El Plan Colombia de supuesta
lucha antinarcóticos suscitó una multitud de polémicas
en América latina por la injerencia norteamericana que implica
en la región. Sin embargo, el primer freno al Plan Colombia, que
comenzó a implementarse a fines del año pasado, no vino
de ninguna instancia regional sino desde la misma Colombia. Y ni siquiera
del gobierno o de otras fuerzas políticas, sino de la Justicia.
Un juez colombiano ordenó ayer la suspensión temporal de
las fumigaciones de cultivos de cocales y amapolas que se realizan en
el marco del Plan Colombia para dejar sin ingresos a las guerrillas que
viven de la venta de la hoja de coca. Así lo informó la
ONG Paz Colombia, que presentó un recurso de tutela alegando que
las aspersiones sobre los cultivos ilícitos afectan también
la salud de los campesinos y a los cultivos legales.
El director de Paz Colombia, Jorge Rojas, anunció ayer que en un
veredicto de primera instancia, el juez municipal 15 del distrito civil
de Bogotá falló a favor del recurso que interpuso la organización.
El juez ordenó la suspensión de las fumigaciones, que comenzaron
el 14 de julio, con el herbicida glifosato en los departamentos de Cauca,
Nariño, Putumayo, Caquetá, Guanía y Guaviare, donde
hay cerca de 40.000 hectáreas de plantaciones de coca y amapola.
Según Rojas, el juez argumentó que se registraban graves
violaciones de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas
en todo el país. El presidente colombiano Andrés Pastrana
dijo que el gobierno estudia el fallo, pero advirtió que no
vamos a llegar a acuerdos con los narcotraficantes para suspender las
fumigaciones de los narcocultivos industriales. Precisamente, el
martes pasado, el delegado del Programa de la ONU para la Fiscalización
Internacional de Drogas para Colombia y Ecuador (UNDCP), el danés
Klaus Nylhom, había dicho, en coincidencia con algunas autoridades
colombianas, que los cultivos ilegales de los departamentos de Cauca y
de Nariño no son narcocultivos industriales y que son muy
modestos. Nylhom propuso que el UNDCP propuso un proyecto de observación
internacional neutral para fumigaciones en las pequeñas siembras
de coca y amapola. Además, esa zona, conocida como el Macizo Colombiano
está considerado por la UNESCO como Patrimonio Natural de
la Humanidad.
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