Por Julio Nudler
Mañana se alza el telón
sobre un nuevo acto del drama. Actores en escena: el Gobierno, que si
pese a todo consigue amanecer con la ley de Déficit Cero en la
mano, o al menos en camino, ejecutará el ajuste sin anestesia;
los políticos, incluyendo gobernadores y parlamentarios, que habrían
entregado lo reclamado y ahora exigirán que los prometidos efectos
benéficos aparezcan; los mercados, que deberían aflojar
la presión si son coherentes con las declaraciones de sus voceros,
esos economistas clonados que trabajan para bancos y fondos de inversión,
y vinieron demandando la eliminación del déficit; el público
local, que verá si se desembaraza del pánico e interrumpe
la corrida contra los depósitos bancarios (que en las últimas
tres semanas se llevó 6000 millones) y el frenético pasaje
de pesos a dólares; los sectores sociales más castigados,
que por el contrario pueden sentir más necesario que nunca resistir
las medidas con paros, marchas y piquetes; y los gendarmes económicos
y financieros del mundo, como el gobierno de Estados Unidos y el Fondo
Monetario, que evaluarán ante la nueva situación si merece
la pena ayudar a que Buenos Aires no caiga en el impago de su deuda. En
principio, para cuatro de estos seis actores (gobierno, mercados, ahorristas
y mandantes globales), el Déficit Cero es, si llega a aprobarse,
una buena noticia, ante la cual posiblemente reaccionen con cauta satisfacción,
descomprimiendo la hipertensión financiera.
Aunque el abrupto cierre de las cuentas del sector público no resuelva
sino un aspecto del problema, e incluso amenace con agravar otros, lo
que cuenta es la comparación con lo que sucedería mañana
con la cotización de los títulos argentinos y con las colas
ante las ventanillas bancarias de no aprobarse la nueva ley de ajuste.
La tenebrosa perspectiva de un lunes negro es, precisamente, la mayor
arma política con que contaron en las últimas horas los
impulsores de la poda. Una desenfrenada crisis de confianza sólo
permitiría esperar la ruptura de la convertibilidad, la devaluación
del peso (a través de una flotación de la paridad) y la
declaración de una moratoria unilateral de la deuda. Complementariamente,
medidas para auxiliar a los bancos, que incluirían alguna forma
de incautación, licuación o canje forzoso por bonos de los
depósitos en dólares. Sin embargo, Fernando de la Rúa
y Domingo Cavallo podrían intentar evitar todo este trauma disponiendo
la dolarización de la economía, como querían Carlos
Menem y Pedro Pou. Es probable que, si prefiriesen dejarle la decisión
al público, las reservas del BCRA no alcanzaran, al tipo de cambio
actual, para convertir a dólares todos los pesos existentes en
una dolarización espontánea, resuelta por los argentinos
antes que por sus gobernantes. Es obvio que una devaluación podría
remediar la insuficiencia de reservas al licuar la masa monetaria local,
además de reducir los salarios en dólares.
¿Toda esta aterradora perspectiva se reducirá a mera pesadilla
por la sanción del Déficit Cero? Incluso muchos partidarios
a ultranza de las políticas de ajuste dudan hoy sobre la eficacia
de esta medicina. Su aprensión surge de varias posibilidades:
Que este ajuste sobrevenga
troppo tardi, porque el deterioro argentino llegó ya demasiado
lejos y todo el mundo está convencido de que el país va
a quebrar.
Que agrave la depresión
y prolongue así una espiral descendente del gasto público
y la demanda, conduciendo a un caos social.
Que los mercados atenúen
su veredicto adverso, pero igualmente sigan cerrados para el país,
y se mantengan así más tiempo que el soportable para la
Argentina, que en algún momento deberá refinanciar el vencimiento
de un título. Por otra parte, si a pesar de su sacrificio fiscal
el país continuara sin recibir financiamiento, se debilitaría
el sostén de la política de ajuste.
Que la ya muy preocupante situación
de Brasil siga su propio curso de deterioro, y el vecino termine cayéndose
sobre la Argentina si antes no ocurre lo inverso.
Que los problemas del sector
externo argentino presionen sin tregua sobre el peso. Según acaba
de calcular la consultora Ecolatina, entre el comienzo de 1999, cuando
fue devaluado el real, y el segundo trimestre de 2001 la competitividad
de las exportaciones argentinas destinadas al mercado brasileño
descendió casi un 24 por ciento, y casi otro tanto menguó
la competitividad de la producción argentina para enfrentar en
el mercado interno a las importaciones provenientes de Brasil.
Las garantías verbales que reitera Cavallo, asegurando que no habrá
cesación de pagos, devaluación ni requisa de depósitos
dejaron de ser creídas hace ya varias semanas. La gente se fue
convenciendo de lo contrario, y así la huida se extendió
de los ahorristas más sofisticados a los más simples, mientras
que la precipitada mudanza de pesos a dólares, y la ampliación
de la brecha de tasas entre una y otra moneda, indican un creciente temor
cambiario.
John bueno vs Paul
malo
John Taylor, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, reiteró
ayer, en declaraciones de tono respaldatorio, que la Argentina puede
obtener desembolsos anticipados del Fondo Monetario Internacional
si los solicita. El colaborador del cáustico Paul ONeill,
quien hace poco fue lapidario respecto del país, ya se había
expresado de modo similar el martes, luego de atender al viceministro
de Economía argentino, Daniel Marx. Taylor habló con
la prensa mientras volaba de regreso a Washington desde Moscú
junto a su jefe, y mencionó a los periodistas que la Argentina
cumplió en el segundo trimestre las metas comprometidas en
el acuerdo con el FMI.
Es el correspondiente desembolso del blindaje el que podría
acelerarse, dadas las circunstancias. Las entregas de fondos por
parte del organismo multilateral son cruciales para que el país
pueda prescindir de los mercados de crédito voluntario, que
le tienen vedado el acceso. De esta manera, la plata prestada por
el FMI permite cumplir con los vencimientos de la deuda y evitar
la cesación de pagos. El megacanje, a su vez, contribuyó
a estirar los plazos. Pero con todo eso el país sucumbiría
a la falta de crédito si ésta se mantuviera durante
el año próximo.
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PARA
REACTIVAR TRAS EL AJUSTE
Pedirle más apoyo al FMI
Por J.N.
¿Qué ocurrirá
a partir de mañana si es sancionada la ley de Déficit Cero?
le preguntó Página/12 a Juan José Llach, quien
fue hasta 1996 secretario de Programación de Domingo Cavallo y
luego presidió el Ieral, de Fundación Mediterránea.
Es probable que se descomprima la situación, pero el riesgo
país no caerá drásticamente a la mitad, digamos
mientras no aparezcan señales de reactivación. En esta cuestión
crucial va a centrarse la atención. Será el segundo round.
Y para eso sería fundamental acompañar el ajuste con un
apoyo externo complementario, proporcionado por el Fondo Monetario.
¿Qué forma podría tomar?
El canal sería una ampliación del programa vigente,
para lo cual el FMI dispone de mecanismos, como la Contingency Credit
Line o la Supplementary Reserve. A Turquía le ofrecieron 15 mil
millones, que es cinco veces la cuota argentina en el Fondo, y creo que
podría ser algo parecido.
Pero el ánimo internacional no favorece hoy un rescate...
La catarata verbal estadounidense de la anteúltima semana,
con cinco altísimos funcionarios de Washington hablando un mismo
día de la Argentina como si fuéramos la peste, correspondió
a una maniobra para aislar a Brasil de un contagio. Pero si no hay claras
señales de que la crisis argentina se arregla, el problema brasileño
estará permanentemente sobre el tapete. Y yo sigo pensando que
al mundo desarrollado no le conviene, y mucho menos en estos momentos
de desaceleración, que la Argentina cese en sus pagos, por más
cordón sanitario que le tiendan alrededor.
¿No cuenta la postura antisalvataje de la Administración
Bush?
Llegado el momento, ese criterio puede ser modificado, sobre todo
si la Argentina muestra voluntad política.
¿Este nuevo ajuste no agravará la recesión?
Primero hay que decir que lo imponen las circunstancias. No hay
opción. Segundo, que el ajuste necesario para eliminar el déficit
es mucho menor que la retracción del gasto agregado (consumo, inversión)
provocada por las malas expectativas. Es cierto que los planes procompetitivos
mejoran la ecuación económica de varios sectores, pero su
efecto se diluye en medio de la desconfianza.
¿Hay medidas que deberían tomarse y no se han tomado?
Como política de coyuntura no hay mucho más que hacer,
pero creo relevante que el Gobierno le presente al país una agenda
de futuro, que incluya como temas mayores la reforma del Estado y una
estrategia más clara de inserción internacional del país,
de agresividad exportadora. Mostrar que se trabaja con un horizonte más
largo ayudaría a combatir esta sensación de que lo único
que hay es el ajuste, que la Argentina no tiene libreto. Hay que contrarrestar
este fenómeno de descontratación: la gente sacando
los depósitos de los bancos y los chicos planeando emigrar.
OPINION
Por Miguel Bonasso
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El costo de no
pensar
Con su triunfo en la consulta popular para eliminar el Senado provincial
y reducir el número total de legisladores, José Manuel
de la Sota afianzó sus posibilidades como presidenciable.
No lo dice solamente José Claudio Escribano en el diario
La Nación, sino la mayoría de los observadores, aun
los que están algo más alejados de la Asociación
Argentina de Bancos. Las chances del cordobés aumentan, también,
en relación directamente proporcional a las limaduras que
trabajan el perfil de su rival número 1, el bonaerense Carlos
Ruckauf, un gobernador que ya no se cotiza en pesos sino en patacones.
Aunque el ausentismo fue alto en el plebiscito (31,18 por ciento),
el voto afirmativo superior al 60 por ciento revela que los cordobeses
(argentinos al fin) han comprado el verso gerencial sobre el
alto costo de la política. Un slogan que los grandes
medios vienen fogoneando desde hace tiempo con el mismo fervor que
Bernardo Neustadt desplegaba en la infancia del menemismo en favor
de las privatizaciones.
Lo más grave de esta época es que nadie piensa,
escribía Martín Heidegger en Alemania y hace muchos
años, aunque sus palabras le van como un guante a buena parte
de la sociedad argentina del presente. Pensar significa separar
la paja del trigo y no correr como borregos tras los cantos de sirena
que conducen al matadero. Es verdad que a comienzos de los 90 el
viejo Estado nacional, saqueado entre otros por la patria
contratista, mostraba claros signos de ineficacia y debilidad, pero
eso no autorizaba a rematar los activos públicos y entregar
todo, incluido el petróleo (cuyas reservas corren el peligro
de ser agotadas en pocos años), al saqueo de un capital foráneo
y aventurero que, en vez de crear fuentes de trabajo, las cegaría.
Del mismo modo: nadie duda de que un alto porcentaje de la clase
política argentina ha gozado y goza aún de irritantes
privilegios en una época de malaria generalizada; que muchos
son corruptos y obsecuentes de los poderosos, pero eso no puede
llevarnos a minar el sistema democrático y republicano de
gobierno, con su división de poderes y funciones claramente
establecidas en nuestros sucesivos textos constitucionales. Valga
la tautología: el Parlamento parlamenta, aunque sus tiempos
de discusión impacienten a los mercados, al Regente Cavallo
o al propio Fernando Séptimo. Los jueces interpretan la ley
y administran justicia. Y está en sus funciones constitucionales
opinar acerca de lo que es constitucional o no. Aunque esté
acicateado por gerentes, banqueros y tecnócratas, el Poder
Ejecutivo no se puede pasar por la entrepierna que los diputados
fijen un piso de 1000 pesos para el recorte, argumentando que su
decreto que se clava en 500 vale mientras no haya ley. Tampoco es
válido ese mismo argumento para descalificar dos fallos del
fuero laboral que plantean la inconstitucionalidad del séptimo
decreto de ajuste.
Extremar la urgencia administrativa del Ejecutivo con
la repetida imagen del Titanic conduce a una dictadura.
Que ya no necesita vestir gorras anacrónicas sino la adaptación
vernácula de Fujimori, con un Montesinos incluido. Que es
lo que Raúl Alfonsín teme en privado y, según
su inveterada prudencia, no se anima a decir en público.
El costo de los banqueros, los gerentes y los tecnócratas,
con sus circuitos internacionales de lavado de dinero y su cadena
de endeudamiento, es mil veces más oneroso para la sociedad
argentina que el llamado costo de la política. Un estudio
que realizan José Nun y otros investigadores revelaría
que los gerentes de las grandes empresas perciben unos mil ochocientos
millones de dólares por año. La cifra debe ser suculentamente
mayor si se incorporan las ganancias de diversos banqueros, intermediarios
y empresarios, porque las estadísticas indican que el 80
por ciento de la riqueza nacional se concentra en el 25 por ciento
de la Población Económicamente Activa. Y el otro 20
que le queda al 75 por ciento de los argentinos tampoco está
distribuido de manera equitativa. Algún imbécil podrá
argumentar: Está bien, pero esos sueldos no los paga
el Estado, como si las fabulosas ganancias del oligopolio
telefónico para citar un solo ejemplo no las
pagara el conjunto de la sociedad con las tarifas más altas
del universo. En un reciente reportaje concedido a Página/12
el ex jefe de Gabinete de este gobierno, Rodolfo Terragno, comentaba
que aunque se cortaran de un tajo todos los sueldos políticos,
desde el que percibe el Presidente hasta el que cobra el último
concejal de Quemú-Quemú, el ahorro no representaría
ni el equivalente a los intereses de la deuda externa que se esfuman
cada 50 días. Terragno, vale la pena aclararlo, está
lejos de ser un piquetero intelectual y en esa misma entrevista
comete el desliz de elogiar a ciertas compañías extranjeras,
como Telefónica, porque crean trabajo. (Será
en Murcia, porque lo que es acá...)
Esto no lo sabe el electorado cordobés que apoyó a
De la Sota, afianzando el ascenso a nivel nacional de este político
que militó en su juventud en grupos de la derecha peronista
y fue el responsable del ingreso de Domingo Cavallo a la política
bajo la generosa bandera del justicialismo, un pabellón que
suele cubrir cualquier mercancía. Y es curioso, en verdad,
porque recientes encuestas parecerían demostrar que los ciudadanos
cordobeses repudian la privatización de las obras sociales
ejecutada por De la Sota, así como su actual decisión
de privatizar la empresa de energía. Es probable que un mismo
ciudadano lo aplauda por una medida y lo critique por otra. A ese
ciudadano conviene recordarle que el ingreso mayor que reciben algunos
políticos no es el que cobran en blanco por sus sueldos o
dietas, sino el que se paga como soborno para beneficiar a las petroleras
y exprimir a los trabajadores.
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