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Por Carlos Noriega
Desde Lima
 Como uno de sus últimos
actos, el gobierno de transición democrática del presidente
Valentín Paniagua instaló la Comisión de la Verdad,
que tendrá como misión investigar las violaciones a los
derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. Un período en el
cual la violencia política dejó cerca de 30 mil muertos.
Los desaparecidos suman más de 4000, según las cifras oficiales,
pero en realidad se calcula que superarían los 7000. La Comisión
tendrá 18 meses, período que puede prorrogarse a 23, para
elaborar su informe. “Nuestra función no será solamente
hacer una relación de hechos señalando victimarios y víctimas,
sino realizar también un intento de explicación social de
por qué se dieron estos hechos y dar propuestas de reformas institucionales,
legales, educativas sobre lo que debe hacer la sociedad peruana para que
hechos así no se repitan”, señaló a Página/12
Salomón Lerner, filósofo, rector de la Universidad Católica
y presidente de la Comisión de la Verdad.
El grupo de trabajo que encabeza Lerner y que integran otras seis personas
no sólo investigará el tema de los desaparecidos, como fue
en el caso de la comisión argentina, sino también asesinatos
extrajudiciales, torturas y cualquier otra violación a los derechos
humanos. “Esto es un gran avance respecto a otras Comisiones de la
Verdad”, aseguró a este diario Francisco Soberón, presidente
de la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh). Además
de las responsabilidades del régimen del destituido ex presidente
Alberto Fujimori en casos de asesinatos y torturas, varios de las cuales
ya se encuentran bajo investigación judicial, la Comisión
de la Verdad también deberá establecer las responsabilidades
de los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-85) y de Alan García
(1985-90) en la guerra sucia contra la subversión armada. La verdad
de una política sistemática de desapariciones y ejecuciones
extrajudiciales es la que deberá establecer esta comisión.
Una política que no excluyó los asesinatos masivos de comunidades
campesinas. Este método de lucha contra la subversión armada
fue ejecutado por las fuerzas de seguridad desde inicios de los años
ochenta con el silencio cómplice, cuando no con la abierta protección,
de los distintos gobiernos civiles.
El objetivo declarado de la Comisión de la Verdad es lograr la
reconciliación del país luego de un largo y cruento período
de violencia política. Cómo lograr esa reconciliación
es el debate que ahora se abre. Hay quienes sólo están dispuestos
a aceptar que se relate la verdad de lo ocurrido como una forma de reconciliación,
pero se rehúsan a que esa verdad se convierta en procesos judiciales.
Otros creen que la justicia es indispensable para la reconciliación.
Entre estos últimos se alinea el presidente de la Comisión.
“El informe de la Comisión no puede quedar simplemente como
una especie de proyecto académico que sirva como material de estudio,
tendría que ser considerado como cabeza de proceso judicial en
muchos casos, sólo que eso no le corresponderá a la Comisión
sino a los organismos jurisdiccionales, que esperemos que asuman sus responsabilidades.
Una verdad sin que se repare a las víctimas, sin que se sancione
a los culpables, no puede llevar a la reconciliación”, asegura
convencido Lerner. Y ante las voces que ya piden una amnistía como
siguiente paso al informe final de su comisión, agrega: “Cuando
se trata de estos tipos de crímenes, algunos de lesa humanidad,
no hay amnistía posible”. Por su parte, Soberón señala
que “verdad, reparación a las víctimas y justicia son
tres elementos íntimamente vinculados”. Pasa revista a lo
que viene ocurriendo en Argentina, Chile y otros países, y sentencia:
.La experiencia nos ha demostrado que no es viable la reconciliación
sin justicia”. En diálogo con Página/12, Gisela Ortiz,
hermana de uno de los nueve estudiantes asesinados en 1992 por el grupo
paramilitar Colina organizado por el gobierno de Fujimori, dejó
claro cuál es el sentimiento de los familiares de las víctimas:
“La reconciliación tiene que partir no sólo de la verdad,
sino fundamentalmente de la justicia. Si no hay justicia después
del informe de la Comisión de la Verdad no sólo no habrá
reconciliación, sino que las heridas se abrirán más
porque sabremos quiénes son los asesinos y convivir con ellos en
una misma sociedad será muy difícil”.
Un inesperado nombramiento ha empañado la instalación de
la Comisión de la Verdad y se ha convertido en un pesado pasivo
para este grupo de trabajo. El nombre de la discordia es el de la ex viceministra
y ex congresista fujimorista Beatriz Alva Hart. En una decisión
inexplicable para muchos, el gobierno de Paniagua la ha escogido, a pesar
de su reciente pasado estrechamente comprometido con el autoritarismo
fujimorista, para integrar esta Comisión. Para Soberón es
“inaceptable que una persona con su trayectoria sea parte de la Comisión
de la Verdad”. Gisela Ortiz no oculta su indignación y sus
temores por la presencia de la cuestionada Alva Hart: “Su designación
desmerece a la Comisión. Ella formó parte de un gobierno
acusadoa de graves crímenes y los criterios que vaya a utilizar
para juzgar lo que ocurrió no creo que sean imparciales”.
Ante la ausencia de representantes de organismos de derechos humanos y
de los familiares de las víctimas en la Comisión de la Verdad,
Ortiz hace una amarga reflexión: “No nos sentimos representados
por nadie en la Comisión. Uno de los problemas por el que no logramos
reconciliarnos es porque jamás se escucha a las víctimas”.
El presidente electo Alejandro Toledo tampoco ha ocultado su malestar
por la presencia de Alva Hart y ha anunciado que su gobierno podría
reestructurar la Comisión de la Verdad. Un agitado comienzo en
medio de una tormenta política por su cuestionada composición
es el que ha tenido esta Comisión de la Verdad, que ha despertado
grandes expectativas y esperanzas de que por fin se empiece a terminar
con 20 años de impunidad.
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