Por Irina Hauser

El masajista de Carlos Menem, Miguel Buongiorno, nunca trabajó en el Banco de La Rioja pero cobra a través de esa entidad una jubilación de 2.139 pesos por mes. El profesor de tenis de Zulemita, Edgar Romero Chacón, consiguió su jubilación bancaria de 1.092 pesos a los 33 años. Silvia Estela Leo, esposa del asesor de gobierno riojano y ex titular del organismo que otorgaba las jubilaciones Diego Alvarez, dispone de 2.152 pesos al mes como si hubiera prestado servicios en el banco norteño. A Marta Rivadera, ex diputada y candidata por la corriente de Eduardo Menem, le tocan 2.918 pesos. Ese es sólo el comienzo de la lista de 148 beneficiarios de jubilaciones riojanas truchas que el fiscal Guillermo Marijuán resolvió ayer citar a indagatoria por falsificación de documentos y por haber defraudado al Estado en 10 millones de pesos. A los funcionarios implicados los investiga por asociación ilícita.
Este es, según palabras de Marijuán, el comienzo de un “megaproceso”. Para ilustrar la magnitud del caso explica que no tiene dónde guardar los casi 200 expedientes jubilatorios secuestrados y en la misma resolución pidió a la Corte Suprema que habilite un lugar especial para ellos. Los casos investigados en base a una denuncia que hizo la propia ANSeS, son en total 747 y el fraude correspondiente escalaría a 60 millones de pesos. El fiscal pidió también que se dejen sin efecto los beneficios jubilatorios irregulares, que en algunos casos rozan los 6.000 pesos.
La falsificación de jubilaciones en la tierra de Menem fue posible –según explica el dictamen de la fiscalía– a partir de una legislación especial que la provincia estableció en 1994 para los empleados bancarios, que les permite cobrar un retiro después de 15 años de servicio sin importar su edad. Los aspirantes a ser jubilados vip que no eran empleados del Banco de La Rioja se las arreglaban presentando fotocopias de contratos de locación de servicios con la entidad con los que simulaban una relación laboral; quienes sí trabajaban para el banco pero no tenían la antigüedad suficiente, modificaban la fecha de ingreso.
En los papeles que presentaban figuraba la firma (adulterada) de tres directivos. Entre ellos, Francisco Valdez señaló sin rodeos al dar testimonio ante la Justicia que la firma que aparecía con su nombre no le pertenecía; Luis María Sosa y Víctor Julio Bestani declararon que los convenios exhibidos no correspondían a la forma de contratación habitual. Algunos de los contratos, incluso, aparecen suscriptos sábados, domingos y feriados. Más aún, hay personas que consignan un documento fechado, por ejemplo, en 1975 aunque lo sacó muchos años después.
La repetición del mismo mecanismo en tantos casos hace pensar que, evidentemente, existía un aceitado sistema de jubilaciones truchas propiciado por funcionarios que, según apunta la pesquisa, podrían ser acusados de asociación ilícita. De hecho, los formularios y documentación entregados en el trámite de jubilaciones llevaban un certificado de autenticidad de los organismos que las otorgaban, es decir, el Instituto de Previsión, Seguridad y Acción Social de La Rioja (IPSAS) y el llamado Organismo Interjurisdiccional (órgano mixto, nacional y provincial). Si el juez Rodolfo Canicoba Corral hace lugar, como es probable, a las indagatorias pedidas por el fiscal, las declaraciones comenzarían en setiembre. Recién después serán indagados los funcionarios involucrados.
El gerente de Control y Prevención del Fraude de la ANSeS, Juan José Laxajeborde recordó que al momento de su cierre, el Banco de La Rioja tenía 183 empleados, por ende, es imposible que más de 700 cobraran jubilación de esa institución. Dijo, además, que se están investigando maniobras similares en Santiago del Estero, Catamarca, Río Negro y San Juan.

PRINCIPAL