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Por Claudio Zlotnik
 Con los 238 millones que huyeron
del sistema financiero el miércoles pasado (último dato
disponible), la caída de depósitos llegó a la friolera
de 6000 millones de dólares desde que empezó la sangría,
tres semanas atrás, equivalente al 7 por ciento del total de colocaciones.
Frente al incesante retiro de colocaciones, el Banco Central volvió
a reaccionar. Por tercera vez en lo que va del mes, Roque Maccarone asistió
a los bancos flexibilizando normas, con el objetivo de impedir que la
corrida termine por debilitar al sistema financiero. Dando cuenta de la
gravedad de la crisis, la autoridad monetaria difundió en un comunicado
que tomaba las nuevas medidas para que los bancos cuenten con liquidez
para hacer frente a los retiros de depósitos. La medida más
relevante fue que rebajó el monto de dinero que las entidades deben
mantener inmovilizadas. En total, el Central liberó liquidez por
1400 millones de dólares, a la vez que habilitó a los bancos
a constituir la mayor parte de los encajes en pesos en vez de tener que
hacerlo en dólares. En otra jornada de mercados alterados, el riesgo
país se disparó a 1573 puntos.
Los funcionarios del Banco Central dieron a conocer las nuevas decisiones
anoche, una vez que habían liquidado al SirCam, el virus informático
que en la semana causó estragos a los usuarios del correo electrónico.
Algunas horas antes, con la versión de que el organismo rector
aliviaría la situación de los bancos, el call (tasa interbancaria)
bajó del 30 al 20 por ciento anual. Y el auxilio que el BC otorga
en pases activos a los bancos con problemas de liquidez cayó en
100 millones con respecto al día anterior, hasta 1997 millones.
Las medidas tomadas por Roque Maccarone fueron tres:
 Reducción de los requisitos
mínimos de liquidez. Hasta ahora, los bancos debían inmovilizar
el equivalente al 22 por ciento de sus depósitos a plazo fijo.
Ahora esa obligación se redujo en un punto para las colocaciones
a menos de 89 días, que son el 90 por ciento del total. Como la
medida se tomó con retroactividad a comienzos de mes, la liberación
de fondos alcanza a 1000 millones de dólares.
Otros 400 millones provendrán
de la admisión para la integración de los encajes al “efectivo
en tránsito y en las transportadoras de caudales”. Este fue
un reclamo de la Asociación de Bancos ya que muchas de las entidades
tienen tercerizado el transporte de fondos entre sucursales. Y ocurre
que muchas veces esos fondos quedan depositadas en el tesoro de las empresas
transportadoras de caudales, sin poder computar ese dinero como encaje
bancario.
Por último, los bancos
podrán integrar el 70 por ciento de los requisitos mínimos
de liquidez con pesos. Hasta ahora, la obligación era hacerlo en
dólares. Aunque el Central no lo explicita, fuentes del sistema
financiero señalaron a este diario que la medida intenta quitar
presión a la demanda de dólares en medio de la crisis.
Con el fantasma del Tequila –que dejó en el camino a un centenar
de bancos– Maccarone intenta tomar el control de la crisis. No quiere
que la incipiente fuga de depósitos ponga en aprietos a los bancos
y por eso sale rápidamente a auxiliarlos. El banquero conoció
de cerca la devastación del ‘95 desde el sillón de
la secretaría de Finanzas, Bancos y Seguros. La actitud de bombero
eficiente de Maccarone es respaldada por los principales bancos, quien
a esta altura de la crisis prefieren esta flexibilización antes
que la rigidez ortodoxa de Pedro Pou.
Desde que se aceleró la huida de depósitos, el Central vino
tomando medidas activas para asistir a los bancos. Primero tocó
los requisitos mínimos de liquidez al unificar las posiciones de
julio y agosto, liberando así unos 1700 millones. Y hace poco más
de una semana redujo el denominado encaje técnico que los bancos
deben cumplir diariamente. El cambio de las normas monetarias revelan
la preocupación de las autoridades sobre la dinámica que
tomó la salida de los ahorros. Frente al drenaje de fondos, los
bancos hacen todo lo que está a su alcance para retener a los ahorristas.
Por ejemplo, elevar las tasas de interés pasivas. Para los depósitos
en pesos a 30 y más de 60 días, las tasas ya se ubican en
niveles récord. Según los datos oficiales, por un plazo
fijo a un mes se paga un 33 por ciento en promedio. Y un 37 por ciento
para el caso que el depósito se pacte a más de dos meses.
Con la percepción de que la única forma de cambiar las expectativas
sería con la obtención de fondos frescos desde el exterior
(algo que por ahora no aparece en el horizonte), el riesgo país
volvió a subir: quedó en 1573 puntos, 63 por encima al cierre
anterior.
La fuga de depósitos pasó a ser el tema que más preocupa
a los financistas. Nadie imagina que si no se logra detener la hemorragia,
la crisis vaya a desembocar en un final feliz. Pero, en verdad, no es
el único asunto al que siguen con atención los banqueros.
También preocupan los próximos vencimientos de deuda de
las empresas. Durante el próximo mes vencen 1640 millones: 750
millones pertenecientes a bancos y 890 millones de compañías.
Muchos de los vencimientos de Obligaciones Negociables (títulos
de deuda) de empresas están en manos de entidades financieras.
Tal es el caso de los 150 millones que debe abonar Multicanal al BankBoston,
el banco que tiene los títulos. Y, en medio de la crisis y la salida
constante de depósitos, es improbable que las entidades financieras
quieran refinanciar pasivos empresarios. Es cierto que algunos de los
vencimientos sean de conglomerados internacionales, como Telefónica
y Central Puerto. Pero en la city creen que si estos grupos llegan a reclamar
financiamiento en sus casas matrices del exterior, el hecho se constituiría
en una pésima señal hacia los mercados externos que están
convencidos de un próximo default de la Argentina.
En contra de esta sensación, Economía depositará
pasado mañana los 500 millones de dólares que le corresponde
pagar ante el vencimiento de un cupón del bono Global 2027.
VENCIMIENTOS
DE 8361 MILLONES HASTA FIN DE AÑO
Lo que aún resta por pagar
El Gobierno debe afrontar aún
vencimientos de la deuda por 8361 millones de dólares
en lo que resta de 2001, con fondos que tiene previsto garantizar mediante
negociaciones con financistas privados, además de los desembolsos
pendientes de organismos multilaterales y gobiernos. Sin embargo, los
mercados no dejan de temer que haya un ‘default’ (cesación
de pagos) en el futuro o, en el peor de los casos, respecto del siguiente
panorama del segundo semestre de 2001:
El país tiene vencimientos
de títulos de corto plazo en Letras del Tesoro (Letes) por 4285
millones de dólares hasta diciembre. Son títulos de hasta
180 días para cubrir necesidades de financiamiento de corto y mediano
plazo.
También suma amortizaciones
de la deuda pública por 4076 millones de dólares en el mismo
período. El mayor volumen de ese total le corresponde a deuda multilateral
(con organismos) por 1064 millones y otros títulos públicos
(bonos en pesos y dólares, Bonex-92, Euroletras, etc.) por 2421
millones, que no entraron en el reciente “megacanje” por 30.000
millones. El resto está compuesto por deuda bilateral y otros.
Para cubrir esta necesidad
están previstos desembolsos pendientes de organismos multilaterales
y préstamos bilaterales, conforme al paquete de ayuda financiera
comprometido en diciembre de 2000 (megapréstamo o “blindaje”)
que totaliza 4677 millones de dólares, discriminados de la siguiente
manera: 2528 millones del FMI, 1020 millones del BID, 800 millones del
Banco Mundial y 329 millones del gobierno de España.
Respecto de las Letes, el Gobierno
avanzó pero no terminó aún una negociación
con bancos por 1500 millones de dólares y con otros tenedores,
como fondos de jubilación y pensión, por 2300 millones,
para un canje por uno o más títulos a plazos más
largos, pero no más allá de 2002. Todavía le quedará
pendiente arreglar la postergación de vencimientos en Letes por
485 millones.
STANDARD
& POOR’S TAMBIEN VE OTROS RIESGOS
La crisis social ahuyenta
La voz monocorde
de las calificadoras de riesgo internacional, que reclaman la profundización
del ajuste y apuntan sus dardos a la dispendiosa clase política
–cuya modorra demora darle carácter de ley a los recortes
decretados por el Ejecutivo–, rompió ayer su unísono.
Una directora de Standard & Poor’s, Graciela del Castillo, iluminó
uno de los aspectos más desatendidos por el establishment financiero
cuando de riesgo país se trata. Afirmó que el “deterioro
de las condiciones sociales” ahuyenta a los inversores.
La encargada de las Calificaciones Soberanas para Latinoamérica
de S&P reconoció que “cuando se deterioran las condiciones
sociales de un país, es difícil que haya inversión”.
Por eso, “las condiciones sociales son algo que las calificadoras
miran muy de cerca”, puesto que “las reformas no son sostenibles
si no hay apoyo social”. Para que no queden dudas, Del Castillo insistió:
“cuando hay un deterioro social muy importante es muy difícil
que se invierta”.
No obstante, a pesar de la evidencia de que un país con creciente
conflictividad social y un tercio de su población fuera del sistema
económico resiente su atractivo para los inversores internacionales,
al momento de las recetas, la ejecutiva de S&P dejó atrás
su lapsus y volvió al discurso tradicional.
Para la directora de S&P, “con una recaudación tan baja,
la Argentina no tiene recursos para gastar” y además “hay
un gran riesgo de que no pueda cumplir con sus obligaciones financieras”.
Sin embargo, sería un error abandonar el tipo de cambio fijo, pues
“la convertibilidad es un pilar de la economía argentina y,
como está prácticamente dolarizada, no tiene ninguna ventaja
devaluar el peso porque eso empujaría a una cesación de
pagos automática”, explicó invirtiendo el orden cronológico
de la dinámica que amenaza a la economía local. Según
la ejecutiva, la baja del riesgo país es la clave para la recuperación
de las condiciones sociales, ya que “tener un riesgo país
bajo permite pagar menos por la deuda y tener mayores dineros disponibles
para gastar en lo social”.
Sin embargo, precisó que “cuando se llega a una situación
como la de Argentina, con una gran probabilidad de que no pueda cumplir
con sus obligaciones, si los inversores deciden que no quieren invertir
más, entonces se alcanza el punto en que no se puede financiar
el déficit”. En consecuencia, para Del Castillo la Argentina
se encuentra en “un momento crítico en el que no hay más
remedio que tener un déficit cero”.
Por último, cuando explicó como su organización realiza
las “calificaciones soberanas” nada dijo sobre el deterioro
de las condiciones sociales. “No se evalúa al país
en sí, sino la capacidad y voluntad del Gobierno de cumplir con
sus obligaciones en su totalidad y a tiempo”, concluyó.
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