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Por
Irina Hauser
 “Estamos
viendo la posibilidad de algún tipo de consulta”, dijo el
jefe de Gabinete Chrystian Colombo, tras los pasos del gobernador de Córdoba
José Manuel De la Sota. Con la consulta popular para reducir el
número de legisladores en su provincia, el justicialista De la
Sota materializó algo similar a lo que el presidente Fernando de
la Rúa anunció en marzo –al inaugurar las sesiones
del Congreso– que pretendía hacer a nivel nacional junto con
las elecciones de octubre: una suerte de referéndum para achicar
el sistema político. Constitucionalistas y politólogos consultados
por Página/12 advirtieron que el sistema de legislaturas unicamerales
no es garantía de reducción de gastos, que tampoco es conveniente
en todas las provincias, que quita representatividad a los partidos más
chicos y que su aplicación nacional sería un escándalo
que destruiría el federalismo.
Con el slogan del recorte del gasto político, De la Sota llegó
a más del 65 por ciento del electorado cordobés, que le
dio el sí para una poda de legisladores, le permitió proyectarse
en elecciones futuras y cosechar felicitaciones del Gobierno Nacional.
De la Rúa agradeció su esfuerzo patriótico y Colombo
celebró la utilización de la consulta popular. Si se aplica
también en octubre, está por verse. En marzo de la Rúa
dijo que
si no se lograba un “consenso para achicar el sistema político
nacional (...) hagamos el mismo día de la elección un referéndum
nacional”.
El jurista Jorge Vanossi cree que es “positiva” la realización
de “una consulta popular no vinculante” como la de Córdoba.
“El pueblo quiere hacer algo más que depositar en una boleta
una lista bloqueada cada tantos años; quiere participar, opinar”,
señala. A nivel nacional “la experiencia debe ser tomada en
cuenta”, dice, pero no para instalar el sistema unicameral “porque
vivimos en un Estado federal, donde los diputados representan al pueblo
de la Nación y los senadores a las provincias”.
Las consultas populares conllevan, a entender del jurista Daniel Sabsay,
el riesgo de que “quien gobierna fomente consultas basadas en humores
de la sociedad a fin de conseguir apoyos para su gestión, algo
que puede ocurrir cuando son generadas desde el propio poder”. Sabsay
cree que un sistema unicameral provincial es factible “porque la
descentralización territorial no existe y la existencia de dos
cámaras no asegura mayor calidad institucional, en cambio a nivel
nacional la bicameralidad es la esencia del federalismo y apunta a una
mayor integración territorial”.
Para cambiar su legislatura, Córdoba tendrá que modificar
su constitución local. El constitucionalista Antonio María
Hernández, alega que “una consulta popular para buscar una
reforma constitucional es una metodología desacertada”. “Lo
que hace falta en Argentina es una profunda reforma política que
no pasa únicamente por una visión economicista”, añade.
“Hay que reducir costos en la política, como hay que reducir
el número de legisladores en Córdoba; pero es posible hacerlo
manteniendo un sistema bicameral, lo que permite un mejor cumplimiento
de la tarea legislativa y de control del Poder Ejecutivo. A nivel nacional
eliminar una cámara sería posible modificando la Constitución
pero equivaldría a destruir el federalismo”, dice Hernández.
Nueve provincias tienen sistema legislativo bicameral y 14 unicameral.
“Si el criterio es el de caja, los sistemas unicamerales no necesariamente
son solución. Hay sistemas de una cámara más caros
que los bicamerales como los de Formosa, Chaco y Tucumán”,
advierte el politólogo Franco Castiglioni. El tema puede tener
varias interpretaciones, dice, como en la provincia de Buenos Aires: “allí
las dos cámaras representan prácticamente a los mismos distritos
y eso podría no tener sentido”. “Lo importante -dice–
es que cuando haya una sola cámara no queden sin representación
sectores importantes. Y tener en cuenta que con menos legisladores pueden
perder espacio los partidos menores”. El problema central es que
“que no se utilicen las cámaras para clientelismo por pensiones
graciables, becas o para reforzar corrientes partidarias a través
del acceso a comisiones y por cantidad de asesores que pueden nombrar”,
remata. Un trabajo de Nilda Garré, Marcelo Escolar y Juan Manuel
Abal Medina, publicado en la revista Hacer pensar señala que la
unicameralidad puede ser una buena herramienta pero no necesariamente
achica costos “si perdura la falta de transparencia en los gastos
de campaña, en el financiamiento de las internas, designaciones,
contrataciones, las compras en las cámaras, el sistema de viáticos,
entre otras cosas”, en términos de Garré. El politólogo
Atilio Borón concluye: “Es fetichismo organizativo suponer
que una sola cámara gasta menos. Sería un falso ahorro.
El problema del ahorro de los costos de la política oculta una
discusión de fondo sobre como se financia la vida pública
en Argentina”.
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