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Por Fernando Cibeira
 Después de horas de
discutir, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro del Interior,
Ramón Mestre, habían conseguido alinear a casi todo el bloque
de senadores radicales para que vote el proyecto de ajuste tan como lo
aprobó Diputados. Luego fue que se enteraron que la mayoritaria
bancada justicialista había decidido no dar quórum y entonces
se hizo necesario comenzar gestiones de trasnoche para reflotar la sesión
de hoy. El Gobierno no quiere que la ley se demore un día más.
“Llamamos a la responsabilidad a todo el bloque del justicialismo
para que también se sume al debate de un momento importante para
la República y que mañana podamos decir que hemos logrado
superar un escollo importante”, fue la sugerencia–ruego de Colombo,
luego de la reunión de bloque de la UCR. Aunque la bancada radical
se mostró permeable, las diferencias en cuanto al piso del recorte
persisten. “El Gobierno no respetó lo acordado con los diputados”,
insistió el senador Leopoldo Moreau.
Por la noche, en la conducción del bloque radical eran optimistas
acerca de las posibilidades de concretar la sesión hoy. “Ya
hicimos contacto y la cosa marcha bien”, explicaban cerca del presidente
provisional del Senado, Mario Losada. El Gobierno tiene urgencia por que
se apruebe la ley, no sólo por una cuestión de seguridad
jurídica que serviría para tranquilizar a los mercados,
sino porque en la misma norma están incluidos la generalización
del impuesto al cheque y la restitución del impuesto a las naftas
que le aportarán recursos extra. Supuestamente, gracias a esos
impuestos es que pudieron subir el piso del recorte de las jubilaciones
de los 300 pesos iniciales a los actuales 500.
Justamente, el principal tema de conflicto en el oficialismo continúa
siendo el piso a partir del cual se hará el ajuste. El lunes, senadores
y diputados radicales habían iniciado conversaciones para modificar
el artículo 10 del proyecto que tuvo la media sanción de
la Cámara baja para hacer más explícita todavía
su intención de que el recorte se haga a partir de los 1000 pesos.
En el artículo 12 habían colocado que el Gobierno “garantizaría”
ese piso, pero en Hacienda respondían que no lo pueden garantizar
si no recaudan lo suficiente para pagar porque, en caso contrario, violarían
el principio que rige la regla de “déficit cero”.
Ayer, antes del comienzo de la reunión, la modificación
del artículo 10 sobrevolaba como una amenaza de los legisladores
oficialistas sobre el Gobierno. “Si no es entendido por el Poder
Ejecutivo, bueno, el Senado deberá hacer las modificaciones pertinentes
y luego Diputados lo apoyará para garantizar el piso”, insistió
el diputado Eduardo Santín. Con modificaciones al proyecto original,
los problemas del Gobierno se agrandarían porque debía negociar
una sesión de urgencia en Diputados de la que no sabía qué
podía salir.
Por eso, los senadores radicales esperaban ayer que Colombo y Mestre les
aseguraran que cumplirían con el piso de 1000 pesos como condición
para que ellos dejaran la ley sin modificaciones. A la salida del encuentro,
el jefe de Gabinete aceptó que todavía quedaban algunos
senadores que sostenían una posición contraria al proyecto
–Moreau, Alberto Maglietti y Horacio Massaccesi, entre otros–,
pero que la mayoría del bloque se había alineado. Cuando
le preguntaron cuál sería el piso del recorte, Colombo volvió
a plantarse en 500. A la misma pregunta, el jefe del bloque radical, Jorge
Agúndez, respondió “1000 pesos”.
LA
PROVINCIA PAGARA CON “PATACONES” A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO
Pago de servicios con “rucubonos”
A partir del 3 de agosto los
empleados de la provincia de Buenos Aires que ganen más de 740
pesos comenzarán a recibir el exceso de esta cifra en bonos Patacón.
Las empresas de servicios públicos acordaron recibirlos parcialmente.
Todavía no hay acuerdo con los supermercados ni con los proveedores
del Estado. Las obras públicas en marcha no serán detenidas
pero serán reprogramados sus plazos de ejecución. El gobierno
provincial atribuyó la necesidad de la emisión de moneda
secundaria a las decisiones de ajuste a nivel nacional.
El anuncio de la pronta circulación de los patacones fue hecho
oficialmente por el gobernador Carlos Ruckauf, quien aseguró que
“sólo el 30 por ciento de los empleados públicos”
recibirán los papeles, en un promedio de 525 pesos por persona
y “a partir de los 740 pesos” de salario de bolsillo. La distribución
se realizará a través de los cajeros automáticos
y serán, al menos para los agentes públicos que los reciban,
entregados en una paridad de 1 a 1 con el peso. El mandatario especificó
que la masa total de esta emisión secundaria de dinero será
el equivalente inicial a 500 millones de pesos y que “la cuasi moneda
bonaerense” será teóricamente aceptada por las empresas
de servicios públicos y comercios minoristas.
Los “rucubonos” serán percibidos, de acuerdo a cálculos
oficiales, por 180 mil agentes de la administración pública
provincial, tanto activos como jubilados. Para el gobernador, ésta
fue la “alternativa a la rebaja de salarios que realizó la
Nación”. Según el vicegobernador Felipe Solá,
quien acompañó a Ruckauf en los anuncios, los “patacones”
servirán para preservar a la actividad económica de la provincia
“de la caída a nivel nacional de la recaudación”.
En principio, los papeles son válidos para el pago de servicios
públicos, pero con un pequeño detalle: las facturas no podrán
abonarse íntegramente en patacones, pues las empresas establecerán
un mix con pesos vinculado proporcionalmente a los impuestos que a su
vez ellas mismas deben tributar. Esta aceptación parcial del pago
en papeles, que sólo responde a la proporción de la que
pueden rápidamente deshacerse a valor nominal, despertó
sin embargo el optimismo del ministro de Economía provincial, Jorge
Sarghini, quien consideró que esto aportará a que los bonos
no se deprecien. El funcionario también consideró “inminente
el cierre definitivo (de un acuerdo) con los sectores supermercadistas,
hipermercadistas y con todas las prestadoras de servicio de la provincia”,
agregó Sarghini. Por ello, aseguró que “si garantizamos
esta totalidad de empresas sumadas a las ventajas, al mercado propio que
le está dando el Estado, (el Patacón) no tiene por qué
tener depreciación”.
Los bonos, que pagarán un interés del 7 por ciento anual,
servirán para abonar los impuestos provinciales y créditos
personales e hipotecarios de empleados del estado bonaerense contraídos
con el Banco Provincia. También se podrán depositar en caja
de ahorro en dicha entidad financiera, y en ese caso pagarán un
interés superior al normal.
Por su parte, según dijo Ruckauf, el comercio minorista de la provincia,
especialmente en La Plata, dio el visto bueno a la iniciativa y exhibirán
carteles diciendo “aquí se reciben patacones”. El gobernador
aclaró también que los municipios de la provincia no se
verán afectados por la medida y afirmó que “la coparticipación
va a ir toda en pesos”.
Entre los sectores que no manifestaron ninguna intención de aceptar
los papeles se cuentan las farmacias, las estaciones de servicios y los
productores de alimentos agrupados en la Copal. Además, los proveedores
del Estado confirmaron que no podrán proveer insumos a hospitales
y otras dependencias estatales mientras el gobierno no cubra la deuda
de 200 millones de pesos que mantiene con el sector, el que además
aún no sabe si el Banco Provincia les aceptará los Patacones
con que probablemente les paguen.
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