La Sociedad Rural analiza varias ofertas para levantar un hotel y un área de entretenimiento en su predio. El proyecto de Enrique Crotto, presidente de la institución, cuenta ya con el acuerdo del Legislativo y el Ejecutivo porteño. El hotel se levantará frente a una nueva calle que dividirá en dos la Rural y servirá como paseo comercial y gastronómico. Aunque Crotto aún necesita el consenso de sus socios americanos para cerrar esta operación, la idea no requiere aval de la Legislatura que ahora está concentrada en el proyecto que pretende cambiar la zonificación para la apertura de la nueva calle y los locales.
Para los que están trabajando en el tema, existen dos objetivos. Uno es político y el otro estético. El proyecto de ley intentará poner punto final a la conflictiva situación de los terrenos de la Rural sobre el que existe y existió una puja larguísima entre el gobierno porteño y la empresa formada por la Rural y la americana Ogden, que hasta ahora vino impulsando desde la construcción de un complejo de cines hasta uno hotelero dentro del predio.
El segundo aspecto es el estético. Desde el gobierno porteño se pretende mejorar ese perfil de Palermo ahora descuidado que comprende el tramo de la avenida Santa Fe entre la Rural y Pacífico. Para hacerlo se abrirá una calle nueva: la prolongación de Darregueyra. Esta calle dividirá a la Rural en dos pero además conectará Santa Fe con Berutti primero, y con Juncal por atrás. En total, esa curva tendrá 200 metros de largo y al poco tiempo de abierta comenzará a convertirse –eso esperan– en una de las calles más glamorosas de la Ciudad.
La Rural cederá al gobierno porteño ese tramo de terreno para abrir la calle y hará una inversión para instalar restaurantes, bares y cafés. Si todo el proyecto sigue adelante tal como está, el predio Rural de Palermo seguirá teniendo, hacia el sur, los centros de convenciones y salas exposiciones aggiornados con estas nuevas instalaciones entre las que podrá incorporar cierto tipo de estructura de apoyo y una playa de estacionamiento con entrada autónoma. No tendrá, en cambio, la megaplaya prevista para dos mil autos que empezó a construir cuando se intentaba llevar adelante el complejo de cines.
“Ya desistimos de los cines: sabemos que perdimos, y no lo vamos a poder hacer”, explicó a este diario, Enrique Crotto presidente de la Sociedad Rural Argentina, antes de entusiasmarse por el nuevo proyecto que tiene entre manos. Frente a Darregueyra, la nueva calle de la Rural, la institución levantará un hotel y posiblemente un área recreativa. En su proyecto, el hotel se une al predio rural mediante un puente aéreo (ver diagrama), aunque en este punto aún no hay acuerdo con el Ejecutivo. “Tenemos mil propuestas de empresas dispuestas a invertir en el hotel”, sigue diciendo Crotto que, sin embargo, aún debe consultar con sus socios americanos.
Con Ogden, la Rural llevó adelante una serie de inversiones que la dejaron hace dos años en una complicadísima trama. Todo empezó en el `91 por un decreto del ex presidente Carlos Menem por el cual le vendió a la Rural doce hectáreas allí, por sólo 30 millones de dólares, una suma considerada irrisoria y por la que existe una causa abierta. A pesar del proceso, la Rural comenzó a invertir en los terrenos asociada con Ogden. Además del Centro de Exposiciones y Conferencias –ya inaugurado– querían poner ahí un complejo con 14 salas de cine y una playa para 2000 autos. Cuando estaban a punto de hacerlo, los vecinos pusieron el grito en el cielo. La obra se frenó ya que según las normas de zonificación urbana, la Rural pertenece a la categoría UP: Urbanización Parque, destinada a “áreas de espacios verdes y parquización de uso público”.
Este cerco legal impidió hasta ahora cualquier tipo de modificación que incluyera uso privado y comercial. Crotto y sus socios no pudieron seguir pensando en los cines pero tampoco en levantar hoteles dentro de los límites del predio, tal como lo habían planificado a comienzos de año. Ahora las cosas son distintas. El anteproyecto consensuado entre el Ejecutivo y la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, modifica en primer término la zonificación. Los nuevos terrenos de la Rural no serán más UP sino que, cuando se aprueben, serán E4: de equipamiento especial. Esto quiere decir que se podrán hacer construcciones pero complementarias al uso principal.
El paseo gastronómico entra en ese marco aunque su expansión estará absolutamente restringida. “Podrán hacer emprendimientos de uso complementario pero nunca un shopping, ni nada que modifique el estilo, o el uso general de esas parcelas”, explicó a Página/12 Marcelo Vencentini, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Para evitar malos entendidos, el artículo tercero del proyecto expresa claramente que no se podrán instalar “shoppings, centro de compras o supermercado”. En cambio, hacia el sur de Darregueyra, la Rural podrá levantar “museos, áreas gastronómicas, restaurantes, bar, café, centro de entretenimientos, oficinas, galería comercial y equipamiento comercial minorista”.

ARRESTAN A FAMILIARES Y AMIGOS DE UNA EX DIPUTADA
Subsidios de uso personal

Los subsidios de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires destinados a los más necesitados eran entregados, pero aparentemente no a quienes debían acceder a ellos, sino a familiares y amigos de una ex diputada bonaerense: por presunta malversación de caudales públicos provenientes de esos subsidios que debían entregarse a indigentes, la Justicia platense ordenó la detención de la ex legisladora justicialista Patricia Fernández, y arrestó a seis de sus empleados, entre los que están su madre y su hermano.
La investigación se inició en enero del año pasado, cuando una colaboradora de Fernández denunció que el dinero que la Legislatura entregaba para becas y subsidios de personas necesitadas, era cobrado por la ex diputada y sus amigos y familiares. Fernández figuraba como presidenta de una entidad presuntamente inventada para la recepción de subsidios, la Red Bonaerense, y, según determinaron los investigadores, algunos empleados y familiares suyos figuraban también como autoridades de asociaciones civiles o entidades de beneficencia inexistentes.
Con ese supuesto rol, los acusados accedieron a subsidios de entre 10 y 20 mil pesos, por lo que se estima que se habrían otorgado 85 mil pesos empleando esa maniobra.
La ex diputada, que actualmente se desempeña como asesora de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, aún no fue apresada porque, junto a los imputados Alfonso Vicinanza y Juan Gabriel Marcovecchio, apeló la orden de detención que había dictado el juez de Garantías Guillermo Atencio.
Pero los seis que no pudieron apelar la medida y quedaron detenidos son la madre y el hermano de la ex diputada, Amalia Brovarone y Juan Pablo Fernández, y otros cuatro de sus empleados, Mabel Díaz, Guillermo Bertoldi Pizarro, Araceli López y María Cristina Fiore. La madre de Patricia Fernández era empleada de la Legislatura bonaerense y vicepresidenta de la Red que presidía su hija.

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