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Por Eduardo Videla
 La Justicia le puso freno al proyecto del gobierno nacional para instalar 4000 máquinas tragamonedas en la ciudad de Buenos Aires. La medida la adoptó, en el último día antes de la feria judicial de invierno, el juez federal en lo Contencioso Administrativo Osvaldo Guglielmino, al hacer lugar a un recurso presentado por el abogado Ricardo Monner Sans. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa, invade la jurisdicción porteña, cuyo gobierno, según la ley, tiene la atribución de regular y controlar los juegos de azar en la ciudad.
La decisión de instalar tragamonedas en la ciudad había sido adoptada por un decreto firmado el 27 de abril último por De la Rúa, en otros tiempos abanderado de la lucha contra el casino flotante en el puerto de Buenos Aires. El decreto 494/2001 autoriza a Lotería Nacional Sociedad del Estado a la �implementación de juegos de resolución inmediata por medio de máquinas electrónicas�, las que podrían ser instaladas en la red de agencias oficiales de la empresa estatal, en los bingos porteños y en otros lugares no precisados en la norma.
Esa falta de precisión del decreto fue uno de los argumentos que esgrimió Monner Sans y que aceptó el juez Guglielmino para aceptar el recurso y dictar una medida �precautelar� de no innovar. Esto quiere decir que el gobierno debe abstenerse de avanzar con la implementación de la medida y a la vez, informar al juez sobre los alcances de la propuesta. La medida de Guglielmino fue adoptada el viernes y el plazo corre a partir de la reanudación de la actividad judicial, el 6 de agosto.
�Es grave que el Estado intente incrementar sus ingresos fomentando el vicio del juego, especialmente en los ámbitos juveniles y en sectores ya suficientemente empobrecidos�, dijo Monner Sans a Página/12, al sintetizar uno de los fundamentos de su presentación, de trece carillas, formulada el 21 de junio último.
Además de esta objeción, el abogado cuestionó el párrafo del decreto que se refiere a la �comercialización de agencias oficiales y de salas de Bingo u otras ajenas a las reguladas por el decreto 600/99�. �Esta falta de precisión abre la posibilidad de que se instalen tragamonedas en shoppings, bares y otros lugares públicos�, sostuvo Monner Sans.
La presentación del abogado hizo hincapié en �el desmejoramiento en la calidad de vida� que implica para el ciudadano la instalación masiva de tragamonedas. Y se basa también en la violación de la jurisdicción que tiene la ciudad de Buenos Aires, otorgada por la Constitución nacional y regulada por la Legislatura porteña, que a través de la ley 538, sancionada el año pasado, establece la atribución del gobierno local para reglamentar los juegos de azar. Ese mismo argumento fue utilizado por el procurador general de la ciudad, Juan Carlos López, y por la defensora del pueblo porteño, Alicia Oliveira, quienes en forma separada presentaron recursos de amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo para frenar el decreto. �Ambas presentaciones fueron rechazadas en primera instancia y apeladas ante la Cámara�, dijo Monner Sans.
El proyecto, según trascendió, apunta a instalar unas 4000 máquinas tragamonedas en la ciudad de Buenos Aires. Los recursos obtenidos serían destinados a la asistencia social, concretamente, al Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, Monner Sans sostiene que detrás del proyecto se esconde �un negocio para importar las máquinas, que involucraría a gente vinculada con la gestión menemista y con el actual gobierno nacional�. La instalación de tragamonedas fue rechazada casi por unanimidad por la Legislatura porteña.
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