Por Horacio Verbitsky

La insistencia del Frepaso y del radicalismo por incluir condicionamientos a la ley del ajuste y la del gobierno por eludirlos coloca al sistema político en un estado de tensión extrema y de generalizada incertidumbre. También explica las incesantes reuniones de ayer y la sesión de hoy o mañana del Senado, para tratar el proyecto de ley que llegó en revisión de la Cámara de Diputados. Todos los partidos parecen haber adoptado la mágica consigna del déficit cero, que el presidente Fernando De la Rúa y el ministro de Economía Domingo Cavallo comparan con la fórmula de la convertibilidad, un peso igual a un dólar, sin reparar en que una ha conducido a la otra. Lo que falta es un acuerdo sobre su significado y cómo alcanzarlo.
La posibilidad de ofrecer los recursos o activos públicos como garantía del endeudamiento del Estado había sido solicitada por el Poder Ejecutivo en marzo de este año y negada por el Congreso una vez que la diputada Elisa Carrió amenazara con el anatema de traidores a la Patria a quienes la votaran. Pero cien días después el Poder Ejecutivo decretó aquello que el Congreso le negaba. La ley de delegación de facultades al Ejecutivo excluía en forma explícita rebajas de salarios y jubilaciones, pero el decreto 986 las impuso igual. La Cámara de Diputados garantizó luego que el recorte no afectaría a los jubilados con ingresos inferiores a los mil pesos mensuales. Pero los ministerios de Economía y de Trabajo informaron que eso dependía de la recaudación tributaria. Ya sea que el bloque radical en el Senado haga más explícita hoy o mañana la garantía, lo cual obligaría a una nueva lectura en Diputados, o que para evitar esa demora ratifique la votación de la otra cámara, el Ejecutivo no se detendrá. La doble condicionalidad cruzada no tiene un desenlace dudoso: aceptado el principio de caja el resto son palabras, cada día más devaluadas.

Infierno o purgatorio

Por primera vez el Frepaso votó en contra de una ley remitida por De la Rúa. El tucumano José Vitar fundamentó el voto adverso con mayor dureza que la presunta oposición justicialista. Sin embargo, la decisión de la mesa partidaria de facto, integrada por Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero y Aníbal Ibarra, fue permanecer en la realidad virtual “Alianza por el Trabajo la Justicia y la Educación”. Dicen que prefieren afirmar un perfil propio y, en todo caso, forzar a la expulsión, dada la mala recepción social que habría tenido la renuncia de Carlos Alvarez a la vicepresidencia. Parece una lectura autoindulgente. El alejamiento del licenciado Alvarez, porque le avergonzaba que la sociedad hubiera llegado a asociar “política con delito” y quería sentirse libre de “decir lo que siento” no provocó rechazo sino adhesión. El desdén vino después, por el incumplimiento de esa nueva promesa. Alvarez amagó con crear una ONG en el ciberespacio, aceptó una cátedra universitaria, operó para el acceso de Cavallo al poder y cuando no obtuvo la jefatura de gabinete que deseaba desertó de toda actividad política. Recién entonces sus índices de aversión pública crecieron hasta niveles elocuentes, sólo superados por los de Carlos Menem. En su repliegue influyó la resistencia de los cuadros del Frepaso a su propuesta de abandonar los cargos en el gobierno y pasar a la oposición. El horror de ser arrojados a lo que Eduardo Basualdo llamó “el infierno de la desocupación o, en el mejor de los casos, el purgatorio de los bajos ingresos y la superexplotación” que aguardan a quienes rompen con el pensamiento único, ha llegado a ser la causa central de la decisión de permanencia. Esto indica hasta qué punto la desocupación no sólo disciplina al conjunto de los trabajadores manuales e intelectuales, sino incluso al personal del sistema político. “¿Y si me voy de aquí cómo mantengo a mis hijos?” preguntó una patética secretaria de Estado del Frepaso luego de la renuncia de Alvarez.

Mejor que decir

Cafiero denunció que los fondos de su ministerio habían sido recortados pero sólo lo compensó con palabras. Ante los ministros provinciales de Desarrollo Social recuperó el discurso contestatario. Dijo que una sociedad que “admite que hay que cumplir con los acreedores externos y postergar a jubilados y empleados” ha sido “ganada por el pánico y no se puede aceptar este grado de extorsión”, a todos los ministros “se les parte el corazón” cuando tienen que “decidir qué pobres son más pobres que otros”, “el verdadero riesgo país, es el riesgo social”, “lo social debe estar blindado” y “este sector no se arrodilla, no se cruza de brazos ni renuncia a decir que lo social es prioritario”.
Cuando Alvarez impulsó el acceso de Domingo Cavallo al gobierno nacional, Ibarra dejó constancia de su desagrado. Luego del anuncio presidencial acerca de la merma en jubilaciones y sueldos estatales, anunció que no la aplicaría en su distrito. A diferencia de lo que ocurre en la Nación, la Alianza porteña mantiene un razonable nivel de acuerdos. Pero a dos meses y medio de las elecciones generales de octubre nada de eso parece suficiente. Una campaña electoral obliga a definir posiciones sin ambigüedad, sobre todo para alguien sin práctica en el doble discurso con la responsabilidad del único gobierno provincial de su partido. Intentó superar su dilema ofreciendo encabezar las listas de la Alianza a los diputados Elisa Carrió y Alfredo Bravo, de Argentinos por una República de Iguales (ARI). Pero, como era de imaginar, declinaron la invitación. La chaqueña ya había desechado una propuesta de acercamiento de Raúl Alfonsín y Federico Storani. La parábola del licenciado Alvarez indica que un partido que crece con la denuncia de los vicios de la vieja política paga un precio de usura si termina aliado con quienes la personifican. Por ello no está dispuesta a las transacciones que le ofrecen desde esos sectores.
Se planteó entonces la hipótesis opuesta: que Ibarra acentuara su distanciamiento del gobierno nacional y se acercara al ARI. La decisión de Liliana Cherniajowsky de desembarcar de la Alianza acusando a De la Rúa de traición no fue instigada por Carlos Alvarez, sino por su hartazgo personal. En cambio, la posición coincidente de Ariel Schiffrin fue acordada con Ibarra, quien advierte que debe tomar alguna decisión de fondo, a riesgo de que su fuerza se disgregue como el bloque legislativo nacional. Carrió prevé arrastrar tras de sí a los votantes radicales bonaerenses, sin pactar con su desprestigiada dirigencia. Pero en la Capital Ibarra ha hecho un gobierno coherente con los postulados originales de la Alianza y conserva porcentajes razonables de adhesión. Carrió ha tenido contactos tanto con Chiernajowsky cuanto con Ibarra y no tiene objeciones personales hacia ninguno de ellos ni respecto del Frepaso porteño. Aceptaría a Liliana, pero no al ex vicepresidente, cuya responsabilidad en la actual situación es imposible de disimular. Recibiría a Ibarra, pero no a la Alianza como tal y mucho menos sin una explícita ruptura previa con el gobierno nacional. De privilegiar el mantenimiento de la Alianza porteña Ibarra quedaría identificado con una política nacional que no comparte y podría sufrir una dura derrota en su propio distrito, si es que Carrió decide presentar su candidatura.

Mala semilla

Bernard Aronson, quien fue secretario de asuntos interamericanos de los ex presidentes Ronald Reagan y Daddy Bush, dijo a CNN que la Argentina debía encarar las reformas estatales de segunda generación, el discurso standard de los organismos financieros internacionales. Pero el criterio de caja del Poder Ejecutivo es incompatible con una reforma racional del Estado. Peor aún, la torna improbable, al desmantelar el plantel de cuadrosnecesarios para su buen funcionamiento y vedar cualquier política de premios y castigos, que naturalmente es selectiva. Es probable que el banquero Chrystian Colombo encuentre atractivo su cargo pese a la poda salarial que lo dejó en 5.900 pesos mensuales. Pero ello no se aplica a los técnicos con aptitudes destacadas para sus funciones y que sólo vivan de su sueldo, salvo que se busque invitarlos a obtener sus ingresos de algún sector de poder económico. Peor aún, la consigna machacona de reducción del gasto estatal da lugar a arbitrariedades mucho más costosas que los gastos que se procuran reducir. Marcos Makón, hijo de la extraña pareja política Cavallo-Alvarez, dispuso suprimir los directorios de una serie de entes, empresas y organismos estatales. El ahorro total será de 27 millones de dólares anuales, es decir una quinta o sexta parte de lo que se dilapidó en comisiones por el megacanje. Pero además, el primer directorio disuelto fue el del Instituto de la Semilla, cuyas funciones de control fastidiaban a las multinacionales del sector. Sus integrantes se desempeñaban ad honorem.
Otro ejemplo flagrante de arbitrariedad se produjo en Neuquén, donde el diputado provincial Carlos Moraña denunció que el convenio que prorrogó hasta 2017 la concesión del yacimiento de gas Loma de la Lata, eximió a la petrolera española Repsol-YPF del pago de 112 millones de dólares de impuesto a los sellos. El jefe de Gabinete José Brillo explicó que no correspondía cobrarlo porque no se había firmado un contrato “sino un programa de inversión”, aunque la ley vigente grava con ese impuesto en forma explícita las prórrogas de concesiones. En cambio el gobernador Jorge Sobisch dijo que el impuesto del 14 por mil se cobraría sobre los diversos contratos que concretarían la anunciada inversión de 8.000 millones de dólares. Pero el convenio firmado por Sobisch, Machinea y el presidente de Repsol, Alfonso Cortina exime del pago a todos los actos y contratos que concreten la inversión. Es posible que Sobisch pueda cubrir su responsabilidad penal con el artículo del Código Fiscal que le permite dispensar el pago del impuesto de sellos. Pero ni el jefe neuquino ni el gobierno nacional pueden justificar con alguna invocación a la competitividad de la economía este trato de excepción a uno de los sectores más rentables, mientras se discute si la guadaña segará haberes previsionales a partir de 300 o de 500 pesos mensuales.

Aíto y Paola

Entre los empleos públicos encogidos se informó que estaba también el de Fernando De la Rúa (h), cuya retribución en el programa Educ.ar se redujo de 5.000 a 4.000 pesos mensuales. Lejos de proyectar una imagen de austeridad republicana, la medida refuerza la evidencia sobre el nepotismo del episodio. Cinco mil pesos mensuales pueden ser pocos para un especialista reconocido que sea necesario en un programa útil y bien estudiado. Pero cuatro mil son muchos para un abogado dudoso, sin formación específica en el programa a su cargo. Los contribuyentes deben pagar así el capricho de un hijo de papá. La tan alardeada donación de un empresario argentino radicado en Madrid es una porción insignificante del costo de Educ.ar, cuyo financiamiento requiere del aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, que agrandará en centenares de millones de dólares el endeudamiento al que no hay recursos para hacer frente. Según los trabajadores de las Secretarías de Industria, Comercio e Inversiones, que el viernes les organizaron un escrache, la gestión De la Rúa triplicó la cantidad de secretarías y duplicó la de subsecretarías, lo que no incrementó el número de trabajadores, pero decuplicó el de asesores de gabinete, que cobran más de dos millones y medio de dólares. La nueva subsecretaría de Economías Regionales fue creada sin personal ni estructura, pero con un equipo de diez asesores, a cargo de la amiga presidencial Paola Cocciaglia. En la remodelación de sus nuevas oficinas sólo gastó diez mil dólares, cincuenta veces menos que el Infante Aíto. Cuestión de jerarquías entre los autodenominados defensores de la investidura presidencial.

El suicidio de la política

El vértigo por mostrarse reduciendo gastos ha desatado una carrera oportunista. En Córdoba, radicales y justicialistas compiten por demostrar quién flagela con más saña a la denostada clase política. La consulta electoral convocada por el gobernador José De la Sota propiciaba una reforma de la Constitución con una única pregunta, respecto de la reducción del número de legisladores provinciales. Lo que no se dijo durante la campaña electoral es que el proyecto de reforma también incluye otros artículos menos efectistas pero más significativos, como el embargo de las viviendas de quienes no puedan pagar las facturas de servicios esenciales. Además el plebiscito sirvió para dar cobertura política a la privatización del banco de Córdoba, que De la Sota se propone entregar al Banco General de Negocios de los hermanos Rohm antes de que la comisión investigadora sobre el lavado de dinero presente su informe.
La compulsión jibarizadora no reconoce fronteras partidarias. La semana pasada el ex presidente de la UCR, Rodolfo Terragno, demistificó la epopeya del suicidio de la política. Explicó que si De la Rúa se convirtiera en dictador y cerrara el Congreso, todas las legislaturas y concejos deliberantes del país, el ahorro sólo pagaría 56 días de intereses de la deuda pública. Sin embargo, esta semana se lanzó a la misma carrera ciega, al anunciar que si es electo senador no cobrará remuneración alguna y para mantenerse trabajará como docente y periodista fuera de horario legislativo. Como Terragno es un excelente periodista tal vez consiga que algún medio le pague lo suficiente para vivir por un trabajo en sus ratos perdidos. Pero nadie que conozca los universales kantianos puede ignorar las consecuencias que tendría la generalización de semejante propuesta. La política volvería a ser una ocupación para ricos, que se ahorrarían el esfuerzo de cooptar a los partidos para que defiendan sus intereses.

El detalle que faltaba

Los voceros del pensamiento único suelen demostrar con ejemplos internacionales la bondad de las políticas de ajuste y reducción del gasto estatal. Tres países fueron postulados como modelos a imitar: Nueva Zelanda, que llevó a cabo un programa radical de privatizaciones y de desprotección laboral, Irlanda y Suecia, que luego de reducir salarios gozaron de un crecimiento espectacular. Las citas no fueron demasiado rigurosas, según explica el sociólogo José Nun. En el caso neocelandés, su nuevo gobierno proclamó el total fracaso del neoliberalismo y encaró la renacionalización de empresas y la creación de un Banco Popular que dará créditos a tasas de interés entre 20 y 30 por ciento más bajas que las de los bancos comerciales. En el de Suecia, sigue Nun, sólo se omitieron tres detalles: “El fenomenal estado de bienestar que no sólo se mantuvo sino que se empeñó en políticas activas para combatir el desempleo, sin perjuicio de la protección a los desempleados mismos; el incremento de los impuestos al capital para reducir el déficit fiscal, y una fuerte devaluación de la moneda”. La semana pasada visitó el país el primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern, considerado artífice del prodigioso crecimiento de su economía. La propaganda neoliberal atribuyó el éxito a la reducción salarial con la que comenzó su plan. Pero el propio Ahern explicó en un reportaje publicado en “Enfoques” días antes de llegar a Buenos Aires que para poner un país en marcha “hay que empezar por la educación, que es vital para dar mano de obra calificada” y “desarrollar la industria. Es gracias a todo esto que nosotros somos ahora el principal exportador de software del mundo”.
No sólo se miente sobre los países lejanos. Contra el saber convencional, el gasto del Estado argentino es bajo en proporción al Producto Interno Bruto y durante la década pasada aumentó muy poco: osciló entre un superávit del uno y un déficit del uno y medio por ciento anuales. Los recursos que el Estado extrae de la sociedad distan de ser exagerados y además se redujeron un cinco por ciento en el mismo período, gracias a la disminución de la carga impositiva sobre los sectores más pudientes. En cambio, los intereses de la deuda pública crecieron un 70 por ciento. Sin esa cuota de intereses, el gasto público corriente del Estado Nacional se redujo del 17,6 al 17,5 por ciento del PIB. El problema que el gobierno y el pensamiento neoliberal no enfrentan es que el modelo Menem-Cavallo-De la Rúa es un subibaja que genera endeudamiento o recesión. La idea del recorte del gasto fue cuestionada incluso por alguien tan alejado del imaginario piquetero como la encargada de la sección Riesgo Soberano de la calificadora “Standard & Poor”, Graciana del Castillo. Invitada al encuentro de econometristas que se realizó en la Universidad San Andrés (donde estudiaron los hijos de Cavallo), la evaluadora confesó su preocupación por la cuestión social. “Hay poco margen para achicar gastos con este nivel de desempleo. Tendrían que trabajar más por el lado de la recaudación”, dijo.

No sólo Menem lo hizo

Un masivo paro general la semana pasada y medio centenar de rutas cortadas pasado mañana, hablan de la inviabilidad social de la política de achique, de cuya lógica económica da cuentas la recaudación de julio, que sería 6 por ciento inferior a la de 2000. La respuesta oficial al paro fue una serie de avisos en televisión que repiten la estética y la ideología de los años de la dictadura militar. En uno, dos grupos de personas cinchan de una soga; en otro, pulsean un hombre con mameluco y otro de camisa y corbata. La locución informa, sobre imágenes de la bandera, que “la Argentina de las luchas internas está agotada”, que “en la unión está la fuerza” y que “[la] Argentina necesita de los argentinos”. El tercero afirma sobre la melodía del Himno que el país “necesita ponerse de pie, no parar”. Determinar cómo se produjeron llevó diez días de insistentes consultas con tres reparticiones distintas del Poder Ejecutivo. Cada una derivaba la responsabilidad en las otras y sus funcionarios nunca estaban disponibles. Según la Secretaría General de la Presidencia, que firma los spots, la creatividad y la gráfica le pertenecen a su personal (cosa que se nota) y el espacio en los medios no tuvo costo para el Estado porque se hizo en compensación por multas impagas al Comité Federal de Radifodifusión. Para ello se invocaron los decretos 1201 y 644, firmados por Carlos Menem en 1998 y 1999, los mismos que avalaron la inolvidable campaña “Menem lo hizo”. Ambos fueron actualizados en junio por el decreto 762/01. El pretendido costo cero es otra falacia, ya que el Estado resigna los fondos que los canales deberían pagarle. Además, los adefesios fueron producidos por las empresas 4K, Bohn, Cinecom, TyC, Buenos Aires On Line y Girola, que no están encuadradas en los decretos menemistas y cobran a precios de mercado sus servicios.
El gobierno cree haber hecho un descubrimiento sensacional. Los piqueteros tienen proyectos políticos, acusa, como si eso estuviera prohibido o los descalificase. Enrique Martínez les propuso que presentaran candidaturas en General Mosconi; Patricia Bullrich fantasea sindicalizarlos; Baylac los llamó sediciosos, aunque luego Bullrich y Ramón Mestre fueron más cuidadosos de sus palabras. Lo sucedido en Génova durante la reunión del G-8, donde provocadores vestidos como los miembros del Black Block trabajaron codo a codo con una policía que aún añora a Benito Mussolini, contiene una advertencia más digna de atención que las bravatas oficiales. La prevención respecto de los encapuchados pirómanos que aparecieron en un par de movilizaciones recientes y el anuncio de Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete de que los cortes contemplarán vías alternativas para el tránsito sugiere que la han tomado en cuenta. La masividad de la protesta es su mejor promesa de éxito y garantía de seguridad.

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