|
Por Javier Lorca
 Tan incierto es aún
el alcance que tendrá el recorte presupuestario sobre las universidades
nacionales, como la reacción que encarnará la comunidad
universitaria. Lo único que nadie duda es que el tijeretazo existirá.
Del lado del Ministerio de Educación, todavía no se sabe
cuán grande será el ajuste: si bien los docentes y empleados
de las casas de estudios están explícitamente incluidos
por decreto entre quienes serán víctimas de la poda salarial,
en la cartera que encabeza Andrés Delich, además de negociar
con el Ministerio de Economía, están estudiando cómo
“distribuir el ajuste para no perjudicar a los servicios educativos”.
Del lado de las universidades, mientras las vacaciones de invierno conspiran
contra la movilización de estudiantes y docentes, y pese a que
todos los sectores se pronuncian contra las consecuencias educativas y
sociales del ajuste, la férrea oposición que había
hace una semana entre las autoridades académicas se tradujo, por
ahora, en una espera de las definiciones oficiales.
Termómetro de las tensiones y la incertidumbre de la última
semana fue la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande
y poblada del país. Todos los sectores de la UBA consensuaron un
crítico documento contra el ajuste. Pero, a la vez, a último
momento el Rectorado suspendió una conferencia de prensa prevista
para que las autoridades publicitaran su rechazo. En estos días,
el órgano de gobierno de la universidad, el Consejo Superior, se
dividió en dos posturas frente a la tijera oficial. Los decanos
de Ciencias Sociales, Veterinarias, Ciencias Exactas, Odontología,
Agronomía y Filosofía y Letras, junto con representantes
de profesores, alumnos y graduados, se enfrentaron con la conducción
del rector Oscar Shuberoff y reclamaron una fuerte protesta pública
contra el recorte.
Para plantear esa postura, convocaron a una sesión extraordinaria
del Consejo Superior, que se hizo el viernes. “No podemos seguir
esperando a ver qué pasa, ni quedarnos mirando las protestas por
televisión. La universidad tiene que salir y dejar bien claro su
rechazo”, dijo a Página/12 Claudio Eli (Frepaso), consejero
por los graduados. En esa dirección, los consejos directivos de
Sociales, Veterinarias y Filosofía y Letras propusieron la realización
de una gran asamblea que reúna a los consejos de las trece facultades
de la UBA y a la junta del CBC “para analizar, evaluar y proponer
medidas alternativas al plan de ajuste decretado por el Poder Ejecutivo
y coordinar acciones comunes de respuesta”.
Desde el Rectorado, con el apoyo de varios decanos radicales y la mayoría
de los consejeros superiores, se prefirió esperar a las resoluciones
del Congreso y a la reunión que el lunes harán todos los
rectores del país en el Consejo Interuniversitario Nacional. Esa
posición se impuso y la sesión del viernes pasó a
cuarto intermedio. “Hay mucha disconformidad con las medidas del
Gobierno, pero no tiene mayor sentido tomar una decisión ahora
hasta que no sepamos cómo nos va a afectar el ajuste –dijo
a este diario un funcionario muy cercano al rector radical– si nos
recortan el 13 por ciento de los sueldos y de las partidas de funcionamiento,
estalla todo. Los docentes y no docentes irían a un paro por tiempo
indeterminado.”
Líder de varias protestas contra la tijera oficial, Shuberoff sostiene
ahora que este ajuste es diferente de los impulsados por el menemismo
y el efímero López Murphy, porque no se trata de medidas
ensañadas con la educación pública, sino que la afectan
como al resto de la sociedad. El rector y su entorno piensan, además,
que es preferible esperar, por dos razones. Por un lado, por el resultado
de la reunión que Shuberoff y algunos decanos mantuvieron con Delich
el jueves pasado. Allí, el ministro se comprometió a “negociar
con Economía algún alivio para las universidades”,
según confió a este diario un funcionario de Educación.”Vamos
a hacer el mayor esfuerzo para no tocar el presupuesto universitario.
Estamos analizando varias alternativas”, siguió. Y, por otro
lado, porque tienen esperanzas de que el Congreso logre morigerar el recorte
y de que se fije a los mil pesos como tope mínimo para la poda
salarial. Si así fuera, quedaría excluida la enorme mayoría
de los magros sueldos de docentes y no docentes.
En el propio Ministerio de Educación reconocen: “Tampoco acá
está muy claro cómo se van aplicar las medidas”. Lo
cierto es que, al estar incluidos en el decreto de ajuste, los salarios
de empleados y docentes universitarios deberán perder una porción.
Y que tampoco eso será todo. El ministerio también deberá
ajustar su presupuesto y los 1800 millones de las universidades son una
de sus porciones más jugosas.
|
OPINION
Por Julio Villar *
|
|
Sin universidad no
hay pensamiento crítico
Desde el inicio de mi vida universitaria sostengo que la Reforma
de 1918 se basó en los postulados ideológicos de la
Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Sin
Fraternidad no hay Igualdad. Sin Igualdad no hay Libertad.
Una mirada sobre la sociedad argentina basta para saber cuán
lejos estamos hoy de ese trípode fundante de la sociedad
moderna, y qué cerca estamos del país oligárquico
diseñado por las elites de los años treinta, una sociedad
para pocos y un desierto bárbaro para muchos.
La biografía de Videla, El Dictador, de María Seoane
y Vicente Muleiro, no sólo muestra la vida seca del asesino
sino que detalla la mayor de sus preocupaciones: reprimir para acabar
con las organizaciones sociales, políticas y educacionales
a los simples fines de evitar que el salario alcanzara el 40% del
PBI. Esto no tiene la frialdad de un dato sino el aliento de vida
de los trabajadores y las capas medias, que podían así
disfrutar de un contrato social que les garantizaba educación,
salud, trabajo y vivienda. Esta es la república que conocimos,
y sobre la que quieren cargar los ideólogos del mercado nucleados
en el CEMA (Centro de Estudios de Macroeconomía Argentina)
fundado en tiempos de la dictadura por Martínez de Hoz, Pedro
Pou, Roque Fernández y el grupo de Jaime Perriaux, entre
otros –como lo demuestra la investigación de Seoane
y Muleiro.
En lo que respecta a las universidades el discurso conservador construye
como guía y paradigma las prácticas de EE.UU. y los
países de la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico) tendientes, según ellos,
a disminuir la participación estatal en los presupuestos
de educación. El cuadro adjunto demuestra con frialdad matemática
la falacia de Daniel Artana en su breve paso por el también
breve ministerio de López Murphy: disminuir los aportes estatales
al gasto educativo y trasladar la demanda al sector privado. Las
440 páginas del informe de la OCDE dedicados a los 30 países
que forman parte de la organización arroja que los Estados
invierten en promedio 4,64% de su PBI en centros públicos
de educación y el sector privado sólo lo hace en el
1,11%.
La recuperación de la democracia encontró a las Universidades
Nacionales y Públicas arrasadas en lo académico y
en la calidad de su gestión. En los tiempos de plomo de la
“guerra fría”, las universidades fueron un objetivo
privilegiado de la represión por haber sido durante décadas
constructoras de un pensamiento crítico que se personificó
en la formación de funcionarios, de políticos y de
todas formas que tomen los hombres públicos que sirvieron
desde las más altas magistraturas a los ciudadanos de este
país. Achicar el estado al punto de no tener estado en condiciones
de defender y gestionar los bienes públicos conlleva a acabar
con las universidades, por ser éstas generadoras de conocimiento
y pensamiento crítico, condiciones necesarias para la construcción
de una sociedad.
En el Ministerio de Educación y en las Universidades Nacionales
se está trabajando para buscar consenso en las reformas necesarias
para actualizar las universidades a las demandas de la sociedad
democrática. Desde el proyecto del Dr. Hugo Juri hasta las
propuestas del ministerio hay pautas para cambios significativos
que van desde carreras a término, nuevas ofertas para las
nuevas demandas, sistema de “créditos” que permiten
articular un sistema nacional más eficiente hasta incorporación
de nuevas tecnologías que permiten ampliar la población
que se sume a nuevas modalidades en educación.
Un párrafo aparte merece la financiación. Sabemos
que debemos mejorar y optimizar los recursos, pero debemos señalar
que no es poco el aporte económico que realizan, por ejemplo,
80 mil de los 100 mil docentes que trabajan ad honorem o cobran
sueldos simbólicos; esto muestra el aporte social que los
universitarios hacen por sus universidades y su país, algo
que no es poco, sobre todo en una sociedad donde todo tiene precio.La
Universidad Pública es el esqueleto de esta nación,
su semillero de ideas y de cuadros para defender lo público.
En la crisis que vive el país y ante las grandes carencias
de millones de compatriotas nos debemos por nuestra historia y nuestra
ideología a no demandar más recursos y hacer más
eficiente el gasto. La Universidad Nacional es el último
baluarte ideológico y cultural que puede reconstruir con
sus nuevas generaciones un país para todos.
* Rector de la Universidad Nacional de Quilmes
|
|
