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Por
Cledis Candelaresi
 Un
rápido repaso por las cuentas públicas provinciales ofrece
a la Nación un argumento bastante consistente para fogonear el
ajuste en las provincias, con el afán de inducirlas al déficit
cero. En los cuatro últimos ejercicios anuales, el déficit
conjunto de las administraciones del interior se incrementó nada
menos que veinticuatro veces y hoy su deuda, por todo concepto, supera
los 21 mil millones de pesos, cifra sideral en época de financiamiento
caro y escaso. Buenos Aires surge en el mapa económico del país
como una de las provincias financieramente más comprometidas y
con una mayor brecha entre lo que recauda y lo que gasta: el 60 por ciento
del desequilibrio fiscal corresponde al estado más grande del país.
Según un informe de la secretaría de Política Económica
del Ministerio de Economía, el gasto primario de las provincias
(sin computar el pago de la deuda e incluyendo el costo de las once cajas
previsionales transferidas a la Nación), subió 6298 millones
de pesos desde 1994 hasta diciembre del 2000. El mayor aumento se produjo
en 1999, año de las elecciones, dato del que se vale Domingo Cavallo
para acusar a muchas administraciones de haber dilapidado fondos públicos
con fines electorales.
La provincia de Buenos Aires incrementó sus gastos en un 30 por
ciento en aquel período: antes de comenzar el segundo mandato menemista,
sus erogaciones anuales eran de 8110 millones, contra los 11.493 millones
del año pasado. Más llamativo aún es que en 1997
descollaba entre las pocas provincias que tenían superávit.
Ese año el estado comandado por Eduardo Duhalde tuvo un resultado
positivo de 412 millones de pesos, pero desde el año siguiente,
vísperas de las elecciones presidenciales, la situación
se revirtió.
Antes de diseñar el actual ajuste en marcha, Buenos Aires tenía
un déficit proyectado para este año de 1649 millones de
pesos, 300 más que en 1998. Con este dato, los funcionarios de
Economía y la Jefatura de Gabinete presionaron para que se haga
el ajuste en la administración más grande del país,
jaqueada por la imposibilidad de conseguir financiamiento en el exterior.
En su descargo, los funcionarios provinciales recuerdan, por ejemplo,
que la reforma educativa obligó a reforzar su nutrido plantel de
250 mil docentes, gasto irreprochable desde el punto de vista legal y
político.
Pero las cuentas bonaerenses no son la excepción, ya que el grueso
de las provincias aumentaron sus erogaciones que, en algunos casos, se
destinan básicamente al pago de salarios. Entre ellas la propia
San Luis, tomada hoy como ejemplo de una administración eficiente,
ya que es de las pocas que no tiene déficit: la gobernación
de Adolfo Rodríguez Saá pasó de gastar 495 millones
en 1994 a 632 millones el ejercicio pasado.
La administración puntana y la de Santiago del Estero son las únicas
a las que la meta del déficit cero no les resultará un objetivo
utópico, sólo alcanzable tras un cruento ajuste. Según
estimaciones de Jefatura de Gabinete –en base a información
de Economía–, ambas tendrán este año un resultado
positivo. Las veintidós restantes seguirán con una brecha
en sus cuentas que, si bien es muy inferior a la del año 1999 –cuando
Carlos Menem finalizó su mandato–, es incomparable respecto
a la que registraban a mediados de la década pasada.
El otro gran grillete de la economía provincial es su abultada
deuda, concentrada en préstamos bancarios y la emisión de
títulos de deuda. La cuarta parte de las obligaciones del interior
están documentadas en bonos cuyo vencimiento es una verdadera espada
de Damocles para los gobernadores: no cumplir con una cuota equivale a
entrar en default.
Nuevamente Buenos Aires pica en punta con un pasivo de 4679 millones,
contra los 21 mil totales. Pero a diferencia del resto, la mayor parte
delos compromisos bonaerenses son a favor de los tenedores de esos papeles
de deuda, ya que no apeló ni a los fondos fiduciarios regionales
ni al auxilio de la Nación para sostener su alto déficit.
Más allá de su origen, podría decirse que el volumen
del pasivo bonaerense guarda relación con la envergadura de la
economía de la provincia. Desde esta óptica, es mucho más
llamativo el caso del Chaco, administrada por el aliancista Angel Rozas,
que tiene deudas por 1321 millones de pesos, más incluso que Córdoba.
También aquí, San Luis aparece en los antípodas de
Buenos Aires, con una deuda relativamente baja: sólo debe al Fondo
Fiduciario de Desarrollo Regional 15 millones de pesos tomados en préstamo
para reformar el estado puntano y otros 15 millones a organismos multilaterales,
para obra pública. Tal vez, por austeridad administrativa. Quizás,
porque la hegemonía de Rodríguez Saá hizo innecesario
dilapidar recursos en proselitismo. O simplemente porque pudo aprovechar
las ventajas de la promoción industrial, que le permitió
desarrollar una infraestructura envidiable para muchos estados del interior,
con un alto costo fiscal a cargo de la Nación, es decir, de todos
los contribuyentes.
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