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 Como si al Gobierno le faltara
que algún sector más se oponga al ajuste, ayer el Consejo
Superior de Educación Católica (Consudec), puso el grito
en el cielo por la suba de aportes patronales que votó la Cámara
de Diputados, al considerarla “inequitativa”, e informó
que ya comenzaron a hacer gestiones para evitar lo que consideran “el
seguro quiebre de las debilitadas economías” de los colegios
religiosos. Dentro de la política de “déficit cero”,
los legisladores aliancistas incluyeron un aumento de aportes patronales
como una de las formas de lograr recursos para elevar el piso de recorte
salarial. Dado que esa medida también afectará las arcas
de los colegios católicos, el Consudec aspira a que los gobiernos
provinciales les aumenten los subsidios que les giran de manera mensual.
Claro que en el actual contexto recesivo, parece muy difícil que
las administraciones públicas locales se hagan cargo del aumento.
Todas las provincias subvencionan a una gran cantidad de colegios privados,
y en el caso de los establecimientos educativos ubicados en las zonas
más pobres, la ayuda estatal cubre el 100 por ciento de los sueldos
y de los respectivos aportes. Si las cargas patronales aumentan y el subsidio
se mantiene en el mismo nivel, los colegios privados tendrán que
hacerse cargo de esa diferencia.
“La modificación definida en la nueva norma genera fundamentalmente
un inequitativo aumento en contribuciones patronales, en regiones del
país con economías muy deprimidas, y, sobre todo, en las
entidades que por dedicarse a actividades exentas del IVA, no pueden generar
créditos fiscales, como sucede en otros sectores productivos”,
señaló el Consudec en un comunicado, firmado por su titular,
el sacerdote jesuita Hugo Salaberry. El organismo solicitó a las
autoridades nacionales y provinciales “el necesario aumento del aporte
estatal destinado a las contribuciones patronales del personal docente”.
Pero si se cumple lo solicitado por el Consudec, la mejora en las cuentas
del Gobierno nacional sería a costa de las provincias, en el caso
de que ellas sean las que aporten la diferencia. Más absurdo sería
que la propia Nación compense la suba, porque la estaría
financiando de su bolsillo. En tanto, Marcelo Ottonello, secretario de
prensa del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), aseguró
que “en la declaración del Consudec se apoyan colegios que
están en una buena situación”.
El gremialista especificó que “hay colegios de zonas muy pobres,
que no están en condiciones de absorber el aumento de los aportes
sin ayuda del Estado”. Pero hay otra cara de la moneda. “Ahora,
de esta movida también se aprovechan colegios que podrían
hacerse cargo del aumento de los aportes, teniendo menos ganancia”,
dijo Ottonello. “Nosotros, como docentes, no queremos quedar en el
medio de una pelea que tienen que resolver los gobiernos y los dueños
de los colegios”.
El Consudec además se quejó porque las instituciones educativas
privadas quedaron alcanzadas por el impuesto a las transferencias bancarias,
y recordó que presentó un “proyecto de competitividad”
para el sector. Claro que, combinando la tradicional prudencia de la Iglesia
con la defensa de sus intereses, se mostró dispuesto a mantener
“una línea de diálogo y actitud constructiva frente
a las dificultades que sufre el país”, y al mismo tiempo,
tampoco descartó “plantear la situación creada ante
la Justicia, para que la misma resuelva en equidad”.
GOLPES
EN MALVINAS ARGENTINAS
Docentes agredidos
Un grupo de docentes y padres
de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, fue agredido anteayer
por una patota cuando se movilizaban desde el Sindicato Unico de Trabajadores
de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en contra del ajuste que
tanto el gobierno provincial como el nacional pretende implementar. “Nos
gritaron zurdos de mierda mientras nos repartían golpes y patadas”,
dijo a Página/12 María Isabel Guzmán.
Eran alrededor de 10 los patoteros que a plena luz del día bajaron
de una camioneta que, según los vecinos, suele usarse para realizar
pintadas en épocas de campaña. “Nosotros reconocemos
ese auto porque lo vemos siempre que se juegan las internas del peronismo”,
comentaron Guzmán y Ana Urruti. Como consecuencia del ataque, cuatro
docentes resultaron heridos. De acuerdo con los vecinos, los agresores
serían empleados municipales. El abogado de los damnificados Juan
Carlos Giordano sostiene que “el intendente peronista Jesús
Cariglino o alguno de sus funcionarios podría estar relacionado
con el grupo de agresores”. Por ello, cree que debería llevarse
a cabo una investigación para determinar qué rol tuvieron
los funcionarios y si es que hubo instigación a cometer delito,
es decir, si es que alguien dio la orden.
Urruti, que fue agredida en la marcha relató: “Venían
a pegarnos y nosotros les decíamos: esto no es contra el intendente,
esto es por la educación de sus hijos”. Urruti es asistente
social y a su vez se desempeña como delegada en escuelas de la
zona. Según relató, los establecimientos educativos atraviesan
grandes dificultades: los proveedores no quieren aceptar los patacones
y el ajuste pone en peligro las becas y la subsistencia de los comedores.
Por ello el próximo lunes se llevará a cabo una marcha en
repudio de lo ocurrido.
Se detuvo a sólo uno de los agresores que fue liberado en apenas
horas. La denuncia quedó caratulada como “lesiones leves”.
El abogado de los docentes damnificados presentará una denuncia
ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia
(Inadi), por los insultos que los manifestantes sufrieron.
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