Disputa en el Consejo Superior

El Consejo Superior de la UBA volvió a exhibir ayer, en una tensa sesión doble, primero extraordinaria y luego ordinaria, las dos posturas que, frente al ajuste oficial, atraviesan al gobierno de la universidad. Un sector representado por los decanos de Sociales, Veterinarias, Exactas y otros consejeros, reclamó la realización de una fuerte protesta contra el recorte presupuestario. La propuesta consistía en organizar diversas actividades durante la semana del 13 al 18 de agosto, cuando serán los festejos centrales por el 180º aniversario de la universidad. “La idea era hacer algo unificado desde toda la UBA”, explicó Claudio Elli, consejero graduado. Pero el rector Oscar Shuberoff y la mayoría del consejo se opusieron argumentando que, ante el todavía incierto modo en que se aplicará el ajuste, ahora resulta conveniente esperar, tras los críticos documentos publicitados por el propio Consejo Superior y por el CIN. Y la sesión pasó a cuarto intermedio.

Pacto por la educación

La crisis que atraviesa la Argentina le ha impuesto a toda el Estado la necesidad del “déficit cero”. En otras palabras, tenemos que aprender a vivir con los recursos que podamos obtener. La fiesta de los créditos externos y la venta de activos del Estado terminó. Pero las medidas de carácter general que se han tomado no encuentran en igual situación a todos los organismos públicos. Si el sistema universitario ha reaccionado en los últimos años ante todo intento de reducción de su presupuesto fue simplemente porque eso implicaba la caída sin retorno del nivel académico, o la limitación al ingreso sustentada en su menguada capacidad financiera, o lisa y llanamente el cierre de carreras y las instituciones mismas. Las universidades nacionales, que gastan cerca del 90 por ciento de sus ingresos en salarios (por lo general bastante magros) merecen una atención especial para que el esfuerzo que representa la política del “déficit cero” no afecte inevitablemente su nivel académico. Esto no significa que las instituciones de educación superior no deban realizar un esfuerzo, como lo hace todo el Estado. Pero el recorte no puede afectar las áreas sustantivas, es decir docencia e investigación.
La ley votada en la Cámara de Diputados sólo afecta a los sueldos que superan los mil pesos. Lamentablemente, sólo un bajo porcentaje del cuerpo docente universitario cuenta con ingresos que superen esa cifra. Así, el problema quedaría suficientemente acotado como para que un fuerte compromiso de reestructuración de las áreas de gestión contribuiría a compensar las quitas en los ingresos docentes. Indudablemente, se trata de una operación compleja pero posible, tendiente a no afectar al cuerpo docente, que tiene la responsabilidad de educar nuevas generaciones de profesionales e investigadores. Pero no sólo se trata de una señal del cuerpo dirigente de las universidades. Es conveniente firmar un pacto que garantice que, de aquí en adelante, los aumentos de la recaudación se destinarán prioritariamente a cubrir las necesidades de la educación y la salud. Todos sabemos que sin ellas no hay futuro posible para nuestra nación. Todos sabemos que no se puede vivir eternamente de prestado. Vivir con lo nuestro no es sólo no volver a endeudarnos, sino fundamentalmente rejerarquizar nuestras prioridades. Porque un país que deja su futuro librado a los vaivenes del mercado es un país riesgoso, pero para sus propios habitantes. Propongo, entonces, que el Poder Ejecutivo convoque a la firma de un Acuerdo Nacional por la Educación y la Salud como el paso posible y necesario que debe seguir a la política del “déficit cero”.

* Diputada nacional (UCR).