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PIQUETES
Los piquetes son una forma de resistencia directa al régimen
de exclusión masiva, que les dio origen. Ninguna organización
previa, tampoco los partidos de izquierda, hubiera podido parir
esta práctica social sin el patrocinio determinante del despotismo
económico. El vertiginoso empobrecimiento de numerosos contingentes
de trabajadores y profesionales, muchos de ellos expulsados de las
empresas privatizadas, mezcló la pobreza estructural de antigua
data con recién llegados que no han renunciado a la esperanza
de reintegrarse al sistema que los desplazó. Formados en
experiencias de sociabilidad que los vinculan a las clases medias,
con oficios y niveles educativos adquiridos en su origen social
y determinados a conseguir para sí mismos, para sus familias
y sobre todo para sus hijos un porvenir igual o mejor que el de
sus antecesores, de pronto fueron arrancados de cuajo de ese tipo
de vida y despojados de casi todos los derechos civiles, económicos
y sociales que les pertenecían por esfuerzo propio y, según
creían, para siempre. Sin empleo, perdieron la protección
de los sindicatos tradicionales, de las obras sociales, de las mutuales,
del crédito comercial o hipotecario, y de cualquier otro
recurso legítimo de trabajo y prosperidad. La prolongada
recesión económica y el modelo de distribución
de la riqueza, concebido para satisfacer sólo a una porción
de la sociedad, les quitaron además las chances de rehabilitación.
Estaban condenados a la soledad de los invisibles, igual que los
pobres de siempre. Decidieron rebelarse contra ese destino, así
tuvieran que incomodar a los gobernantes y a la sociedad entera
para que les pusieran atención.
El mismo régimen que los condenó, pudo (y aún
puede) concederles la apelación. Desde Cutral-Có a
La Matanza, quedó en claro que los bloqueadores de rutas
deponen la fuerza a cambio de misérrimos subsidios temporarios,
conocidos como “Plan Trabajar”, algunas obras públicas
con mano de obra extensiva y adecuada distribución de alimentos.
Lejos de ser una plataforma para la revolución, son módicas
demandas de subsistencia. Incluso dos de las tres reivindicaciones
centrales que justifican el plan de lucha que comenzará el
martes próximo dependen de la simple voluntad política
de los gobernantes, para no entrar en debate sobre la tercera, que
es la anulación del último decreto de ajuste, cuestionado
por la opinión mayoritaria. Una amnistía general para
los detenidos, procesados y condenados en manifestaciones sociales
no es pedir demasiado a quienes aceptaron el indulto a los genocidas
de la dictadura militar y han sido incapaces de reprimir la evasión,
el contrabando y la corrupción a gran escala. Lo mismo sucede
con la ampliación que piden del número y el plazo
de los planes “Trabajar”, cuando hasta conservadores reconocidos
aceptan mucho más que eso porque coinciden en que es urgente
y necesario un subsidio generalizado al desempleo. Alcanzaría
con esta decisión de elemental humanidad y prevención
social para recortar los fundamentos de la protesta progresiva dispuesta
por la “Asamblea nacional de organizaciones sociales territoriales
y de desocupados”.
En lugar de atender esos reclamos o, cuando menos, elaborar una
contraoferta, el gobierno nacional los ignora, los demoniza o pide
patriótica paciencia. “No se puede pedir paciencia a
los que menos tienen porque la paciencia puede llegar a ser hasta
inmoral”, puntualizó el obispo de Santiago del Estero,
Juan Carlos Maccarone, y agregó: “La paciencia no es
buena cuando te conviertes en un esclavo pudiendo ser un hombre
libre”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Juan
Pablo Cafiero, anunció anteayer a sus colegas de 24 provincias
“que nos han recortado los fondos de este trimestre [aunque]
lo social es la inversión que tiene que hacer un país
con carencias, donde el mapa de la pobreza se ha extendido en forma
alarmante”. El mismo jueves, los serviciosprivatizados de trenes
anunciaron un aumento de las tarifas para las tres primeras secciones
de hasta un 28,5 por ciento. “Es que la política del
déficit cero no es neutra”, aclaro Cafiero, el ministro.
“En la vida real implica priorizar a quien se le va a pagar
primero. Si una sociedad admite que hay que cumplir con los acreedores
externos y postergar a jubilados y empleados, revela a una sociedad
ganada por el pánico y no se puede aceptar este grado de
extorsión que en situaciones normales jamás consentiríamos.”
¿Será que el obispo y el ministro son miembros clandestinos
de una misma logia antipatriótica dedicada a “piquetear”
la gobernabilidad?
“Nadie puede alzar su voz contra las instituciones de la República”,
editorializó el jueves sobre “La crisis social y los
piqueteros” el matutino La Nación, que un día
después, ayer, dedicó el título principal de
la primera plana a notificar lo siguiente: “Exigen los bancos
que el Senado apruebe el ajuste”, de lo contrario “las
entidades condicionan su aporte al fondo patriótico”
y “tampoco participarán en el canje de Letes”.
Era sabido que el patriotismo de los banqueros se presta al 9 por
ciento de interés anual, pese a que se trata de un mero anticipo
de impuestos, pero ahora los lectores del diario fundado por Mitre
saben que también gozan –aunque la Asociación
de Bancos lo negó– del derecho a levantar la voz, aun
a extorsionar, a las instituciones republicanas, no así los
piqueteros, sin que la democracia tenga que sentirse agraviada por
ellos. Inspirado en la misma fuente, el vocero Juan Pablo Baylac,
entre otros editorialistas en estado de pánico, acusó
a los piqueteros por sedición, o sea por “alzamiento
colectivo y violento contra la autoridad, el orden público
o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión”,
en los términos del diccionario, aunque no necesariamente
del funcionario. ¿Cuánto falta para que alguien se
anime a pedir la orden de “aniquilación”, igual
a la que se impartió contra los “subversivos” de
los años 70?
Hay pasos en esa dirección. Ante todo, debe recordarse que
durante este gobierno ya hubo siete asesinados a balazos en movilizaciones
populares. Luego, en los últimos días recrudeció
una pertinaz campaña dedicada a identificar a los piqueteros,
cuya pluralidad es fácil de reconocer hasta en las fotos,
con distintos partidos y grupos de izquierda marxista, ninguno ilegal
o clandestino, como si este hecho agravara sus presuntos delitos.
Los que se horrorizan por el dato, ¿pretenden acaso que esos
militantes actúen en la Fundación Fiel o en la Mediterránea?
Están ahí, en tanto el movimiento los acepte, con
el mismo derecho que cualquier religioso que hizo opción
por los pobres, que cualquier peronista comprometido de verdad con
la justicia social, que cualquier radical que aspire a democratizar
la vida nacional, que cualquier persona sin afiliación partidaria
decidida a protestar por sus reivindicaciones. Si los ciudadanos
que integran los piquetes están facultadas para elegir Presidente
de la Nación, ¿por qué dudar de su capacidad
de discernir sobre los discursos demagógicos, sean de izquierda
o de derecha? En lugar de rasgarse las vestiduras con alarmas macartistas,
deberían preguntarse sobre las razones que conmueven a esos
hombres y mujeres y la manera más rápida y eficaz
de resolver sus problemas de máxima urgencia.
En lugar de aplicarle al conflicto social la lógica autoritaria
de amigo–enemigo, los gobernantes deberían aprovechar
su presencia como un factor compensador de las presiones descomedidas
de los conservadores. Personas de buena fe, incluso, se espantan
afectadas por la propaganda que trata de criminalizar a la protesta,
acusándola de violar, por ejemplo, los derechos al libre
tránsito de los demás. Deberían informarse,
primero, de que ni siquiera existe opinión unánime
al respecto entre los juristas acerca de los valores comparados
entre derechos diferentes. Después, pocos ignoran que las
autoridades sólo hacen caso al escándalo y que no
ofrecenotros espacios mejores para la petición firme. Por
fin, deberían molestarse tanto o más que por el obligado
desvío de sus rutas habituales con los que arriesgan sus
ahorros, trabajos, salarios, educación, salud, justicia y
hasta la independencia nacional a fin de satisfacer los intereses
particulares de quienes, por su capacidad de influencia, se llevan
la parte del león. Cuando hay tantos motivos para la bronca,
es más sano seleccionar a los destinatarios que repartirla
a diestra y siniestra. Desacreditar al movimiento social es un juego
tan peligroso como hacerlo con la política, cuando la intención
última no es mejorarlos sino destruirlos.
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