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 El efecto dominó parece,
a esta altura, imparable. A la huelga que tiene –hace semanas–
tomados varios estados de Brasil, se sumaron ayer los agentes de la Policía
Civil del estado de Pará y amenazaron hacerlo los policías
civiles del estado de Piaiauí –ambos en el norte brasileño–
reclamando un aumento salarial del 30 por ciento. Estos nuevos rebeldes
se pronunciaron el mismo día que Fernando Henrique Cardoso tenía
previsto reunirse con once gobernadores del oficialismo para acordar una
solución a la huelga. En ese encuentro también se planeaba
discutir la posibilidad de decretar una ley que conceda poderes policiales
a las Fuerzas Armadas. A su vez, esto desembocó en una polémica
que incluyó versiones de renuncia del ministro de Justicia, José
Gregori, quien se opone a la medida, en abierto enfrentamiento con los
ministros de Defensa y del gabinete de Seguridad Institucional.
Casi 2600 policías civiles del estado de Pará iniciaron
en la medianoche de ayer una huelga por tiempo indeterminado para reivindicar
un aumento salarial. Sin embargo, los huelguistas decidieron mantener
en operación a un 30 por ciento de los agentes. El gobierno paraense
alega que no podría conceder más que un aumento del cinco
por ciento e, incluso, no extensivo a todas las categorías. La
oferta fue rechazada de plano: “Es una limosna que nadie quiere”,
subrayó el comisario Alves Junior. Lo que más se teme desde
el gobierno es lo que, en este estado de cosas, parece casi evidente:
el comienzo de una articulación entre los líderes de las
policías civiles y militares de las 26 provincias y del Distrito
Federal (Brasilia) para realizar una protesta nacional. Los policías
del cercano estado Piaiauí, por su parte, amenazaron con parar
si no se atiende inmediatamente sus reclamos.
Hasta ahora, cuando la policía militar no se suma a la huelga,
oficia de suplente: en Río de Janeiro, tropas de la Policía
Militar (PM) asumieron la vigilancia y la seguridad de los 11 presidios
del Estado, debido al paro de los agentes penitenciarios iniciado el lunes
pasado. Sin embargo, la policía militar se plegó a las medidas
de fuerza en Salvador de Bahía hace apenas unas semanas y hace
dos meses, en el estado de Tocantins. En el aquel entonces, el gobierno
ordenó la militarización temporal del estado y en Bahía
la intervención del Ejército. Este escenario abrió
en Brasil otra discusión, lanzada por una iniciativa oficial: otorgar
a las Fuerzas Armadas potestades hasta ahora reservadas a la policía.
El ministro de Justicia, José Gregori, explicó las posturas
del debate: “Hay una corriente que entiende que el poder de policía
de las Fuerzas Armadas está implícito en la Constitución,
pero hay otra que piensa que eso no está tan claro”. Gregori,
ante las especulaciones sobre su renuncia aparecidas en el diario O Estado
de S. Paulo anunció que la cuestión será decidida
por el procurador general del país y desmintió su renuncia.
Pero insistió con que los soldados “no fueron formados para
detener ciudadanos y no hay cómo cambiar eso”.
Gregori cuenta con el apoyo del ministro jefe de la Secretaría
General de la Presidencia, Aloísio Nunes Ferreira pero, del otro
lado del ring, están el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional,
general Alberto Cardoso y el de Defensa, el abogado Geraldo Quintao. Cardoso
intenta arbitrar entre ambas posiciones y, a último momento, invitó
a la reunión que realizó con los gobernadores a representantes
del Ministerio de Defensa y del Comando del Ejército. En rechazo
a la militarización del país, el líder del Partido
de los Trabajadores, Inacio “Lula” da Silva, aseguró
que sospecha del gobierno de Bahía: “Parece que los robos
estaban muy orquestados, para demostrar a la opinión pública
que cuando la policía está en huelga, no existe ley y todo
el mundo es bandido”, explicó.
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