Por Marcelo Justo
Desde Londres

A sólo semanas de su aplastante victoria electoral, el primer ministro laborista Tony Blair tiene una sola oposición que temer: el sindicalismo. El enfrentamiento pone en peligro el vínculo histórico entre el Partido Laborista y los sindicatos. En el futuro de los servicios públicos está el eje del conflicto. El gobierno propone una mayor participación del sector privado en la salud, la educación y el transporte. Los sindicatos interpretan esto como un primer paso para su privatización, siguiendo un modelo neothatcherista de achicamiento del Estado. En respuesta, los sindicalistas han lanzado una campaña contra la propuesta oficial y amenazan con dejar de financiar al laborismo.
Uno de los puntos más polémicos de la campaña electoral fue la decisión de Tony Blair de utilizar cada vez más al sector privado para la “reforma y modernización del sector público”. El primer ministro insistió en que no habría “barreras ideológicas” para cumplir con la promesa electoral de mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y que el único principio rector sería usar “lo que funcione”. Este pragmatismo recuerda la famosa definición del líder comunista chino Deng Xiao Ping sobre la propiedad pública o privada de los medios de producción: “No importa el color del gato sino que cace ratones”. La propuesta gira en torno a dos planes de cooperación entre el sector estatal y el privado, la Private Public Partnership (PPP) y la Private Financed Initiative (PFI). En ambos casos, el capital privado financia y ejecuta determinados proyectos como la construcción de un hospital que el Estado paga durante un período determinado de tiempo. “Esto no significa la privatización de los servicios públicos”, aseguró Blair, quien para persuadir a los sindicatos estatales los invitó a cenar a su residencia oficial de 10 Downing Street a fines de junio.
Los sindicalistas disfrutaron, seguramente, la cena veraniega londinense. Pero no salieron convencidos de las propuestas gubernamentales. Una semana más tarde, en el congreso anual del poderoso Sindicato de Transporte y Trabajadores Afines, que nuclea a casi un millón de trabajadores, su líder, Bill Morris, advirtió que defendería al sector público con todas sus fuerzas y que para ello construiría “una amplia coalición”. Esta coalición abarcaría a sectores descontentos del laborismo y al tercer partido británico, los liberal demócratas. Lo peor es que desviaría a una campaña por la defensa de los servicios públicos una parte del medio millón de libras anuales que el gremio destina a las arcas del Partido Laborista. Otros sindicatos van todavía más lejos. Por primera vez en su historia, Unison, que nuclea a más de un millón de trabajadores estatales, y los Bomberos, que cuenta con 55 mil miembros, están debatiendo una ruptura completa de los lazos financieros y políticos con el Laborismo.
Los sindicatos alegan que el gobierno se rige por criterio muy dogmático: que lo privado es “eficiente y creativo” y lo público “incompetente y burocrático”. Como ejemplo de la falacia de este principio, los gremios señalan la “desastrosa” privatización de los ferrocarriles que realizaron los conservadores en 1994 con el supuesto objetivo de mejorar su funcionamiento. Siete años más tarde el saldo de la privatización es un servicio peor y deficitario, que ha acumulado cinco accidentes fatales con más de 40 muertes y un rojo de casi 9 mil millones de dólares, a pesar de los considerables subsidios estatales que recibió este año Railtrack, la compañía que a cargo de la infraestructura ferroviaria. La supuesta eficiencia, prolijidad y transparencia del sector privado fue puesta igualmente en tela de juicio cuando el director de Railtrack recibió más de un millón de libras de indemnización por su renuncia tras el último accidente de trenes que causó la muerte de 4 personas. Según los sindicatos, debido a su fascinación dogmática con lo privado, el gobierno apenas criticó este hecho que indignó a los británicos, especialmente a los familiares de las víctimas.
Ambas partes son conscientes de los problemas del sector público. En el Servicio Nacional de Salud, que cubre a todos los británicos, la lista de espera para operaciones supera el millón de personas, hay menos camas hospitalarias y médicos por paciente que en la mayoría de los países europeos y el porcentaje de muertes por cáncer y enfermedades cardiovasculares se encuentra entre los más altos de las naciones desarrolladas. En educación, el gobierno no consiguió corregir el elitismo del sistema educativo, las falencias de la escuela estatal y la fuga de la clase media hacia el sector privado. El panorama no es más alentador en el área del transporte público. Esta semana se reveló que el subterráneo londinense, el más antiguo del mundo, se descompuso casi 500 veces el año pasado, verdadero record en su larga historia.
El centro del debate es cuál es el remedio a estos problemas. Los sindicatos impulsan una mayor inversión pública vía un aumento de los impuestos generales y un claro compromiso con la ética del servicio público, concepto que aún merece respeto en Gran Bretaña. El gobierno, en cambio, se comprometió a no subir los impuestos y propone como alternativa esta sociedad entre lo público y lo privado, criticada a derecha e izquierda, por su “vaguedad”. En algunos casos la diferencia se dirimirá judicialmente. El gobierno impuso hace 10 días una privatización parcial del subterráneo londinense resistida por el intendente de la capital Ken Livingstone, quien apeló la decisión gubernamental ante los tribunales, que deberán pronunciarse en estos días. En otros casos, como el Servicio Nacional de Salud y la educación, los sindicatos amenazan con montar un “invierno del descontento” que recuerda las huelgas contra el gobierno del laborista James Callaghan que condujeron a su derrota electoral en mayo de 1979 y a su terrible consecuencia: 19 años de thatcherismo. El gobierno respondió que sí, que dialogará. Pero que no modificará el rumbo esencial de sus propuestas.

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