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Por Fernando Cibeira
y Martín Piqué
 Pese a los varios caminos que
exploró el Gobierno, no consiguió que el bloque de senadores
justicialistas aprobara en la sesión de ayer la ley de ajuste que
ya tiene la media sanción de Diputados. Luego de una reunión
frustrante en la Casa Rosada con enviados de la oposición, el presidente
Fernando de la Rúa apeló a un último recurso: le
envió una carta a cada senador, firmada de puño y letra,
en la que pedía la “pronta sanción” del recorte
porque “cualquier demora traería consecuencias negativas”
para el país. Pero el mensaje no alcanzó a conmover a la
mayoritaria bancada del PJ, que a las 21 bajó al recinto para resolver
que el proyecto sea girado a comisión. Supuestamente, ahora la
ley será tratada recién el martes. Hasta tanto, el Gobierno
deberá volver a sentarse con los peronistas dispuesto a ceder posiciones
para que salga de una vez la iniciativa que el propio Presidente calificó
como “innegociable” y de la que ya queda poco en pie.
Con cierta resignación para las malas noticias, en el Gobierno
pronosticaban que muy probablemente los mercados responderán hoy
a la mala nueva con la suba del riesgo país. Algo que, incluso,
ya viene sucediendo sin necesidad de derrotas políticas en el Congreso.
“Aprobar la ley hubiera sido una señal importante hacia afuera
porque en lo referido al gasto público no importa, el decreto de
recorte ya está en marcha”, explicaba anoche un vocero de
la Rosada.
Con todo, en Gobierno no descartaban que en un golpe de suerte la ley
pudiera ser tratada mañana, si las conversaciones con los peronistas
llegaban a buen término. Con cierto optimismo, señalaban
que el jefe del bloque del PJ, José Luis Gioja, había pasado
el proyecto para “la próxima sesión” y no “para
el martes que viene”. Anoche, varios senadores radicales fueron al
despacho del presidente Fernando de la Rúa para conversar sobre
lo sucedido. A la salida, el jefe del bloque, Jorge Agúndez, se
preocupó en dejar en claro que el proyecto se votará y que
los peronistas están tan de acuerdo como ellos en sostener el déficit
cero.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, fue el que más se movió
porque la ley se aprobara esta semana. El martes apareció junto
con el ministro del Interior, Ramón Mestre, en la reunión
de bloque radical para alinear a la tropa propia, una de las exigencias
iniciales de los peronistas. Con cierta lógica, los senadores del
PJ reclamaban tener la certeza de que el oficialismo iba a votar el ajuste
porque lo que más se escuchaban eran las voces de disconformes.
La principal traba estaba en el piso desde el cual se cortarían
las jubilaciones y salarios estatales, que el Gobierno fijó en
500 pesos y que los legisladores oficialistas quieren fijar en 1000. Con
esa excusa, el lunes a la noche, los justicialistas anticiparon que no
darían quórum para el tratamiento. “Primero que se
pongan de acuerdo ellos”, dijeron. Enterado, Colombo los llamó
“a la responsabilidad para que se sume al debate en un momento importante
para la República”.
Ayer fue un día de nervios y llamados cruzados. El presidente provisional
del Senado, Mario Losada, y Agúndez estuvieron en contacto permanente
con De la Rúa y Colombo. Allí supieron que los peronistas
sostenían que no estaban dispuestos a votar recortes a jubilaciones
y que preferían que los ajustes presupuestarios se hicieran con
medidas complementarias.
La falta de acuerdo llevó al armado de una reunión en la
Casa Rosada con De la Rúa, Colombo y Domingo Cavallo mientras que
del lado opositor concurrieron Gioja, el titular de la comisión
de Presupuesto del Senado, Carlos Verna, y el gobernador de La Pampa,
Rubén Marín. Las dos partes se manejaron con cierta reserva
sobre lo conversado. Es que el Gobierno no quiere aparecer negociando
con la oposición, con el argumento de que los mercados pueden entender
que están flexibilizando la regla del déficit cero a la
que la Rosada juró convertir en dogma de ahora en más. En
la reunión, los justicialistas le habrían planteado la urgencia
de las provincias por contar con los recursos que –sostienen–
les debe la Nación. En la Rosada, el planteo no cayó nada
bien. “Quieren recibir esa plata así no tienen que ajustar
nada antes de las elecciones de octubre”, sostenía un vocero.
Igual, en Gobierno entendían que los peronistas se habían
plantado en una posición extrema para ir cediendo a medida que
avancen las negociaciones que se iniciarán a partir de hoy.
Cuando vio que la mano venía cambiada, el Presidente utilizó
un recurso fuera de lo común: le envió una carta a los 69
senadores en la que les pedía su voto al proyecto. De la Rúa
se comprometía a “destinar al sistema jubilatorio todo ahorro,
mayor ingreso o más recaudación que se obtenga, para hacer
efectivo cuanto antes el piso de 1000 pesos previstos en la ley”.
De puño y letra, agregó un saludo “muy cordial”
y su firma.
La carta no alteró los planes de los peronistas. Como tenían
previsto, votaron que el proyecto de ley de “déficit cero”
fuera girado a la comisión de Presupuesto y que no se tratara sobre
tablas, como habían pedido los radicales. A las nueve y media,
el secretario parlamentario mencionó cada una de las mociones que
estaban en debate y los legisladores se prepararon para votar. El bloque
peronista hizo pesar su mayoría y el Senado aprobó el pase
a comisión del ajustazo. Tras esta resolución, la propuesta
quedará a estudio de la comisión presidida por Verna, que
deberá emitir su dictamen para que el texto vuelva a ser tratado
por la Cámara.
Gioja defendió la decisión de postergar el tratamiento:
“Compartimos la política del déficit cero, pero no
compartimos la rebaja de los haberes jubilatorios y no queremos que se
modifique la escala salarial.” Y agregó un detalle fundamental:
destacó que “en forma conjunta con los gobernadores”
la bancada está analizando “alternativas para reemplazar los
fondos que el Gobierno obtendría a través del recorte”.
El detalle era importante porque a lo largo de la jornada los gobernadores
Marín, el tucumano Julio Miranda, el jujeño Eduardo Fellner
y el riojano Angel Maza cumplieron un rol importante en la negociación
con el Gobierno. A las 22, cuando la sesión ya había terminado,
los cuatro se reunieron con los senadores peronistas en el segundo piso
del Congreso.
El punto central de las discusiones era dejar sin efecto la rebaja del
13 por ciento en las jubilaciones, o al menos reducir lo máximo
posible ese porcentaje, proponiendo a cambio un paquete de medidas alternativas.
Un importante miembro del bloque justicialista comentó a Página/12
algunas de las propuestas que consisten, principalmente, en gravar los
plazos fijos y las cuentas corrientes que tienen los bancos en el Central.
Otra de las demandas giraba en torno a los bonos: muchas provincias insisten
con la idea de que el Ejecutivo implemente un “Bono Solidario Federal”
que tenga alcance nacional. De todas formas, los legisladores ya agendaron
para el próximo lunes una nueva reunión con los gobernadores,
donde se decidirá si el martes se trata el proyecto que tanto desvela
al oficialismo.
LOS
EMPLEADOS DEL CONGRESO SE HICIERON SENTIR
Un taquígrafo ahí, por favor
La sesión de ayer en
Senadores no sólo implicó una derrota política para
el Gobierno. También fue una molestia por otros motivos. No había
taquígrafos, ni circuito cerrado de televisión, ni funcionaba
el sistema de audio que conecta a los despachos con el recinto. Los empleados
del Congreso les volvieron a hacer sentir su protesta a los legisladores.
Los empleados, agrupados en la Asociación del Personal Legislativo
(APL), realizaron ayer un nuevo paro (el anterior fue el viernes 20) en
repudio al proyecto del oficialismo que pretende recortar gastos en los
tres poderes del Estado.
Los manifestantes coparon desde el mediodía el Salón de
Pasos Perdidos y otros espacios del Congreso para expresar el rechazo
al ajuste que se implementará sobre los empleados del sector público.
Sablich, dirigente del gremio, sostuvo: “El ajuste del Congreso ya
pasó en el 2000 y no vamos a aceptar otro”.
A partir del proyecto votado el sábado, que dispone que los recortes
de gastos se extienden al Congreso y a la Justicia, la Asociación
del Personal Legislativo decidió declararse en “asamblea permanente”
para evitar que se sancione la ley.
De cualquier manera, aún no se sabe si el recorte que le corresponde
al Congreso se aplicará sobre los sueldos de los empleados legislativos
o si se reducirán gastos en otras áreas. Esto último
es lo que pretende el gremio para evitar descuentos en sus salarios.
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