Felipe y la honra de un torturador Por Alejandra Matus *

Cuando recién llegué de Buenos Aires a Miami hace dos años, con el alma partida y un libro censurado, conocí en los Estados Unidos al profesor Felipe Agüero. Felipe, a poco andar, se convirtió en un amigo de toda la vida, en un hermano en quien contar en los momentos más difíciles. Académico y escritor, sin embargo sus extraordinarias cualidades humanas y profesionales no lo protegen de la vulnerabilidad que provoca la agresión de la fuerza.
Felipe Agüero, como es de conocimiento público, fue apresado y torturado al iniciarse un régimen que intentó eliminar físicamente a sus opositores. Hace unos meses, en carta privada al director del Instituto de Ciencias Políticas, Felipe identificó a un profesor de la Universidad Católica como uno de sus torturadores.
Es difícil creer que en el Estadio Nacional haya existido una sala en que los presos eran interrogados de manera aséptica, en sillas de restaurante y en horario de oficina, pero el hecho es que el mentado especialista en temas de defensa ha defendido su inocencia con estas y otras descripciones sobre su papel como reservista de la Armada, con amplia publicidad, y en los medios más importantes del país.
Nadie podría dudar que el aludido ha satisfecho con creces su derecho a réplica. No sólo ha tenido la oportunidad de negar las afirmaciones de Agüero con sus fantásticas descripciones, sino que se ha dado licencias cada vez mayores para denigrar a su víctima, para acusarlo de las más rebuscadas operaciones de inteligencia internacional, para ponerlo de nuevo en la precariedad del “disco negro” y aun para desconocer “su existencia como persona” (expresión del aludido en entrevistas a El Mostrador y a La Segunda).
Los chilenos han oído. Conocen la versión de Felipe y la dolorosa descripción de los horrores que vivió en el Estadio Nacional. Han escuchado también la defensa del “interrogador”. Los periodistas, en tanto, han tenido la oportunidad –aunque no suficientemente usada– de poner a prueba los dichos de ambos.
Cada ciudadano podría ahora formarse su propio juicio y creer a quien le parezca que dice la verdad. Como en un país democrático.
Tal vez demasiado democrático para ser cierto.
El interrogador no se contenta con el juicio público. Quiere silenciar por la fuerza a su denunciante. El necesita, según ha dicho, defender su “honor e imagen”. Desgraciadamente, en Chile la expresión de hechos y opiniones todavía puede ser considerada un delito. La excusa de la defensa del “honor”, consiste, por lo general, en la mera defensa de privilegios que se han ganado a costas del silencio. Alterar ese orden se convierte, entonces, en crimen que merece cárcel o, al menos, la amenaza de cárcel.
La aberración de esta particular realidad jurídica se hace más evidente en este caso que en cualquier otro porque es una víctima de torturas la que debe revivir la amenaza de la fuerza de manos de su torturador.
Las leyes que defienden el honor debieran dirigirse hacia la protección civil –en ningún caso criminal– del débil, del ciudadano común que no goza de acceso ilimitado a los grandes medios de comunicación para rebatir las informaciones u opiniones que se vierten en su contra con temerario desprecio por la verdad o a sabiendas de su falsedad. Por ejemplo, un habitante de La Pintana acusado injustamente de ser un traficante de drogas merece una reparación pecuniaria.
Pero tratándose de asuntos de interés público, en que el aludido es una figura pública que ha tenido a su disposición amplia tribuna para defenderse, no hay razón alguna para que lo ampare la fuerza coercitiva del Estado.
El derecho al honor no es –no debiera ser. la muralla contra la que se enfrentan los derechos a la libertad de expresión y de información. En la balanza hay que pesar siempre el interés de la sociedad por conocer hechos que le competen y del derecho de todo ciudadano a poder expresarsesin temor. Justamente porque ambos derechos constituyen la esencia de un sistema democrático y el antídoto ciudadano contra el abuso de poder, hace tiempo que la jurisprudencia internacional considera la cárcel como una herramienta ilegítima de coerción de la libre expresión.
Si la voz de Agüero es acallada por la fuerza, también se inhibirá a los débiles, a los que han sufrido en carne propia los abusos del Estado, a los que viven en el horror de haber sido torturados o violadas en los centros de torturas, a los subalternos que conocen de la corrupción de sus superiores, a los que están demasiado acostumbrados a que siempre, no importa cuan evidente sean las verdades, es la víctima la que termina perseguida y el poderoso, ensalzado.

* Autora de El Libro Negro de la Justicia chilena. Debió asilarse en Miami por la persecución judicial en Chile, donde acaba de regresar tras el aflojamiento de las
normas de censura.

REP

PRINCIPAL