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Por Washington
Uranga
 “No se puede pedir paciencia
a los que menos tienen porque la paciencia hasta puede llegar a ser inmoral”,
sostuvo ayer Juan Carlos Maccarone, obispo de Santiago del Estero, refiriéndose
a que “los ajustes van a castigar duramente a la región”.
Las declaraciones del obispo, uno de los más importantes referentes
dentro del Episcopado argentino, fueron formuladas en la catedral de Santiago
del Estero, un día después de que en Buenos Aires se realizó
un encuentro nacional de piqueteros, en el que se decidió programar
cortes de ruta en cincuenta ciudades del país y cuando desde el
Gobierno se criticó seriamente esta determinación.
El obispo Maccarone, que se alinea dentro del sector episcopal que más
ha reclamado soluciones para los problemas sociales, dijo también
que “lo inédito es la poca imaginación y generosidad
de muchos dirigentes políticos, sociales y económicos, que
recurren a los mismos caminos para asegurar, en definitiva, el pago de
los intereses de la deuda exterior”. En una misa celebrada en memoria
de Santiago Apóstol, Maccarone consideró que “la paciencia
no es buena cuando te conviertes en un esclavo pudiendo ser un hombre
libre”.
La homilía del obispo de Santiago del Estero se ubica en la misma
línea de las críticas formuladas en los últimos meses
en los documentos colectivos del Episcopado, donde se puso en tela de
juicio la idoneidad de gran parte de la dirigencia y se sostuvo, a su
vez, que es necesario que las prioridades estén dirigidas en favor
de los más pobres. Maccarone recordó que en la última
asamblea de la Conferencia Episcopal, celebrada en el mes de mayo, “declaramos
que la Patria requiere algo inédito y, en estos días, saber
que la Nación no tiene crédito, es una verdad que destroza
ilusiones y sueños de un país que no puede esperar el milagro”.
El titular del obispado santiagueño hizo tales aseveraciones en
la víspera de una reunión que realizarán hoy los
obispos del noroeste argentino y en la que también se abordarán
aspectos relacionados con la problemática social. Un año
atrás, este grupo de obispos, entre los que se cuentan también
Marcelo Palentini (Jujuy), Pedro Olmedo (Humahuaca), Jorge Lugones (Orán)
y Héctor Villalba (Tucumán), había pedido “promover
rectificaciones y cambios” criticando “la debilidad institucional
de los gobiernos provinciales” que condiciona por sí sola
la situación económicosocial. En esa misma oportunidad los
obispos denunciaron “un personalismo exagerado” en la acción
política, con partidos “que no son escuela de educación
cívica y promoción de jóvenes dirigentes con vocación
de servicio al bien común y no de servicio personal o sectorial”.
Dijeron entonces los obispos del noroeste que los cuerpos legislativos,
provinciales y municipales “no siempre son foros de discusión
de proyectos que hagan al bien común, sino un lugar de trueque
de intereses personales, partidarios o corporativos”. En aquella
oportunidad criticaron el tipo de soluciones aportadas desde el Gobierno
diciendo que la pobreza y la exclusión “se intenta paliar
con planes de trabajo y ayudas que terminan siendo dádivas y ámbitos
de corrupción”.
Ahora Maccarone se preguntó si no resulta más equitativo
que “las empresas y grupos económicos que se beneficiaron
con los créditos se den cuenta y obren en consecuencia para que
asuman su responsabilidad, sin distracciones”. Concluyó con
que “no se le puede pedir más paciencia a los que menos tienen
o a los que ya nada tienen”.
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OPINION
Por Osvaldo Alvarez Guerrero *
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Los radicales
Quién, como en otros tiempos, podría acercase hoy
a un comité partidario y afiliarse para militar en la Unión
Cívica Radical? ¡Cuántos afiliados no participan
en absoluto y más bien critican las ideas y conductas de
sus dirigentes y gobernantes! Hoy, por muchas razones, se es radical
más por la historia y la de sus grandes figuras (Alem, Yrigoyen,
Lebensohn, Larralde, Illia, Balbín, por ejemplo) que por
el presente. Las tradiciones democráticas populares, éticas,
nacionales de esta centenaria fuerza política se han interrumpido
demasiadas veces. En los últimos tiempos y desde cierto punto
de vista, hubo demasiadas claudicaciones. Los dirigentes, en buena
medida, no son ni creíbles ni convincentes. Sin embargo hay
muchos radicales sinceros: los casi anónimos ciudadanos,
que fiscalizan los comicios, que participan de las campañas
proselitistas, que cuentan las epopeyas radicales, con nostalgia
e ilusión, esos que constituyen los componentes de una ancha
red de comités, ateneos, al que van no porque crean y confíen
en sus jerarquías actuales, sino porque sospechan que en
algún momento, de ahí mismo, germinará una
nueva dirigencia, con nuevos cuadros. O con el retorno de generaciones
de mujeres y hombres probos que están, por decisión
propia o por la expulsión implícita de las seudooligarquías
internas, marginados y humillados. Padecen al régimen desde
adentro y desde afuera.
Estas buenas personas siguen creyendo que el partido, eventualmente,
podría ser instrumento insustituible, una vez reparado, para
convocar a un gran movimiento político, principalmente de
carácter ético. Piensan que el renacimiento hará
posible el cambio de las estructuras decadentes de una Nación
y de un pueblo decepcionado y empobrecido, y servirá al restablecimiento
de la República y sus valores fundantes. Utilicé el
término instrumento, porque todo partido, en una democracia
moderna, es necesariamente una herramienta, un medio, para impulsar
proyectos colectivos y para ponerlos en ejecución. Cuando
ese medio se paraliza y funciona sin objetivos orientadores, solo
admite “clientes” y “aparato”, y es utilizado
con otros fines particulares de esmirriado porvenir.
¿Está el radicalismo muerto? Sí, definitivamente,
si lo juzgamos por los cuadros mandones y rapaces, sin ideas y sin
conductas coherentes y desinteresadas. No, si valoramos su necesidad
actual y la esperanza de su futuro. En todo caso está moribunda
una idea y una conducta de una concepción gerencial del partido,
no sus integrantes, que vienen a ser algo así como radicales
sin partido, pero con la recóndita ilusión de recuperarlo.
¿Será ello posible? No, si se diluye desde dentro
de su seno, y por la presión de una sociedad que ya no lo
quiere como antes. Sí, cuando se reconstituya sobre la base
de una doctrina y un programa, que no admitan la doblez y el engaño.
La Unión Cívica Radical nació de una división,
por principios y valores que no admitían transacciones y
rechazaba las prebendas. Y vivió más de cien años,
porque cada vez que se partió, hubo una parte que lo restituyó,
renovó e impulsó.
¿Vale la pena intentarlo de nuevo? Si, no simplemente porque
se manifieste como voluntarismo nostálgico sino porque la
idea siempre vigente de construir la República lo adopte
como impulso común.
* Presidente de la Fundación Illia.
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EL
DEFENSOR DEL PUEBLO ADVIERTE SOBRE LA ETICA
“El Gobierno se extralimitó”
El defensor del Pueblo de la
Nación, Eduardo Mondino, denunció que el Gobierno se extralimitó
en el uso de los superpoderes al modificar por decreto la Ley de Etica
Pública para flexibilizar el régimen de incompatibilidades
para acceder a cargos públicos. Según Mondino, el decreto
es inconstitucional. El Poder Ejecutivo, sostiene, no recibió entre
las facultades especiales que le delegó el Congreso la de modificar
una ley general a piacere salteando la instancia parlamentaria.
Mondino planteó las objeciones ante el diputado Oscar Lamberto,
que preside la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la
Ley 25.414 de superpoderes. El decreto en cuestión fue publicado
en el Boletín Oficial el 2 de julio y tal como reveló Página/12
logró que ya no sea un impedimento para acceder a cargos públicos
haber trabajado para empresas vinculadas al Estado o reguladas por él
durante el año previo a la asunción o desempeñarse
en ellas en el año posterior a dejar el puesto.
“Ni las disposiciones de la ley 25.414 ni su espíritu habilitan
a que el Poder Ejecutivo Nacional modifique una ley general, tal cual
es la que regula Etica de la función pública”, dice
la presentación del defensor. El artículo 76 de la Constitución,
añade Mondino, permite la delegación legislativa en el Ejecutivo
en cuestiones “determinadas de administración o de emergencia
pública” pero lo prohíbe “en materia de control”.
“El decreto 862/01 es inconstitucional”, concluye.
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