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Por Adriana Meyer
 “Ninguna prueba se ha
recolectado en los abultados treinta y dos cuerpos de expediente que lleve
a sostener que los imputados cuyo procesamiento se pretende hayan siquiera
aceptado promesa para hacer o dejar de hacer algo relativo a su función”.
Con esta frase, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó
la falta de mérito de los senadores acusados de haber cobrado sobornos
para votar la Reforma Laboral. El ex juez Carlos Liporaci había
indagado a los justicialistas Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Angel Pardo,
Eduardo Bauzá, Augusto Alasino, Ricardo Branda, Ramón Ortega
y Alberto Tell, y a los radicales Javier Meneghini, Raúl Galván
y Alcides López. Pero el 30 de diciembre dictó la falta
de mérito a todos. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado
apelaron la medida sólo por siete de ellos, pero los camaristas
Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani ratificaron ayer la decisión
de Liporaci, es decir, que no hay “mérito” para procesarlos,
pero tampoco para sobreseerlos. Esto significa que seguirán siendo
investigados como sospechosos en el expediente.
Mientras en algunos despachos del Honorable Senado de la Nación
se escuchaban gritos de júbilo, y otros legisladores más
recatados respiraban por fin aliviados, en los tribunales federales de
Retiro un par de funcionarios judiciales masticaron su bronca. “La
causa queda en coma, y en una carilla concluyeron que tras once meses
de trabajo esto fue sólo un rumor... no es serio”, se quejó
ante Página/12 uno de los investigadores. Comentó, además,
que a los fiscales la decisión les causó “hartazgo
y desazón”. Desde el juzgado de Gabriel Cavallo, que se hizo
cargo del caso tras la renuncia de Liporaci, ratificaron que la decisión
de la Cámara “no significa la muerte de la causa y la investigación
está encaminada”. Allegados al magistrado precisaron que se
están realizando cruces telefónicos entre los imputados
y otras medidas pendientes, aunque admitieron que, tal como señaló
la resolución de la sala I, están demorados los informes
sobre la situación patrimonial de los senadores, sus familiares
y empleados. Y confirmaron que comenzarán a indagar sobre la posibilidad
de que el dinero sucio de las coimas haya salido del sector privado. Pero
aseguraron que no hay ningún elemento que permita concretar las
indagatorias del ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, del ex jefe
de la SIDE, Fernando de Santibañes y del senador José Genoud,
ordenadas por Liporaci aunque suspendidas por Cavallo.
Freiler y Delgado habían apelado la falta de mérito de Alasino,
Costanzo, Tell, Pardo, Branda, Cantarero y Meneghini. Y dejaron afuera
de sus sospechas a Ramón Ortega, Eduardo Bauzá, Alcides
López y Raúl Galván. Pero a partir de ahora, la falta
de mérito les corresponde a los once senadores imputados.
Según los fiscales, distintos testigos manifestaron su convicción
sobre la existencia del hecho. Pero Riva Aramayo y Vigliani indicaron
que “omitieron relatar que al manifestarse acerca de tal íntimo
sentimiento no han podido sostener un conocimiento directo. En efecto,
resultan ‘testigos de oídas’ en tanto declaran lo que
oyeron sobre el hecho y no sobre el hecho mismo”. En esa categoría
entraron Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Usandizaga, Pedro
Del Piero, Silvia Sapag y los propios denunciantes Antonio Cafiero y Chacho
Alvarez.
Con respecto al testimonio de la periodista Fernanda Villosio, que ratificó
que el senador Cantarero le confesó haber cobrado un soborno, los
camaristas precisaron que no hay nuevos elementos que “permitan eliminar
la contradicción con lo expresado por el legislador en su indagatoria”,
y por lo tanto, del careo al que ambos fueron sometidos sólo quedó
“la palabra de uno frente a la del otro”. Riva Aramayo y Vigliani
afirmaron que las declaraciones testimoniales se asientan en “la
publicación efectuada por un respetado periodista (Joaquín
Morales Solá) que refirió la existencia de versiones sobre
el hecho, y en las sospechas de algunos senadores”. Pero cuestionaron
a algunos políticos porque “lasexhortaciones que realizaron
frente a los medios periodísticos se disipan y quedan minusválidas
con sus testimonios”. Y concluyeron que “sólo se cuenta
con las versiones, fueren periodísticas o políticas, volcadas
en el expediente pero ninguna alcanza el imprescindible valor de referencia
directa”.
Los camaristas señalaron que, aunque la SIDE sigue bajo sospecha
de haber sido la proveedora del dinero de las coimas, un informe de la
Oficina Anticorrupción (OA) referido a dos cheques cuyo destino
parecía dudoso concluyó que la documentación mostrada
por la central de inteligencia justifica el dinero gastado por los espías.
El caso empezó hace un año como un rumor, se convirtió
en un anónimo, luego en causa judicial y terminó con las
carreras políticas de De Santibañes y Flamarique. Fue el
detonante, además, de la renuncia del vicepresidente, Chacho Alvarez,
el principal denunciante.
ORDEN
DE CAPTURA CONTRA UNA ASESORA DE BORDON
Una ex diputada amiga de lo ajeno
El juez de Garantías
de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó la detención de la
actual asesora de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense
y ex diputada provincial peronista, Patricia Fernández, por una
causa sobre supuesta malversación de caudales públicos.
La funcionaria está acusada de haber otorgado subsidios a familiares
y empleados suyos, usando fondos de la Legislatura provincial. Además,
la Fiscalía platense tiene documentación que probaría
que la asesora de la dirección que comanda José Octavio
Bordón sería propietaria de por lo menos cinco inmuebles,
por lo que se investiga si se enriqueció ilícitamente.
La Dirección de Cultura y Educación no para de sufrir tropiezos;
la semana pasada, el propio Bordón se vio envuelto en un escándalo
cuando reconoció que la plata destinada al Fondo de Incentivo Docente
había sido usada para otros fines por la Gobernación bonaerense.
Por otro lado, los empleados de la repartición están molestos
por la decisión de pagarle en bonos a quienes cobran más
de 700 pesos de sueldo. Como una nueva cuenta del collar, se sumó
la orden de detención de Fernández.
Según los fiscales Carlos Agüero y Esteban Lombardo, distintos
allegados a la ex diputada del PJ habrían recibido subsidios por
10 mil y por 20 mil pesos, y en algunos casos el dinero habría
sido depositado en una cuenta bancaria a nombre de la asesora de la Dirección
de Escuelas. Página/12 ya había revelado en agosto del año
pasado las maniobras de Fernández, luego de que fueran denunciadas
por una ex empleada suya, Silvia Di Donato, quien aseguró que la
funcionaria la hizo nombrar en la Legislatura, aunque jamás cumplió
tareas en el Parlamento provincial.
El juez Atencio también ordenó la captura de la madre de
Fernández, Amalia Brovarone, de su hermano Juan Pablo, y de seis
ex empleados de la Legislatura. Todos habrían recibido subsidios
del Tesoro bonaerense, por una suma total de 85 mil pesos, según
calcularon miembros de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas.
Hasta el cierre de esta edición, Fernández todavía
no había sido detenida.
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