Por Irina Hauser

El juez laboral Roberto Pompa ordenó ayer la suspensión del recorte del 13 por ciento de los salarios de los trabajadores estatales. Lo hizo en dos resoluciones que anulan la aplicación del decreto de ajuste, sus modificaciones y reglamentaciones, al considerar que uno de sus artículos es inconstitucional y viola convenios colectivos de trabajo y pactos internacionales. Recuerda, además, que la propia ley de superpoderes prohíbe al Poder Ejecutivo disponer rebajas salariales o de jubilaciones en el ejercicio de las facultades especiales concedidas por el Congreso.
“Empleando términos en boga, no hay peor riesgo país que el que impida a sus habitantes acceder a la Justicia en plenitud de sus derechos y acciones”, dice el texto del juez Pompa en alusión al artículo del decreto que prohíbe al Poder Judicial dictar medidas cautelares para interrumpir el tijeretazo. “De no ser tachado de inconstitucional, (el artículo) conlleva el peligro para los habitantes de que se los sustraigan de la intervención de los jueces en la protección de sus derechos”, añade.
La medida cautelar dispuesta es fruto de las presentaciones judiciales hechas por las organizaciones gremiales nucleadas en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y por representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) tanto de la corriente rebelde, que lidera Hugo Moyano, como de la oficial, que conduce Rodolfo Daer. Al tratarse de un fallo de representación gremial y efecto colectivo, siente un precedente importante. Hasta ahora la Justicia laboral sólo había fallado la semana pasada a favor de una única trabajadora de la ANSeS.
Las dos resoluciones de Pompa impiden al Estado la aplicación del decreto 896/01 que estableció la reducción de las remuneraciones, asignaciones familiares y planes trabajar de sus empleados. Pero exigen que quede en pie el artículo 3º, que deroga el recorte del año pasado. También recuerdan que la ley de superpoderes “expresamente dispone que el ejercicio de las facultades delegadas no podrá provocar despidos ni tampoco podrá utilizarse para disponer rebajas de salarios o de haberes jubilatorios”.
“Lo importante es que el fallo detiene un recorte que en realidad no es tal sino peor porque vulnera la intangibilidad salarial al atar los ingresos a lo que recaude el Estado”, señaló Horacio Meguira, abogado de la CTA. “La sentencia es trascendente también porque las remuneraciones tienen carácter alimentario y su reducción provocaría en los trabajadores un impacto de imposible reparación posterior”, agregó el abogado Gustavo Ciampa, de CGT. “Para ser gráfico, el trabajador que no puede comer un plato de fideos diario, no compensa con siete platos el domingo”, remarcó.
El magistrado sostuvo que el artículo 1º del decreto 896/01 de ajuste, que veda las medidas cautelares referidas al recorte, es inconstitucional porque atenta contra: división republicana de poderes, al entrometerse el Ejecutivo con las facultades del Judicial; el “derecho a peticionar a las autoridades” de todo ciudadano; los derechos de defensa y debido proceso; el principio de igualdad ante la ley (hay un tratamiento discriminatorio para los trabajadores afectados por el decreto); el derecho de toda persona a interponer una acción de amparo cuando vea restringidos o amenazados sus derechos y garantías constitucionales; y varios pactos internacionales con rango constitucional.

UNA SENTENCIA CONTRA EL PAGO CON PATACONES
Ruckauf perdió el juicio

La provincia de Buenos Aires también tuvo un fallo favorable a los trabajadores que prohíbe el pago de sueldos con patacones, con los que el gobernador Carlos Ruckauf quiere implementar su propio ajuste. El juez laboral Claudio Andino le ordenó al gobierno bonaerense que se abstuviera de pagar con bonos el sueldo de 13 empleados judiciales de la Cámara de Apelaciones de San Isidro.
Andino, que dictó la resolución como juez de feria, hizo lugar al pedido de no innovar alegando que el Poder Ejecutivo provincial debe evitar toda “medida que signifique privar a los empleados y funcionarios del Poder Judicial que presentaron la demanda, de percibir sus salarios en pesos nacionales de curso legal”. También exigió a la gobernación que, como sea, gire “a las dependencias pertinentes, en tiempo y monto, los sueldos de cada uno, de manera íntegra hasta el dictado de la sentencia definitiva”.
Los bonos vienen cosechando más resistencias que otra cosas. No sólo de los empleados, sino de varios supermercados y cámaras empresarias y del comercio. El fallo de ayer le pide a Ruckauf que envíe antecedentes y fundamentos de los patacones, con documentación vinculada con la sanción, implementación y reglamentación de los bonos. En el texto el juez también aclara que no tiene ningún interés directo en el proceso en trámite, ni está asociado a asociación judicial de magistrados, ni pertenece a la familia judicial.
El recurso fue presentado por Bernardo Hermida Lozano, Adolfo Donadío, Liliana Mazuca, Mercedes María Olivares, Esmeralda González, Alicia Rico Roca, Alejandra Fernández, Leonardo Morales, Adriana Chierico, Elizabeth Mayan, Rosana Olguín, Guillermina Mendy y Diego Magini, todos ellos auxiliares letrados y oficiales de la Sala I de San Isidro. Uno de ellos planteó que la emisión de patacones es una creación de dinero encubierta que se reserva en forma exclusiva el Congreso Nacional. Señaló, además, que no hay certezas sobre el valor de los bonos.

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