Por Eduardo Tagliaferro

A pesar de que su abogado defensor, Oscar Salvi, había afirmado a primera hora de la mañana que “hoy (por ayer) Carlos Menem tendrá buenas noticias”, las dos que se conocieron en los tribunales fueron un revés de esos que dejan marca. Los buenos augurios que el ex presidente le envió por “el Día del Amigo” no alcanzaron para cambiar la opinión del juez federal Jorge Urso. El magistrado le denegó la excarcelación extraordinaria “bajo ningún tipo de caución”.
A la negativa de su excarcelación, Menem sumó el fallo de la Sala B del fuero penal económico que pidió que se le tome declaración indagatoria en la causa por el contrabando agravado de armas (ver aparte). En una afinada presentación, Oscar Roger y Oscar Salvi, sugirieron a Urso “la creación por vía jurisprudencial del instituto de la excarcelación extraordinaria”. Respaldándose en la definición constitucional de que toda persona es inocente hasta que una condena lo encuentre culpable, los abogados le propusieron al juez que permita a su cliente, recuperar la libertad mediante el pago de una fianza y en esta condición esperar el juicio oral.
Con profusas citas de tratados internacionales, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los defensores transitan un terreno prácticamente virtual: si no fuera por las pruebas, Menem tendría que estar libre, es una frase que suelen repetir y en la presentación de anteayer subyace a lo largo del trabajo. Porque si de algo no se habla en el pedido de excarcelación, es precisamente de las pruebas que condujeron al magistrado a considerar a Menem como “jefe de la asociación ilícita” que impulsó la venta ilegal de armas.
Al rechazar la presentación de los abogados, Urso sostiene que “la inexistencia de norma alguna (...)” sobre la figura de la “excarcelación extraordinaria impide referirme a ella”. En su resolución, el juez afirma que de la única manera que podría contemplar el pedido de los defensores es apartándose “de las normas aplicables”. En este punto, precisa que la única posibilidad para contemplar las sugerencias de los defensores, “sería declarando la inconstitucionalidad de las (leyes) que fundaron la prisión preventiva” de Menem. Inconstitucionalidad que reconoce tendría que dictar de oficio, dado que no fue peticionada por los defensores.
Urso considera que de impulsar la inconstitucionalidad de las leyes que tienen detenido al ex presidente, iría en sentido contrario a las distintas decisiones emanadas de la Corte Suprema, actitud que el juez no duda en señalar que “sería impertinente”.
Para no dejar lugar a dudas, el juez reproduce parte de un fallo del máximo tribunal que contó con los votos de Rodolfo Barra y Julio Nazareno, precisamente dos hombres que han dado sobradas pruebas de lealtad al jefe del menemismo. “Está vedado a los jueces declarar de oficio, sin previa petición de parte, la inconstitucionalidad de las leyes”, sostiene la cita a la que recurrió Urso.
Al denegar el nuevo pedido de excarcelación, el juez también dejó constancia de los puntos de vista del fiscal federal, Carlos Stornelli. Para el fiscal, el planteo de la defensa tenía como principal objetivo “cuestionar el encarcelamiento preventivo de Carlos Saúl Menem”, situación que opinó sería resuelta en el contexto de la investigación judicial. La conclusión a la que llega Stornelli, se desprende de la realidad: consideró que la presentación era “abstracta” y que para obtener la libertad debería esperar la definición de la apelación ante el tribunal de alzada.
En verdad, el planteo de la defensa suena más a un ardid que a un legítimo reclamo, ya que acaban de apelar la prisión preventiva dictada por Urso y espera una revisión en la Sala II de la Cámara Federal. Suelen comentar los abogados que cuando entienden en causas en las que su cliente está detenido, su primer objetivo es conseguir la libertad del mismo. Luego se atienden el resto de las cuestiones. La defensa de Menem se atiene al “manual” y no deja de reclamar su libertad.

YOMA SE ACERCA EN QUEJA A LA CORTE SUPREMA
Emir, lejos de los negocios

Por A. M.

La sala II de la Cámara Federal porteña rechazó ayer un recurso extraordinario presentado por Emir Yoma para que la Corte Suprema de Justicia revise su procesamiento y prisión preventiva en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Tal como adelantó Página/12, los camaristas Eduardo Luraschi, Horacio Cattani y Martín Irurzun resolvieron rechazar la presentación de los defensores del ex cuñado de Carlos Menem, Mariano Cúneo Libarona y Zenón Ceballos, a quienes sólo les queda la posibilidad de un recurso de queja para llegar al Alto Tribunal. Cuando esto ocurra, los jueces supremos empezarán a estudiar la causa que mantiene encerrado al ex presidente.
Si bien los camaristas reconocieron que las medidas procesales que mantienen preso a Yoma “lo hacen equiparable a una sentencia definitiva”, lo que despejaría el camino para la intervención de la Corte, estimó que las argumentaciones esgrimidas por los abogados defensores “no resultan suficientes a los fines de habilitar la vía extraordinaria”. Según ellos, “los hechos acreditados en el sumario, la valoración de los testimonios recogidos” y la calificación del tipo de delitos imputados a Emir Yoma “han sido resueltos con fundamentos suficientes y, además, compatibles con el grado de provisoriedad” necesarios en esta instancia procesal.
En la resolución que firmaron ayer recordaron que la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso similar presentado por la defensa del militar Antonio Vicario, “al resolver en una causa que guarda estrecha relación con la presente, aquella que tramita en el fuero penal económico por contrabando y en la que se encuentran procesados muchos de los aquí también involucrados”.
En su dictamen, el fiscal de Cámara Germán Moldes coincidió con la visión de la defensa de Emir Yoma, en el sentido de equiparar la decisión de Urso con una sentencia definitiva. Y dictaminó en favor del recurso extraordinario presentado por Ceballos y Cúneo Libarona. El funcionario mencionó las “especiales circunstancias” que presentan los hechos, “en los que se investiga la actuación de las otrora máximas autoridades de la República” que, “sumadas a su naturaleza y gravedad, justifican satisfacer de la manera más amplia el derecho de defensa en juicio”. Moldes concluyó que si el expediente llega a la Corte se podrían aclarar algunas “críticas” a la instrucción del sumario que “podrían traducirse en litigios de carácter internacional para el Estado Argentino”.
El Servicio Jurídico del Ministerio de Justicia, que reemplazó a la Procuración del Tesoro como representante del Poder Ejecutivo en la causa, estuvo de acuerdo con el planteo de Yoma desde el punto de vista procesal, en el sentido de que corresponde que la Corte trate el asunto. Pero mantuvo los argumentos a favor de la prisión preventiva del riojano. Yoma, preso en Campo de Mayo desde el 7 de abril, fue procesado por el juez federal Jorge Urso como “organizador” de una banda que habría exportado armas en forma clandestina a Ecuador y Croacia. Y la sala II ya confirmó esa medida, lo que implica que técnicamente Emir está en condiciones de ser enjuiciado por un tribunal oral. El empresario riojano intentó llegar hasta la Corte con la presentación formulada por sus abogados el 13 de junio. Ante la resolución de la sala II deberá hacerlo en queja. La Corte no sólo definirá la situación de Emir sino que, seguramente, analizará la inclusión de la figura de “asociación ilícita” en el causa sobre la venta de armas. Pero no es seguro, según comentan en el Palacio de Tribunales, que su fallo beneficie al ex presidente como pretenden los menemistas.

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