courriers especiales como Juncadella-Prosegur, Brinks,
Mat Securitas, Brambels, Loomis Westfargo o algún otro. Cuando
aterrizan en Ezeiza, la primera bodega que se desprecinta y abre
es ésa, siempre que un camión blindado ya esté
en la pista aguardando y se haga presente un despachante de aduana.
Mientras se completa la operación, el pasaje debe esperar
en la aeronave. La demora se ha vuelto más habitual estos
días, cuando los bancos que operan en el país multiplicaron
su importación de dólares billete, trayéndolos
casi siempre de Nueva York u ocasionalmente de Miami. El flete de
esta verde carga equivale a un 5 por mil del monto monetario, mayoritaria
pero no únicamente fraccionado en billetes de U$S 100. Esto
significa que traer un millón de dólares cuesta 5000
pesos, sin contar el blindado, que del aeropuerto parte sin escalas
hasta la bóveda del banco comprador. Teóricamente,
si los argentinos quisieran (y pudieran) retirar en billetes los
52 mil millones de dólares que tienen depositados en la banca
local, importar el papel moneda necesario costaría 260 millones.
Barato no es: cuesta 50 centavos por billete, aunque éste
sea de 1 dólar. El gran proveedor es, obviamente, la Reserva
Federal, cuyo representante en la Argentina es el HSBC. Entre el
momento en que se encarga la crujiente partida y se la recibe pueden
pasar entre 72 y 96 horas. La carga no levantará vuelo mientras
no llegue a destino una transferencia por igual monto.
A pesar de que la regla de oro es que un banquero, cuando se le
viene encima una corrida, debe poner la plata sobre el mostrador
para que el público sepa que está y puede llevársela,
varios de los bancos transnacionales y más prestigiosos que
operan en esta plaza prefirieron retacear las entregas, aduciendo
la falta de físico o dejando vacíos de dólares
los cajeros automáticos, con lo que alimentaron el pánico.
El propio secretario de Finanzas, Daniel Marx, puede contribuir
a la sangría, a juzgar por lo que les indicó el jueves
a las AFJP, en otra de las frecuentes reuniones que mantiene con
ellas para empapelarlas con títulos públicos. Además
de señalarles que deben invertir toda su recaudación
mensual (cerca de 350 millones de pesos, de los que se restan por
lo menos 100 millones de comisiones) en bonos estatales, opinó
que las Administradoras tenían demasiada plata invertida
en plazos fijos (alrededor de un 15 por ciento de la cartera) y
resultaría conveniente que no los renueven al vencimiento
para prestarle ese dinero al Estado. Vale decir que mientras Roque
Maccarone se sulfura en el BCRA para apagar el incendio en la banca,
desde Economía le profundizan el drenaje de depósitos.
Para lograrlo, Finanzas arma con el conocido grupo de bancos amigos,
que a su vez son dueños de las AFJP, un fideicomiso (en esencia,
un fondo común basado en títulos públicos)
para eludir el tope legal establecido para la tenencia de bonos
por parte de los fondos jubilatorios. El miércoles una resolución
oficial subió la cota para que éstos inviertan en
fondos comunes, también una vía para la saturación
con deuda estatal. Las viejas historias sobre el saqueo a las cajas
previsionales retornan con nuevas técnicas: el barrido consiste
ahora en “convencer” a los financistas que manejan los
fondos de capitalización sobre la conveniencia de volcarlos
en títulos de altísimo riesgo, como son los emitidos
por el Tesoro argentino. “Por este camino vamos a la explosión
del sistema”, sentenciaba ayer un técnico del sector.
Si la pregunta es por qué el sistema financiero acepta ponerle
toda la plata al Gobierno, las respuestas son dos. Una, porque no
hay papeles privados disponibles ante la falta de proyectos y la
depresión. Otra, porque en la negociación cara a cara
y entre cuatro paredes con losfuncionarios de Economía se
alzan con tasas y comisiones que ningún otro gran tomador
de fondos paga, mientras mantienen vivo a ese deudor convertido
en la mayor fuente de ganancias del sistema financiero. En el camino
quedan algunos lastimados: los aportantes a las AFJP verán
descapitalizados este mes sus fondos en más de un 6 por ciento
(en los últimos doce meses perdieron 2 puntos), y esto después
de haber gastado en comisiones un tercio de su aporte.
Mientras tanto, todo el sentido que Economía buscó
imprimirle al Déficit Cero, descargando el costo de lograrlo
sobre el sector público (empleados y proveedores) y sobre
los jubilados, ha venido desdibujándose por la oposición
que encontró en la Alianza. Tal como evolucionaba la discusión
anoche, el grueso del ajuste lo haría el sector privado,
aunque se comience este mes por aplicar la poda según el
diseño original de Domingo Cavallo. De hecho, se resuelve
un aumento de la presión impositiva –vía no devolución
del impuesto a las Ganancias a los perceptores de sueldos medios
y altos, elevación de las contribuciones patronales en el
sector servicios, más gravamen a las cuentas corrientes–
para liberar del recorte a la mayoría de los destinados a
sufrirlo.
Obviamente, como de todas formas se impone el ajuste inmediato del
gasto a la recaudación, el enfoque aliancista quedará
supeditado a cuánto dinero ingrese efectivamente a la AFIP,
acerca de lo cual es imposible hoy realizar una predicción
creíble. Pero, en todo caso, si los cavallistas llegasen
finalmente a aceptar esta drástica modificación de
su planteo, cabrían tres lecturas. Una, que prefieren cualquier
vía hacia el Déficit Cero con tal de que quede desbloqueada,
porque la alternativa es el derrumbe y el hundimiento de ellos mismos.
Otra, que conseguir del oficialismo (además de los gobernadores
peronistas) la sanción de un ajuste tan abrupto y extremo
es un logro histórico para la ortodoxia, cualquiera sea el
precio a pagar. Y la tercera es que, en la realidad y con una recaudación
que hoy no puede ser aumentada porque el Parlamento lo pretenda
en una ley, al final el ajuste se parecerá mucho al que concibieron
en Hacienda.
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