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Por David Cufré
 Como única medicina
para procurar bajar la fiebre del riesgo país, el Gobierno recurre
a sucesivos anuncios de recortes del gasto público. El jefe de
Gabinete, Chrystian Colombo, presentó ayer nuevas medidas en esa
dirección. Una de ellas puede tener como consecuencia miles de
despidos en la administración pública, algo que hasta ahora
el Poder Ejecutivo había tratado de evitar. El Gobierno dispuso
–o lo hará hoy, ya que hasta anoche no había terminado
de redactar el decreto de necesidad y urgencia– un achicamiento del
30 por ciento en las partidas para contratados. El jefe de cada dependencia
estatal deberá elegir entre despedir a empleados bajo contrato,
bajarles el sueldo o combinar ambas medidas. Como sea, el punto es que
tendrá un 30 por ciento menos de fondos que hasta ahora para cubrir
esos gastos. A la par de ese anuncio, Colombo hizo otro que gozará
de mejor aceptación en la opinión pública: todos
los funcionarios con cargos políticos cobrarán un 35 por
ciento menos y ninguno de ellos podrá ganar más de 5900
pesos, que es el nuevo sueldo asignado al jefe de Gabinete.
Antes de dedicar su día a negociar con los senadores la aprobación
del proyecto de ley que establece el ajuste sobre sueldos y jubilaciones
(ver páginas 6 y 7), Colombo dio a conocer la decisión oficial
de reducir también las erogaciones en contratados. Reportan bajo
esa condición unas 20 mil personas, con algunos casos de asesores
con sueldos altísimos (más de un centenar, aseguran), y
una mayoría de empleados comunes. “Las partidas totales se
rebajan en un 30 por ciento. Cada organismo achicará personal o
bajará sueldos, o podrá hacer una combinación de
esas alternativas”, señaló Colombo. En varios ministerios
se vivía ayer un clima de angustia e incertidumbre, ya que los
contratados estarán a la espera de lo que decida su jefe sobre
su futuro.
Junto a esa medida, el Gobierno ratificó que ningún funcionario
del Poder Ejecutivo, incluyendo directores y máximas autoridades
de organismos descentralizados, entes de control, bancos públicos
y Fuerzas Armadas y de Seguridad, podrá ganar más que el
jefe de Gabinete. El anuncio se conocía desde hacía dos
semanas, pero nunca se había informado cuál sería
la cifra. Finalmente, Colombo tuvo un recorte en su salario del 36,24
por ciento y pasó a ganar 5900 pesos bajo todo concepto. El ahorro
por las menores partidas para contratados y por el ajuste del 35 por ciento
en los salarios de funcionarios políticos será de 110 millones
de pesos anuales, de acuerdo a la estimación oficial. El plan para
mostrar a los mercados que la política de déficit cero va
en serio se completa con otras medidas:
 Los directorios de organismos
descentralizados, fondos fiduciarios, entes residuales y de control de
empresas privatizadas no podrán tener más de tres miembros.
El Poder Ejecutivo dictará decretos para establecer cómo
se aplica esta norma en cada caso. A los bancos Nación y Central,
por ejemplo, se les autorizará tener más de tres directores,
porque así lo disponen las cartas orgánicas de cada entidad,
aprobadas por ley.
Un informe de la Jefatura de
Gabinete sostiene que hay 44 organismos públicos con directorios,
integrados por 300 personas que ganan 7000 pesos mensuales en promedio.
Ahora habrá menos directores y sus salarios tendrán el tope
de 5900 pesos.
Colombo afirmó que “los
ahorros que se obtengan por las reducciones producidas en los fondos fiduciarios,
organismos descentralizados y los bancos oficiales, tanto de directorios
como de personal contratado, serán depositados en una cuenta del
Tesoro Nacional a la orden de la Anses para poder subir el piso a partir
del cual se le reduce el pago a los jubilados”. El ahorro sería
de 11 millones de pesos anuales. Sin embargo, no dio ninguna precisión
sobre cuándo o en qué proporción se subirá
el piso del recorte. Colombo sólo dijo que se espera que en las
liquidaciones de haberes de agosto –durante setiembre– se pueda
reducir el número de afectados por el ajuste.
El Gobierno dio marcha atrás
con la devolución del impuesto a las Ganancias a los empleados
públicos, para equipararlos con el resto de los contribuyentes.
En algunas reparticiones, como la AFIP, los empleados cobraron hace unos
días el reintegro de ese gravamen. Pero sufrirán un descuento
por el mismo monto en los salarios de julio.
Para amortiguar el impacto de la mala noticia sobre los descuentos en
las partidas para contratados, Colombo también informó que
el Gobierno hará un control estricto entre los agentes públicos,
a fin de detectar y echar a los “ñoquis”. La medida concreta
es que los responsables de cada área u organismo de la administración
pública deberán certificar, con carácter de declaración
jurada, la prestación de servicios de cada persona a su cargo.
Para cobrar el sueldo, el empleado tendrá que figurar en el listado
de personas autorizadas por su jefe. “Esto significa un censo permanente
de los empleados públicos, y es una manera de eliminar a los vulgarmente
llamados ‘ñoquis’”, se entusiasmó Colombo.
El mecanismo de control figura en una resolución emitida ayer por
el Ejecutivo.
El Gobierno dio a conocer todas estas medidas, que avanzan en el recorte
de gastos superfluos o sospechados de estar vinculados a la corrupción,
como una forma de mostrar que el ajuste fiscal tiene alguna dosis de equidad
y de sensatez. Pero su mayor interés es exhibir a los mercados
que se mantendrá firme en el rumbo de suprimir el déficit
fiscal, por más impopulares que puedan ser algunas medidas. De
hecho, Colombo insistió ayer en que “lo único que no
se negocia es el déficit cero”.
LEGISLADORES
Y FUNCIONARIOS JUDICIALES CON DOS RETRIBUCIONES
Jubilaciones con privilegios intocables
Por
Cledis Candelaresi
Mientras que cualquier
trabajador dea administración nacional que cobre también
un haber jubilatorio estará obligado a optar por un beneficio o
el otro, senadores como Eduardo Angeloz (UCR), Raúl Galván
(UCR), José García Arecha (UCR), Héctor Maya (PJ)
o diputados como el radical Enrique Benedetti y los justicialistas Lorenzo
Pepe y Oraldo Britos seguirán gozando de su jubilación de
privilegio y, al mismo tiempo, de su dieta. Idéntica ventaja le
corresponde a Nicolás Reyes, secretario de administración
de la Corte Suprema, paradójicamente quien debe determinar cómo
se aplicará el recorte de gastos en la Justicia. La independencia
de poderes preservará intactas hasta el 1º de enero del 2001
estas prerrogativas, tan legales como discutibles en épocas de
austeridad fiscal.
Según la última información disponible de la Procuración
del Tesoro, esos conocidos hombres del Congreso Nacional perciben jubilaciones
especiales, obtenidas a temprana edad (42 años en el caso de Galván,
44 en el de Maya) y por importes que redondean los 4000 pesos mensuales,
muy lejos del magro haber promedio. Como ocupan al mismo tiempo una banca,
cobran también la correspondiente remuneración, integrada
por un básico de 3800 pesos netos, más una serie de adicionales
que le permiten superar los 6000 en mano (entre ellos los 1200 mensuales
por “desarraigo” que cobran los legisladores del interior).
Son sólo algunos casos testigo de doble beneficio legítimo
en el Poder Legislativo, como hay otros en la Justicia. Uno de los más
llamativos en tiempos de recorte es el de Reyes, el funcionario del Supremo
Tribunal que debe determinar qué ahorro realizar en el Poder Judicial
para cumplir con la reducción presupuestaria del 13 por ciento:
según la base de datos de la Procuración, cobra un sueldo
importante y, al mismo tiempo, le corresponde una jubilación diez
veces superior al promedio del sistema.
En el marco del ajuste en marcha, el Poder Ejecutivo acaba de promulgar
el decreto 814, que considera incompatible percibir una jubilación,
cualquiera fuere su monto, y cobrar una remuneración por desempeñar
un cargo público en la Nación, cualquiera fuere su rango.
Según la norma, quienes incurran en esta duplicidad tendrán
que optar entre un beneficio o el otro.
En virtud de la independencia de poderes, el PEN no puede determinar las
remuneraciones legislativas ni judiciales, razón por la cual fue
necesario un pronunciamiento de los propios diputados para recortar sus
dietas, del mismo modo que la Corte tuvo que habilitar a través
de una acordada un eventual recorte a los sueldos de los jueces, aún
no decidido.
Por este principio de independencia, aquella incompatibilidad no puede
imponerse ni al Congreso ni a los Tribunales sino media una ley específica,
lo que allana el camino para que los jubilados, sean o no de privilegio
puedan seguir ocupando tranquilamente sus puestos en el Poder Judicial
y Legislativo, al menos hasta el 31 de diciembre de este año, cuando
entrará en vigencia otra medida aliancista que persigue recortar
las ventajas de la duplicidad.
El 29 de diciembre del 2000, el PEN promulgó el decreto 1306, por
el que el que cualquier jubilado que trabaje, aun en el sector privado,
no podrá percibir un haber superior a los 600 pesos a partir del
1º de enero de 2002. Según esta norma, en poco más
de cinco meses las jubilaciones especiales serían dramáticamente
reducidas a sólo un sexto o un séptimo de su monto actual.
Este decreto no fue concebido contra los regímenes especiales que,
en rigor, son marginales en el sistema, sino más bien como un recurso
para menguar el multimillonario déficit previsional. Las jubilaciones
especiales, otorgadas a quienes tuvieron una responsabilidad pública,
noson un problema económico, ya que representan poco más
del 1 por ciento del presupuesto destinado al pago de este beneficios.
Pero, tal como tienen presente todos los funcionarios con competencia
en el tema, constituyen una ventaja políticamente irritativa, cuando
quien la percibe vuelve a ocupar un cargo en el Estado y cobra por ello
el sueldo, aunque no transgreda con ello ninguna ley.
Esta duplicidad no va a existir en el futuro si prospera la iniciativa
anunciada ayer por el Jefe de Gabinete. Chrystian Colombo aseguró
que el gobierno va a buscar una fórmula legal para forzar a los
legisladores a que renuncien por escrito al derecho de percibir una jubilación
especial cuando terminen su mandato. Esta condición, que involucraría
a los diputados y senadores actualmente en actividad, no alcanza en cambio
a los que ya gozan del beneficio.
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Denuncias en los municipios
Los acuerdos entre aliancistas y justicialistas a nivel nacional
no valen escalones más abajo. Una serie de acusaciones cruzadas
comprometen a intendentes de uno y otro sector por las excesivas
remuneraciones que perciben en medio de la crisis. El intendente
de General Rodríguez, Oscar Di Landro (PJ), fue denunciado
por la presidenta del Concejo Deliberante, Susana Pérez (Alianza)
por cobrar una suma superior a los 24 mil pesos mensuales entre
su sueldo, gastos de representación, extras y una jubilación
como ex concejal. En el Municipio de General San Martín ocurre
algo similar pero con signo opuesto: el intendente Ricardo Ivoskus
(radical) fue imputado de haber incorporado como funcionarios a
su esposa, Lidia Naim, y su hijo Daniel. Como además tiene
otro hijo funcionario, la oposición ha señalado que
al hogar de los Ivoskus ingresan mensualmente unos 25 mil pesos
abonados por arcas estatales. Además, el intendente fue acusado
de graves irregularidades en compras y contrataciones, pero la ordenanza
por la cual el Concejo Deliberante creó una Comisión
Examinadora fue vetada por el propio Ivoskus.
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A favor y en contra de la poda estatal
Miguel Bein
(Ex secretario de Programación)
“Son medidas desesperadas que la Argentina tuvo que tomar
cuando perdió el crédito internacional. Es probable
que, en algunos casos, se justifique. Quizás un porcentaje
de esta gente efectivamente tenga que ganar menos. Pero en otros,
cuando se trata de profesionales altamente calificados y entrenados
durante años en el Estado, probablemente las nuevas retribuciones
puedan quedar por debajo del sector privado y, en ese sentido, la
rebaja de sueldos, además de ser injusta, se convierte en
peligrosa desde el punto de vista del buen funcionamiento del Estado.
El Estado no es la basura de la sociedad. Cumple funciones importantes,
provee bienes y servicios públicos.”
Luis Stuhlman
(Ex secretario de la Función Pública)
“Si el descuento se realiza sobre el 30 por ciento de la
masa salarial, la medida del Gobierno me parece correcta. Con respecto
a la disminución del 35 por ciento en la rebaja salarial,
si esta se realiza sobre los funcionarios políticos (no sobre
todos los públicos) también me parece bien porque
tiene un sentido ético. No veo que estas medidas le generen
mayores inconvenientes al Estado. En términos de recursos
humanos, me parecen equitativas, pero analizar si son más
o menos equitativas que otras me parecería hacer futurología
y teoría que no sirven de nada.”
Claudio Lozano
(Economista de la Central de Trabajadores Argentinos)
“Es una atrocidad toda la definición tomada en materia
de gasto público. En primer término, porque el volumen
del gasto público en la Argentina en relación al producto
bruto interno no es alto y la razón por la cual se ajusta
tiene que ver con una política económica que hace
recaer los costos y el peso de sus limitaciones sobre la baja del
gasto público y sobre la baja del salario. Concretamente,
en un esquema de convertibilidad con tipo de cambio fijo y apertura
absoluta donde no se tocan tarifas de las áreas privatizadas
ni de las tasas de interés, las únicas variables a
ajustar son el salario y el gasto público. La segunda razón
es que se profundiza la hiper recesión. El ajuste sobre el
gasto, los salarios, las jubilaciones y los contratados implica
mayor depresión del mercado interno. Y, en tercer lugar,
al plantearse una reducción absoluta del gasto de manera
uniforme sobre todas las áreas, eso implica que no se está
trabajando en función de ninguna reforma del Estado ni de
ninguna mayor eficiencia en el gasto. Esto lleva, lisa y llanamente,
a que el Estado argentino va a tener menor productividad y menor
eficiencia que la que tiene.
A partir de estas medidas, el Estado no puede funcionar de la misma
manera porque ya estaba menguado y limitado en su capacidad y accionar
y estas medidas tomadas tienden a debilitar cualquier tipo de capacidad
regulatoria y cualquier tipo de eficiencia que garantice prestaciones
sociales o un mejor funcionamiento administrativo. Ni que hablar
de funciones que ya están postergadas en el funcionamiento
del sector público como son las de fortalecer la capacidad
científica y tecnológica o mejorar la infraestructura
pública por vía de la inversión. Creo en la
posibilidad de que hay otra manera de que el Estado recaude. Si
éste tiene una evasión tributaria y aduanera del orden
de 34 mil millones de dólares anuales y el déficit
total de la Nación y de las provincias es de 12 mil millones
esto quiere decir que, en concreto, el Estado argentino podría
tener superávit. No lo tiene porque la política actual
mantiene un cuadro de estancamiento económico que reprime
la recaudación, porque no le cobra impuestos a los ricos
y porque mantiene el esquema especulativo del régimen privado
de fondos de pensión.”
Norberto Sosa
(Analista de Raymond James)
“Estas medidas tienen un punto a favor y uno en contra. A
favor, la asunción de la realidad de que hay que bajar el
gasto. Lo desfavorable es que se baja el gasto de los contratados
porque resulta más barato que rebajar el de los de planta,
puesto que a éstos habría que pagarles indemnización,
con lo cual no bajaría el gasto. Ahora bien, el problema
es que los empleados contratados suelen ser más productivos
que los de planta. Por lo tanto, es una medida donde se prioriza
el resultado de caja pero no necesariamente la eficiencia. Tengamos
en cuenta que se llega al déficit cero por necesidad y no
por convicción. Y consideremos, también, que si lo
que realmente existe es un exceso de gasto público, la solución
está por la vía del ahorro público y no aplicando
más impuestos. Si no, en vez de hacer un ahorro público,
como se lo presentó originalmente, termina siendo un impuestazo
más.”
Miguel Kavise
(Investigador de Flacso y del Indec)
“Yo soy contratado, y eso dice algo por sí sólo.
Pero más allá de mí, también existen
contratados que reciben un salario por arriba de la media dado que
hacen un trabajo importante para la administración. El Gobierno
ha tomado un camino para resolver la situación que es doloroso
para mucha gente, sin ninguna seguridad de que los problemas se
resuelvan. De lo que estoy seguro es que hay otra forma de conseguir
el dinero. En este caso, complican a una gran cantidad de gente
y no tratan de afectar a otros más poderosos. Eligen lo que,
suponen, es el camino menos conflictivo para ellos. En octubre se
verán los resultados políticos de sus acciones.”
Orlando Ferreres
(Consultor de empresas)
“El gasto público alto es el principal –aunque
no el único– causante de todos los males, y por eso
el decreto de reducción me parece bien. Hay mucha gente que
no hace nada. Son empleados de la política. Muchos empleados
públicos toleran a los ñoquis. Ahora, les reducen
el sueldo a ellos también. Esta es la forma de conseguir
el dinero: bajando los gastos, no aumentando los impuestos.”
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