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Por Cledis Candelaresi
 Eximir del recorte salarial a los agentes estatales que ganan menos de 1000 pesos brutos, como pretenden los legisladores de la Alianza que siguen resistiéndose a la interpretación del Ejecutivo del recorte, significaría dejar a salvo de la guadaña oficial a la mitad del plantel que integra la administración nacional, incluyendo las Fuerzas Armadas y de seguridad. Un desvelo mayor le ocasionaría subir el piso de las jubilaciones, ya que apenas un magro 5 por ciento de haberes están por encima de aquel monto.
Si instrumentara la idea original de rebanar un 13 por ciento todos los sueldos, sin discriminación, Hacienda conseguiría un ahorro mensual de alrededor de 42 millones de pesos. Subir el piso de la poda a 1000 pesos dejaría indemne al 30 por ciento de la masa salarial (el grueso de los recursos son absorbidos por las remuneraciones de la mitad que más gana), lo que obligaría a conseguir de algún otro lado la diferencia, de modo tal que ese bálsamo para algunos estatales no comprometa la meta del déficit cero.
Un rápido repaso por la grilla salarial de los 249 mil estatales descubre que en este rubro el problema no es la magnitud de salarios �ni siquiera en los cargos jerárquicos� como tampoco en el previsional lo es el monto de las jubilaciones. El 90 por ciento de los agentes nacionales en actividad gana menos de 2000 pesos brutos y apenas el 0,3 por ciento cobra remuneraciones superiores a los 6000 pesos. Los casos controvertidos, a los que suelen aludirse como prueba de desmanes contra un Estado famélico de recursos, surgen de un universo de apenas 800 legajos, a los que habría que sumar los contratos de servicios.
La Secretaría de Modernización, a cargo del frepasista Marcos Makón, promovió dos decisiones políticas que apuntan, justamente, a la mayor jerarquía salarial. Una es el decreto que limitó la remuneración del jefe de gabinete a 6900 pesos, erigiéndola en tope máximo para todos los sueldos públicos. La otra norma limitará el número de directores de entes descentralizados, cuerpos que concentran los sueldos más altos, los que el último ejercicio insumieron 25 millones de pesos del Presupuesto Nacional.
Es en este segmento salarial, el menos poblado, donde hay mayor dispersión y algunos casos sorprendentes. Sólo la autonomía presupuestaria de los organismos descentralizados puede explicar que un director del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) gane menos de la mitad que otro del INPI (Instituto Nacional de Patentes Industriales), cuya retribución alcanza a los 10 mil pesos por mes.
Mejor posicionado aún están, por ejemplo, los principales responsables de la Superintendencia de AFJP, cuya remuneración roza los 15 mil mensuales. El razonable criterio fue fijarle a estos funcionarios un sueldo semejante al que perciben los directivos del sector privado, cuya tarea deben fiscalizar. Sin embargo, este nivel de retribución resulta insostenible en el medio de una crisis fiscal y cuando Economía hace malabares para eludir el
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