Por Laura Vales

Finalmente los piqueteros y la ministra Patricia Bullrich tuvieron su reunión. Se vieron anoche, en el Ministerio de Trabajo, donde discutieron largamente sobre los cortes de ruta del próximo martes. Ellos le entregaron el petitorio votado en el congreso nacional de desocupados; ella les pidió que cambiaran sus métodos de protesta. Y si bien no llegaron a un acuerdo para levantar los piquetes, hubo un principio de entendimiento para no caldear más la situación y prevenir, al menos hasta donde se pueda, episodios de violencia.
Anoche, al retirarse del lugar, los representantes de los desocupados aseguraron que se llevaban “el compromiso de la ministra de no judicializar el conflicto”. Es decir, que el Gobierno no impulsaría denuncias masivas por las interrupciones de las rutas y será cuidadoso en el uso de la fuerza. Sin embargo, Bullrich insistió en que “los cortes de ruta no son una medida legal”. Quedó abierta la posibilidad de un nuevo encuentro, el lunes, como última instancia para acercar posiciones.
El petitorio que recibió Bullrich tiene tres puntos centrales: el desprocesamiento de los militantes sociales, la derogación del decreto del ajuste y la garantía de que los planes de empleo transitorio no se van a reducir.
Sobre el primero de los reclamos, que apunta a conseguir la libertad de Emilio Alí, José Barraza, Raúl Castells y el desprocesamiento de más de dos mil personas, los dirigentes impulsan la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía. En el parlamento nacional ya existe un proyecto, firmado por Alicia Castro y una veintena de diputados.
Por el Gobierno estuvieron, además de Bullrich, el secretario de Empleo, Horacio Viqueira, el viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, y el gerente de empleo Guido Lorenzino. Por los desocupados, Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete –de la CTA y CCC–, junto a delegados de los estatales de ATE, que el martes también harán cortes, y otras organizaciones de desocupados como el Futrabe, el Polo Obrero o el Movimiento Teresa Rodríguez.
La ministra había preparado un explicación detallada sobre las razones del ajuste. También, dijeron los participantes, se discutió sobre la cuestión jurídica en torno a los cortes. La postura de la CTA es, básicamente, que el derecho de huelga que les queda a los que no tienen trabajo es el derecho al corte.
Los piqueteros entraron al ministerio sin muchas expectativas aunque con buen ánimo. Por la mañana Bullrich había evitado cruzarse con ellos por las radios, en pro de preservar el diálogo cara a cara previsto para la noche. El gesto sirvió para disipar tensiones.
Antes de marchar a Trabajo, habían mantenido una reunión previa en el edificio de la CTA para decidir si concurrirían a la entrevista y para planificar los cortes. Discutieron bastante. Y todavía no están de acuerdo sobre los lugares y el modo en que se va a interrumpir el tránsito. Las organizaciones se dividen en dos posturas básicas:
–Las de la Matanza quieren que se dejen abiertos caminos transitorios y en ningún caso impedir el acceso a la Capital.
–Los que tienen trabajo deben poder ir a trabajar, movilizarse –planteó Alderete, que llegó a la CTA a bordo de un Ford Falcon modelo ‘81 que le prestó un amigo.
En esa localidad ya está decidido que el piquete se hará frente al Hospital Paroissien, “en parte para respaldar el reclamo por la falta de insumos, en parte porque el tránsito tendrá una calle alternativa a 200 metros”, se explicó en torno a la mesa donde se sentaron cerca de 40 delegados.
Otras organizaciones más chicas, como Teresa Rodríguez, opinaron en cambio que hay que cortar puentes o zonas de acceso importantes. Suargumento es que la protesta es contra el modelo, y por lo tanto debe causar algún tipo de perjuicio económico.
La discusión todavía está abierta y se resolverá en los próximos días. Tiene como trasfondo la única certeza en la que coinciden Bullrich, Alderete y D’Elía: que habrá que extremar recursos para evitar episodios de violencia.
¿Cómo garantizar que no se repitan las escenas de General Mosconi, con francotiradores de dudoso origen de un lado y la Gendarmería del otro?, preguntó este diario a los dirigentes. “El criterio es que la mejor garantía es la masividad de los cortes. Cuanta más gente de los barrios hay en el piquete, menos riesgo existe de que repriman. A la vez, la propia gente se encarga de detectar a los extraños y frenar a los violentos. Cuanta más gente, más seguridad”, fue la respuesta.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FRENTE A LA PROTESTA SOCIAL
“Que no digan que no los escuchamos”

Por José Natanson

“Estaban jugados y no tenían mucho espacio para dar marcha atrás. Pero al menos cumplimos nuestro objetivo: demostrarles que el Gobierno está dispuesto a dialogar”, resumía anoche una alta fuente de la Rosada las negociaciones con los líderes piqueteros, que ratificaron el plan de cortes de ruta para el martes que viene. Con las cartas sobre la mesa, ahora el Gobierno concentrará sus esfuerzos en tratar de que la protesta se desarrolle pacíficamente. “A ellos tampoco les conviene un conflicto violento. En eso tenemos una coincidencia objetiva”, explicaban.
El miércoles pasado –un día después de que una asamblea de desocupados decidiera un plan para las próximas tres semanas– el Gobierno calificó de “sediciosos” a los piqueteros y dijo que usará “todo el peso de la ley” para despejar las rutas. Ayer insistió: el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, confirmó que el Ejecutivo va a “actuar”, y acusó a los partidos que respaldan la protesta de querer “derrocar” a Fernando de la Rúa. “No quieren utilizar las vías democráticas porque cada vez que hay elecciones obtienen menos del uno por ciento”, aseguró Mathov.
El secretario General de la Presidencia, Nicolás Gallo, dijo que las protestas “entran en terreno de cuasi insubordinación cívica” y que sus promotores “rozan la sedición”. Más suave, Bullrich reconoció que “es absolutamente lícito tener posiciones políticas”, pero que van a poner límites para evitar “actos perjudiciales para terceros que estarían fuera de la ley”.
Incluso Raúl Alfonsín habló del tema. Pidió a los piqueteros que tengan “en cuenta la necesidad de que exista un Estado” y consideró que con los cortes “nos pasamos de lo que puede ser una correcta manifestación dentro de la democracia a lo que tiene que ser frenado por el Estado”. El ex presidente concluyó. “Esto no puede convertirse en una lucha armada. Dios quiera que no ocurra cualquier episodio que tengamos que lamentar”.
A pesar de la reunión de ayer en el Ministerio de Trabajo (ver aparte), en el Gobierno explicaban la imposibilidad de llegar a un entendimiento con los piqueteros. “Ponen tres condiciones que no podemos cumplir: la libertad de los presos sociales, que es un tema de la Justicia. La anulación del decreto de recorte, algo imposible de hacer. Y más planes Trabajar: no se van a recortar, podemos conversar la distribución, pero no tenemos fondos para ampliarlos. Lo que pasa es que ellos ya habían anunciado el plan de cortes y no querían dar marcha atrás”, evaluaba ayer una alta fuente de Trabajo.
Además, explicaba que la negociación se complica por la multiplicidad de los organizadores de la protesta. “Hay de todo: desocupados, ex militantes peronistas, partidos de izquierda como el PO, la Corriente Clasista Combativa, también está la CTA, que es una central sindical reconocida. Tienen muchos interlocutores y muchas demandas, a veces muy diferentes, lo que hace muy difícil establecer un diálogo racional”, explicaba un funcionario que participó de las negociaciones.
El objetivo del Gobierno es, por un lado, recibir a los piqueteros, abrir un canal de conversación para que –como decía ayer un funcionario– “no digan que no los escuchamos”. Pero además, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo concreto, la idea es tratar de mantener la protesta dentro de un marco de cierta tranquilidad. “Es difícil, porque con poca gente se puede hacer mucho quilombo”, explicaban en la Rosada, aunque agregaban que los dirigentes piqueteros tampoco quieren que la cosa pase a mayores. “A ellos les conviene mostrar una protesta sin violencia. Tenemos una coincidencia objetiva”, decían.
Tres funcionarios nacionales del Consejo de Seguridad viajarán a los lugares más sensibles para monitorear de cerca una eventual represión. “La Gendarmería sólo puede intervenir por pedido de un juez o de un gobernador, pero queremos tener control”, comentaban en Interior. Aunque aún faltan cuatro días, las estimaciones oficiales basadas en los informes de la SIDE señalan una serie de posibles focos de conflicto: La Matanza yFlorencio Varela en el Conurbano, Cutral-Có y Neuquén capital, el departamento salteño de General Mosconi, Mar del Plata y algunas zonas de Jujuy.
Sin embargo, la política de diálogo con los piqueteros también genera problemas. “Aunque públicamente digan otra cosa, los gremialistas tradicionales están como locos. Creen que este tipo de organizaciones son una competencia y lo último que quieren es que el Gobierno las reconozca como interlocutores. Por eso, recibirlos también significa resentir la relación con los sindicatos, que son los que después hacen paros”, explicaban en el Gobierno.

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