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 El juicio por el atentado a
la AMIA no será televisado. Así lo decidió el tribunal
oral 3 que juzgará a parte de la bautizada “conexión
local” a partir del 24 de setiembre. Los jueces federales Gerardo
Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo resolvieron “no autorizar
la televisación ni transmisión radiofónica de las
audiencias de recepción de prueba” durante el juicio para
preservar la “espontaneidad” de los testigos.
Los magistrados decidirán más adelante si permiten la transmisión
directa de la etapa de alegatos y veredicto, según explicaron en
Tribunales. El juicio durará unos diez meses y contará con
la citación de al menos 1550 testigos. La única cámara
que entrará a la sala de audiencias de los tribunales federales
de Retiro será la que se usará para retransmitir el debate
por circuito cerrado a dos salas, una ocupada por prensa y otra por familiares.
El tribunal respondió con su resolución a un pedido explícito
de un canal de cable que había solicitado autorización para
televisar todo el juicio oral en directo.
“La visualización por el público en general de las
múltiples audiencias a llevarse a cabo importaría una directa
violación de lo establecido en el artículo 384 de la ley
ritual, desde que permitiría a quienes deban deponer en una faz
ulterior del juicio, observar lo que viene acaeciendo en él”,
consideraron los jueces. Y destacaron que el juicio por el atentado contra
la AMIA será “un proceso de innegable repercusión nacional
e internacional que tiene como sus pilares a la oralidad y a la publicidad”.
Por eso, ratificaron que “lo dispuesto deberá ser compatibilizado
con el legítimo derecho a informarse que poseen los periodistas”.
Los jueces evalúan también limitar el acceso de reporteros
gráficos a la sala de audiencias.
El juicio por el atentado que causó 85 muertes en Pasteur 633 el
18 de julio de 1994 se hará contra 20 imputados, cinco de ellos
acusados de haber sido “partícipes necesarios” por haber
tenido en sus manos la camioneta que se usó como coche bomba en
el ataque. Los demás llegan procesados por distintos delitos conexos,
como asociación ilícita o falsificación de documento.
El juicio oral en el sistema penal de Capital Federal se instauró
en 1992 y desde entonces en la mayoría de los casos se prohibió
o limitó la televisación. Por lo general, los jueces limitan
la emisión en directo de la etapa de ofrecimiento de pruebas, que
incluye testigos, declaraciones indagatorias de acusados y, por ejemplo,
eventuales “careos”. Luego, se suele autorizar la televisación
en directo de la etapa de alegatos, últimas palabras de los imputados
y veredicto. El Tribunal Oral Federal 4 de Capital anunció ya que
prohibirá la transmisión del próximo juicio a ex
militares y carapintadas acusados de vender armas del Ejército
a bandas de delincuentes. Tampoco fueron televisados los juicios contra
los hermanos Da Bouza, José Barrita por el crimen de dos hinchas
de River y de Enrique Gorriarán Merlo y su esposa por el copamiento
al cuartel de La Tablada.
Pero el gran debate sobre la televisación de los juicios orales
ocurrió en Catamarca en 1996, cuando el primer juicio por el crimen
de María Soledad Morales terminó en escándalo. La
polémica comenzó con la televisación en directo a
todo el país, los testigos llegaban a las audiencias con conocimiento
textual de los dichos de quienes los precedían y las cámaras
captaron un guiño que se hicieron dos de los jueces al momento
de resolver una votación. A raíz de la difusión pública
de esto, los magistrados prohibieron la televisión, cuando ya promediaba
el juicio que poco después terminó anulado.
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