Por Mónica
Gutiérrez
Menos fácilmente de
lo que pensaba, el gobierno cordobés consiguió anoche la
sanción de la ley que reformará la Constitución provincial.
De esta manera, Córdoba tendrá una Legislatura unicameral
antes de fin de año, cuando caducarán los mandatos de todos
los diputados y senadores. Si bien los senadores radicales y justicialistas
habían acordado el proyecto que el jueves aprobó la Cámara
alta, en Diputados no se dio el consenso esperado. La llegada intempestiva
de dos legisladores del oficialismo que viajaron con urgencia desde Chile,
el apoyo de vecinalistas y cavallistas y un llamado de último momento
que Ramón Mestre le hizo a su tropa fueron decisivos para que la
coalición gobernante consiguiera los dos tercios para aprobar la
ley. El bloque del Frepaso denunció un pacto entre Chrystian Colombo
y José Manuel de la Sota y todos inclusive los que votaron
a favor hicieron alusión al elevado nivel de gastos del Poder
Ejecutivo en materia de publicidad.
A las 20.45 los diputados terminaron de aprobar, mediante voto nominal,
el proyecto que estipula que se reformará la Constitución
provincial solamente en el capítulo referido al Poder Legislativo,
que quedará constituido por un solo cuerpo de 70 integrantes. La
ley llama a elecciones de constituyentes para el próximo 2 de setiembre,
quienes trabajarán durante siete días para decidir la forma
de representación que regirá en la única cámara.
El 14 de octubre, los cordobeses elegirán por primera vez la legislatura
transformada, que asumirá recién en el mes de diciembre.
Antes, caducarán los mandatos de los 133 legisladores actuales,
que debían serlo hasta el 2003.
La caducidad de los mandatos o la renuncia voluntaria fue uno de los temas
que suscitó disenso en el bloque radical. El otro era el punto
dos del segundo artículo del proyecto, que establece la unificación
de la duración de los mandatos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para un sector de la oposición, esta cláusula ambigua deja
abierta la posibilidad de que se prorrogue por casi dos años el
período de gobierno de De la Sota, que vence en julio del 2003,
porque no estipula la duración de cuál de los mandatos se
supedita a la otra.
El costo de la Legislatura cordobesa representa el 1,6 por ciento del
presupuesto provincial. Con el cambio que tuvo luz verde ayer, y quedando
ese cuerpo reducido a la mitad, se estima que se ahorrarán poco
más de 20 millones de pesos al año.
El jueves, los senadores radicales sorprendieron con la presentación
de un proyecto de ley que doblaba la apuesta de De la Sota, quien pretendía
reformar la Legislatura a partir del 2003. Proponían hacerlo este
mismo año, consensuaron con el oficialismo y la propuesta tuvo
media sanción.
Pero sus correligionarios en Diputados no tomaron bien la actitud y en
la tarde de ayer el justicialismo no tenía los dos tercios para
aprobar la ley.
La preocupación llegó rápidamente a la Casa de Gobierno,
y varios operadores se activaron para revertir la situación. Tanto
así que ordenaron el rápido regreso de dos diputados justicialistas
que estaban en una misión comercial en Chile, los que llegaron
veinte minutos antes de la votación. Igual, la sanción estaba
asegurada, porque el vecinalismo, el cavallismo y el sector mestrista
del bloque de la UCR apoyaron finalmente la reforma, que salió
con 53 votos a favor sobre 63.
El titular de la bancada radical, el mestrista Jorge Font, dejó
entrever que no apoyaba la reforma, aunque debió ceder ante un
inesperado llamado de su jefe político que desde Buenos Aires ordenaba
ser consecuente con el acuerdo que ayer se había obtenido en el
Senado. Hubiéramos quedado muy mal ante la sociedad si nos
echábamos atrás, dijo luego en voz baja. Sólo
el Frepaso y algunos radicales votaron en contra de la reforma constitucional.
El diputado Carlos Vicente acusó al gobierno de querer ocultar
la verdadera situación de endeudamiento de la provincia y el proceso
de privatizaciones con este tema. No hace falta reformar la
Constitución para limpiar de ñoquis la Legislatura,
afirmó.
Para algunos, un pacto entre De la Sota y Colombo limpió el camino
para la reforma en Córdoba, con intercambio de favores mutuos de
por medio. El gobernador cordobés sueña ahora con dos años
de gestión sin oposición en el frente.
LA
PORTA DEJA EL GOBIERNO PORTEÑO
Una salida anunciada
El Jefe de Gobierno porteño,
Aníbal Ibarra, anunció ayer que el actual secretario de
Medio Ambiente de la Ciudad, el socialista Norberto La Porta, se alejará
de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. La Porta dejará
ese cargo para postularse como candidato a diputado nacional por el ARI,
la fuerza que lidera la radical Elisa Carrió y escoltará
a Héctor Polino en la nómina. La salida del funcionario
se concretará la semana entrante con una cena de despedida que
le realizarán Ibarra y sus compañeros del Gabinete.
Sin embargo, el alejamiento de La Porta la semana próxima no implica
la partida de los miembros del PSD que actualmente ocupan cargos ejecutivos,
tanto en Rentas como en Medio Ambiente. El socialista será reemplazado
provisoriamente por el ahora subsecretario Eduardo Ricciutti.
A su vez, habrá otros cambios en el organismo como la eliminación
de la subsecretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente bajo
la dirección de Alejandro Rofman, a la vez que será incorporada
la Unidad Ejecutora de Gestión del Espacio Público que hasta
ahora estaba bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno.
OPINION
Por Carlos Vicente *
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¿Qué
se debe achicar?
El proyecto del gobierno en Córdoba no pretende achicar
los gastos de la política sino achicar los controles sobre
los actos de gobierno. El mismo día en que Ramón Mestre
y José Manuel de la Sota presentaron este proyecto por el
que se establece la caducidad de la Legislatura en el año
2001, se abría la única oferta para privatizar el
Banco de Córdoba: la del Banco General de Negocios principal
sindicado en el informe del Senado de Estados Unidos sobre lavado
de dinero, que es investigado por la Comisión Bicameral
que preside Elisa Carrió.
Hace un año y medio, Mestre y De la Sota firmaron un pacto
similar que permitió la sanción espuria y sospechada
de las leyes de privatización del Banco, la Empresa de Energía
y el juego.
Este nuevo pacto lo que en realidad garantiza es que De la Sota
continúe su gestión sin control legislativo: no se
recorta el gasto de la política, se recorta el control a
los actos de gobierno, eliminando la posibilidad de que haya fiscalización
y oposición en Córdoba.
Esto es lo que hay que definir con claridad. Este pacto canjea el
silencio mestristra ante las privatizaciones por el apoyo justicialista
al ajuste que quiere implementar Domingo Cavallo y que va a recaer
exclusivamente sobre los jubilados.
Esta reforma así planteada no es más que un placebo
social. Por detrás de la antipolítica
está la presión de los mercados, cuya preocupación
es que el ajuste permanente tenga aprobación automática.
Creemos que hay que recortar los gastos de la política para
que recupere su credibilidad y sea una herramienta de cambio, pero
no eliminarla como cesión a los mercados. Asistimos a un
fujimorazo que, en lugar de salir por decreto presidencial, surge
con el voto obediente de los legisladores de De la Sota y Mestre.
Este es un ensayo de lo que se pretende imponer a nivel nacional.
El proyecto delasotista busca la demolición de la representación
popular e instalar un modelo hegemónico. Nos dicen que la
política es el arte de lo posible, y lo posible
es someterse a la presión de los mercados.
La política es empezar de nuevo para cambiar. Y a veces,
para empezar de nuevo hay que nadar contra la corriente.
* Presidente del bloque del Frepaso en la Cámara de
Diputados de la provincia de Córdoba.
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