Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA agrupados en Memoria Activa insistieron ayer en su pedido para que declaren en el juicio oral el ex ministro del Interior Carlos Corach, el ex canciller Guido Di Tella, el ex vicecanciller Andrés Cisneros, el ex viceministro del Interior (durante la gestión de Carlos Ruckauf) Hugo Franco y el ex embajador de Israel Yitzak Avirán, entre otros. Los abogados querellantes Pablo Jacoby y Alberto Zuppi presentaron un escrito en el que detallan las razones por las que deben ser interrogados cada uno de ellos.
Hasta ahora, esos y otros ex funcionarios no figuran en la lista de 1550 testigos citados para el juicio oral que intentará, a partir del 24 de setiembre, esclarecer las responsabilidades del armador de autos truchos Carlos Telleldín y un grupo de policías bonaerenses y civiles en la voladura de la AMIA, que causó la muerte de 85 personas.
En cuanto a Corach, Memoria Activa le pidió al tribunal oral 3 que lo interrogue “porque tuvo un papel descollante como titular de Interior en el modo en que se llevó adelante la investigación y por su trato directo con los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, de manera que podrá aportar datos de sumo interés”, explicó Jacoby. También sostiene que Corach podría informar los motivos por los que, durante su gestión, no se dio casi ninguna difusión a la existencia de una recompensa para quienes aportaran datos.
Yitzak Avirán, consideran los integrantes de Memoria Activa, debería consignar los informes y peritajes del atentado elaborados por los israelíes, los vínculos del ataque a la AMIA con otros, decir si conoce obstrucciones que haya sufrido la pesquisa por parte de –por ejemplo– organismos de seguridad y “arrojar luz sobre circunstancias y personas que han influido en la forma en que la instrucción fue cumplida”.
Hugo Franco, sostienen los querellantes, debería declarar como ex viceministro del Interior y porque como director de Migraciones debía fiscalizar la entrada y salida de personas del país en las fechas cercanas al atentado pero “no colaboró con una política de control adecuada”. Tampoco informó sobre los vehículos ingresados al territorio nacional cuando se le solicitó esa información.
El escrito reclama que Di Tella explique “la determinación tardía del inicio de investigaciones administrativas para establecer las responsabilidades emergentes de informaciones aportadas previas al atentado” por el testigo Wilson Dos Santos ante el consulado argentino en Milán, Italia. También apunta a que aclare qué es lo que hizo, como ministro de Relaciones Exteriores, para el esclarecimiento de la voladura de la mutual judía.
El pedido del testimonio de Cisneros también está vinculado a Dos Santos y con la salida del país de Telleldín hacia Perú sin pasaporte poco antes del atentado, perpetrado el 18 de julio de 1994.
Otro de testimonios pedidos es el del biólogo Daniel Corach, quien intervino en la identificación de los restos.
Ahora el tribunal oral deberá decidir si acepta o rechaza los testigos propuestos para el juicio. Paralelamente, la querella unificada de la AMIA, la DAIA y Familiares de Víctimas prepara otra presentación para solicitarle al tribunal que revise la negativa a escuchar unos 25 testigos, entre ellos el ex carapintada y actual intendente de San Miguel, Aldo Rico.

CANICOBA CORRAL PIDIO LA DETENCION DEL DICTADOR
Pinochet no zafa por demencia

Para la Justicia argentina el dictador Augusto Pinochet no está “demente”. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer su captura internacional, así como la del militar uruguayo Julio Vadora, comandante en jefe del Ejército durante la última dictadura de ese país. El magistrado argentino responsabilizó a ambos por su participación en la “asociación ilícita” destinada a reprimir enemigos políticos en el Cono Sur durante la década del 70, es decir, por el Plan Cóndor.
En el extenso escrito que se detallan las pruebas que existen en el expediente contra Pinochet y Vadora, entre ellas legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), memos del agente de inteligencia chileno Arancibia Clavel y del Departamento de Estado norteamericano y numerosas declaraciones testimoniales.
Canicoba Corral ya había solicitado la detención del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, del jefe de la policía secreta pinochestista Manuel Contreras y de cuatro represores uruguayos. El gobierno de Uruguay decidió no arrestar a los tres oficiales del Ejército y el ex comisario policial y les prohibió salir del país. Ahora deberá fijar una posición sobre Vadora, fundador de la logia Tenientes de Artigas, que impulsó el golpe de Estado de junio de 1973 en Uruguay. El militar fue luego designado agregado militar en Washington y en 1974 asumió la comandancia del Ejército de su país.
La Justicia chilena respondió al requerimiento de la Justicia argentina ordenando la detención de Contreras –que ya estaba preso–. Canicoba Corral y el secretario de la causa, Oscar Aguirre, recibieron recién ayer la notificación de que esta medida se había tomado, así que ahora comenzará el proceso de extradición. Chile también deberá tomar una decisión con respecto a Pinochet, aunque su desprocesamiento por demencia en Chile en la causa por los asesinatos cometidos en la llamada “Caravana de la Muerte” hacen que su traslado a Argentina sea difícil. Pero Canicoba Corral no cree que todo esté perdido: “Los ordenamientos procesales son diferentes, las situaciones que hace a la facilitación jurídica son diferentes y yo tengo esperanzas de que pueda prosperar”, afirmó.
Este es el segundo pedido de extradición a Argentina que afronta el dictador chileno. La jueza federal María Servini lo reclamó por su responsabilidad en el asesinato del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, pero hasta ahora su demanda no prosperó.
El 10 de julio pasado, Canicoba Corral procesó en esta causa al dictador Jorge Rafael Videla. En esa oportunidad el juez consideró que las pruebas que poseía le permitieron “estimar la existencia de una organización criminal político-militar a nivel internacional sostenida por el poder ejercido de autoridades jerárquicas militares, civiles y policiales de los países que habrían integrado la misma, con fines criminales ilícitos como es, entre otros injustos, la desaparición forzada de personas”. En el escrito firmado ayer, el magistrado señaló que “la acreditación del Plan Cóndor surge de un acuerdo del máximo nivel político y militar de los estados argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, boliviano y brasileño, todos los cuales definieron tener su sede operativa en Chile”.

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