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Por Mónica
Gutiérrez
 Todas las fuerzas políticas
estaban dispuestas a consensuar la reforma de la Constitución Provincial.
Pero el gobernador José Manuel De la Sota convocó hoy a
una consulta popular. Más de dos millones de cordobeses tendrán
que contestar por Sí o No a una pregunta que –por lo menos
en el humor social– se responde sola: “¿Está de
acuerdo con transformar la actual Legislatura bicameral de 133 miembros
por una unicameral con 70 legisladores?” Los comicios no serán
vinculante; en realidad De la Sota espera que el resultado le dé
otras certezas para el 2003. Varias organizaciones sociales promovieron
un boicot y algunas difundieron el “voto inodoro” y otras eligieron
poner a consideración las privatizaciones. Sólo el gobierno
hizo proselitismo.
Los referentes de Unión por Córdoba (la coalición
delasotista) comenzaron a trabajar a fin del año pasado por la
reforma. La oportunidad para efectuarla fue el único tema que suscitó
diferencias con la oposición, hasta que el gobernador sacó
de la manga la consulta popular. El gobierno prefirió no poner
en tela de juicio la reforma a nivel general sino preguntar por el reemplazo
de las dos cámaras por una sola y la reducción de la cantidad
de legisladores a la mitad. “Nos vamos a ahorrar 20 millones de pesos
por año que serán destinados a salud, trabajo y educación”,
se cansaron de repetir funcionarios y diputados oficialistas. La oposición
anticipó que votará a favor pero criticó el plebiscito:
“Es innecesaria una consulta sobre algo en lo que estamos todos de
acuerdo”, señaló Miguel Nicolás, titular de
la UCR Córdoba. La participación de Germán Kammerath
fue ínfima, preocupado más por mejorar su performance al
frente de la Municipalidad capitalina, después de haber sido jaqueado
por temas críticos como el transporte y sus cuestionadas licitaciones.
Esta es la manera más cara que tenía De la Sota para saber
qué hacer con la elección de octubre, que pondrá
bajo la lupa sus posibilidades para el 2003. Mientras la UCR está
haciendo campaña con Rubén Martí, el PJ todavía
no tiene candidatos. “A fines de julio se sabrá”, prometió
el gobernador, quien evalúa si jugará la candidatura de
su esposa Olga Riutort o con Juan Carlos Maqueda, actual ministro de Educación.
Si bien Riutort juró que no sería candidata, los dirigentes
del PJ saben que es la única que puede estar cerca de la elevada
imagen que tiene Martí en Córdoba y que una derrota en las
urnas en octubre detendría la carrera hacia la Rosada.
Según el Poder Judicial, el contrato con Correo Argentino y Siemes
Itron –para logística electoral y escrutinio– cuestan
996 mil pesos. Contando los 39 mil que demandó la impresión
de padrones y votos, más los gastos de personal y movilidad, el
gasto de la elección superará el millón de pesos,
no mucho menos de lo que cuesta cualquier elección general, sin
contar lo que se invirtió en propaganda electoral. Para que se
haga el escrutinio tiene que votar la mitad más uno: 1.088.823
ciudadanos.
Más protagonismo que los partidos tuvieron algunos grupos sociales.
Una organización de vecinos promovió el “voto inodoro”:
“Sí a la salud, a las cloacas, al transporte digno, no a la
contaminación, a las falsas promesas, a la discriminación”,
rezan los 60 mil votos que repartieron por la ciudad. “Nuestro voto
es un medio de protesta hacia los políticos, proponemos que los
votantes usen esa boleta el domingo porque estamos hartos de promesas
incumplidas”, dijo Oscar Perassi a Página/12. Desde los gremios
que se oponen a la privatización de la empresa de energía
surgió un voto por el “No a la venta del patrimonio cordobés”.
Según las encuestas que circularon en el último mes, si
De la Sota plebiscitara este aspecto de su gestión obtendría
el rechazo del 70 por ciento de los cordobeses. Cuestiones menos conocidas
de la reforma constitucional que promueve el Ejecutivo generan más
discusión que la que se somete hoy a consulta, como la redistribución
de municipios en el interior provincial (desaparecerían varias
decenas) y lo que el gobierno llama la”regionalización”
del territorio, que tendrá incidencia sobre la coparticipación
que reciben las ciudades y comunas.
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